El alcalde de Soria elude responder sobre el chivatazo de la operación ‘Fuentona’

Diez días después del inicio de la ‘Operación Fuentona’ con el registro de 11 horas en el Ayuntamiento de Soria y dos meses después de asumir el cargo de alcalde, el regidor de la capital soriana, Javier Antón Cacho, ofreció su primera rueda de prensa y se sometió a las preguntas de la prensa pero no quiso salirse del guión ni quiso responder a la mayoría de las preguntas relacionadas con la intervención de la Unidad Orgánica de la Guardia Civil el día 23 de junio en dependencias municipales, un día antes de las fiestas de San Juan, que se saldó con siete detenciones, una de ellas la concejal Yolanda Santos, y cargos muy graves de imputación.

Antón eludió responder a preguntas de este medio sobre si había hablado con alguna persona de la atípica notificación judicial de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia, Plaza número 3, que avisaba de un registro en las dependencias municipales. La respuesta fácil hubiera sido que no lo hizo, que no habló con nadie de un oficio judicial que le obliga a guardar silencio, pero no lo hizo. El alcalde no quiso contestar nada sobre si esa notificación judicial la puso en conocimiento de alguien de su gabinete, de algún concejal o del ex alcalde Carlos Martínez: «Nos remitimos al secreto del sumario».

El secreto de sumario al que se refiere el alcalde no impide responder a al pregunta sobre si habló con alguien del oficio del juzgado, lo que serviría para zanjar cualquier duda sobre la comisión de un delito de revelación de secretos.

De esta forma, se mantienen las incógnitas sobre qué sucedió con esa notificación y cuántas y qué personas pudieron conocerlo antes de que la Guardia Civil entrara aquella mañana del 23 de junio al Ayuntamiento de Soria, y permaneciera allí durante 11 largas horas, revisando departamentos e incluso manteniendo un encuentro con el propio alcalde, quien también se encontraba en el Consistorio.

Consciente de que los temas municipales iban a ser prácticamente residuales durante la rueda de prensa y tras la lectura de los contenidos pertenecientes a la Junta de Gobierno Local, el regidor se anticipó a las preguntas de los informadores para hacer una breve valoración sobre el caso de corrupción más grave en la historia del Ayuntamiento de Soria, y que ha puesto en jaque años de gestión del ex alcalde Carlos Martínez Mínguez, quien teóricamente mantenía un control férreo de la gestión diaria municipal.

El equipo de gobierno se mantiene en shock y tras la celebración de las fiestas grandes de la ciudad, por delante queda un panorama muy complicado al albur de lo que vaya saliendo sobre este caso. El juez decretó un mes de secreto de sumario para proteger las investigaciones, según c0nfirmaron fuentes judiciales, y no se descarta que pueda prorrogarse.

Con tan espinoso y peliguado asunto de corrupción, Antón señaló que «desde el primer minuto hemos colaborado con la justicia, respetado las notificaciones, (sobre la vorágine de chivatazos del oficio judicial), y respetado el secreto del sumario» Y de ahí resultó inamovible.

Hizo referencia al comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que él interpreta como que «ahí se explica el proceso» e incluso destacó «la gran colaboración del Ayuntamiento» en este sentido, y que «a partir de ahí no podemos hacer especulaciones».

Tampoco quiso hablar sobre si ese ficticio mensaje de «tranquilidad que lanzaba el Ayuntamiento era coherente con un registro de 11 horas de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria y siete detenidos, con cargos muy graves», según preguntas de la prensa. No conocía tampoco la declaración de incompatibilidades, actividades o intereses de la concejala Yolanda Santos y si las hizo constar con referencia a su relación con la empresa Biosfera, que investiga la Policía Judicial. Y la guinda: sobre la petición del PP de información sobre esta empresa a finales de 2022 señaló: «Que la vuelvan a pedir, transparencia». El resto se amparó en el secreto del sumario y en la «colaboración del Ayuntamiento con la Justicia». Y es que el ‘caso Fuentona’ tiene una doble vertiente ya que hay que recordar que Vox presentó una querella en el juzgado sobre el chivatazo judicial y el PP anuncio que también lo haría.

Sí reconoció, sin embargo, que «sorprende y afecta» todo lo que ha pasado alrededor del Ayuntamiento de Soria con ese registro y el rosario de detenciones, pero defendió que «el Ayuntamiento mantiene su vida normal, los departamentos funcionan, estamos animados y tenemos mucho trabajo que hacer». «No sabemos qué buscaban y todo esto parece que vino por la denuncia de un empresario del sector».

En cuanto a la personación en la causa por parte del Ayuntamiento, Antón reconoció que «todavía no lo estamos» porque se encuentran esperando al resultado de las investigaciones. Fue otro de los argumentos continuados de Antón, que de momento no se conoce el contenido de las investigaciones y en qué medida afectarán al Ayuntamiento de Soria, a su equipo de gobierno y al anterior.

Sobre qué concejal sustituirá a Santos en la Corporación Municipal, el alcalde dijo sobre la número 16 en la lista socialista a la capital, Estela Vallejo, que «está estudiando las posibles incompatibilidades» antes de aceptar el cargo.

En sus declaraciones de bienes correspondientes a sus dos etapas como concejal del Ayuntamiento de Soria, 2019 a 2023 y 2023 a 2027, la última en la faceta delegada de Turismo y Medio Ambiente, Yolanda Santos no hizo constar nada en ningún apartado referente a «actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos», ya sea por actividades u ocupaciones profesionales, mercantiles o industriales, puestos, cargos o actividades en cualesquiera entidades, organismos, empresas o entidades privadas.

Tampoco sobre «intereses privados que afecten o estén en relación con el ámbito de competencias de la Corporación» o «causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos». El importe de la liquidación del IRPF es -783,12 euros. La edil declaró sobre bienes patrimoniales dos viviendas en Soria. La primera adquirida en 1995 con un valor catastral de 53.466 euros, del que posee el 4,17% de participación. La segunda, del mismo año, con idéntico valor catastral con el 8,33% de participación.