Los jueces de paz resisten, el mediador respetado en los pueblos de Soria

De tanto en tanto, un grupo de chavales llamaban a la puerta de una casa y salían corriendo como cohetes para no ser descubiertos. Lo hacían por la noche, con evidente propósito de molestar, y de forma recurrente. El somnoliento vecino se hartó de abrir y no ver a nadie, cansado de gritar improperios a la nada, pidió ayuda. A quién mejor que al juez de paz de su pueblo, para que hiciera honor a su nombre. «Me enteré de lo que pasaba y quienes eran y les llamé al orden, si tengo que abrir diligencias os van a amonestar, les dije. Lo importante es conocer a la gente y saber cómo actuar con cada uno», resume en pocas palabras el quehacer de su cargo uno de los jueces de paz que mantienen la institución viva en la provincia.

La condición básica es aplicar «tranquilidad y buenas palabras», explica Carlos García, tres años como juez de paz pero décadas de experiencia vital.

Esta figura constituye una autoridad local, sin ser profesional de las leyes, que dedica su cargo a resolver pequeños conflictos entre los vecinos, actuando de mediador y conciliador, además de gestionar registros civiles. Últimamente su misión se está reduciendo a firmar los certificados de defunciones, los que más, y nacimientos, los que menos, que les aportan los secretarios de los ayuntamientos, así como algún exhorto o solicitud de órganos judiciales. «Firmé alguna partida de nacimiento de gente de Argentina con ancestros españoles, para que pudieran obtener la nacionalidad. Poco más», recuerda Carlos, quien reconoce que no es un cargo difícil, apenas da trabajo, quizá algo de incordio, como mucho, si tienes que dejar el pueblo por algo, «hay que comunicarlo y que se quede el sustituto».

Ahora que llegan las elecciones, los jueces de paz también se encargan de recoger los votos emitidos en sus pueblos y llevarlos custodiados hasta el partido judicial correspondiente, bien Soria, Almazán o El Burgo de Osma.

Los jueces de paz de la provincia resolvieron 1.199 asuntos civiles y 856 penales en el año 2024, el último del que consta estadísticas en el Consejo General del Poder Judicial, órgano del que dependen. Las cifras son similares a las del año anterior, con un ligero aumento, 1.167 resolvieron en civil y 816 en penal el año precedente.

Juicios verbales en civil no tuvieron que resolver en 2024, pero celebraron una veintena de actos de conciliación, ejecutaron 963 exhortos civiles y otros 216 asuntos de distinta naturaleza. En jurisdicción penal, fueron básicamente todos exhortos, 853, y sólo tres del resto de materias. A tenor de los asuntos que ingresan, la resolución es totalmente efectiva pues resuelven esos y aquellos que se hayan quedado pendientes de otras anualidades. Como ejemplo, en 2014 entraron 1.184 en civil y dieron respuesta a 1.199, y lo mismo en penal, de 847 ingresados a 856 solventados.

Uno de los jueces de paz ya veteranos en la provincia, con tres legislaturas y 12 años de experiencia en el cargo, sostiene que esta figura «acabará por desaparecer» a corto plazo, la razón, «no tienen mucho sentido», en un mundo donde las telecomunicaciones y la digitalización resuelven de forma eficaz cuestiones que antaño eran fundamentales, como puede ser un registro civil, ahora ya todo digital.

El cargo supone una compensación económica de 280 euros al trimestre, «para lo que hay que hacer, está bien», reconoce, con un plus aparte por el servicio en las elecciones. «Antes era gente mayor, pero se añaden cuestiones como que ya no tienen carné de conducir», explica este juez veterano pero que ronda la cincuentena.

En su haber en el cargo, «las típicas rencillas de los pueblos», muchas veces por los lindes de las tierras, unos metros más o menos, y también por «los piques entre los vecinos que provienen de épocas de los abuelos y que incluso se llegan a pegar», confiesa. Su labor es intentar llegar a una conciliación. «Se junta a las dos partes, pero no suelen llegar nunca a acuerdo y al final pasa al juzgado», explica sobre un proceso de mediación que es obligado antes de recurrir a la justicia ordinaria.

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, entró en vigor en Soria el 31 de diciembre pasado, con un nuevo elemento, las Oficinas de Justicia en el Municipio, OJM. Éstas «asumirán las competencias de los Juzgados de Paz, ampliando además sus servicios para proporcionar una atención completa a los ciudadanos en todos los puntos del territorio nacional», indican desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. No obstante, la figura del juez de paz no desaparece, de hecho apenas nota el cambio en sus funciones.

La llegada de las OJM refuerza el papel de las antiguas agrupaciones de paz, puntos en cabeceras de comarcas con funcionarios de Justicia donde se podían gestionar algunos asuntos sin tener que acudir a la capital, Almazán o El Burgo. Estas nuevas oficinas están mejor dotadas tecnológicamente y con un mayor catálogo de funciones, desde un sistema de videoconferencia hasta gestiones que de otro modo obligarían al administrado a desplazarse a la cabecera del partido judicial. Incluso podrán gestionar el registro Clave, para acceder telemáticamente a los órganos oficiales.

Las dependientes de Soria se encuentran en Ágreda, Gómara, Almarza, San Pedro Manrique y Covaleda. A Almazán corresponden las OJM de Berlanga de Duero, Medinaceli y Morón de Almazán, mientras que de El Burgo de Osma son las de San Esteban de Gormaz y San Leonardo de Yagüe. «Se trata de acercar la justicia a los pueblos, sin que tengan que desplazarse», resume el secretario coordinador provincial, Pedro de Miguel.

Los dos funcionarios que atienden las OJM han pasado por un proceso de formación, explica De Miguel, y la previsión es que, «en un futuro no muy lejano», tras una evaluación de cargo de trabajo que llevará a cabo el Ministerio de Justicia, realicen también funciones de refuerzo al Tribunal de Instancia. «Se les podrá encomendar que colaboren en la tramitación de asuntos, por los medios tecnológicos lo permiten y pueden realizar trabajo deslocalizado, como teletrabajo», añade el secretario coordinador, gracias al expediente digital electrónico. El fin es «aprovechar el capital humano y que puedan echar una mano, porque los juzgados están sobresaturados con un aumento de la litigiosidad».

Son tiempos de cambio en la Justicia, pero la figura del juez de paz, ese mediador sabio que merece el respeto de sus convecinos y que parece de épocas pasadas, mantiene el tipo. Allí donde haya un conflicto vecinal, seguirá estando como conciliador.