El Palacio de los Hurtado de Mendoza: la Junta de Castilla y León exige un ultimátum urgente tras los graves colapsos
Las normativas de patrimonio contemplan multas severas y obras subsidiarias de emergencia si los dueños no frenan los movimientos estructurales
Los restos esparcidos a decenas de metros tras un gran boquete en el Palacio
La situación del emblemático Palacio de los Hurtado de Mendoza, situado en la villa soriana de Almazán, ha llegado a un punto crítico después de que la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León haya lanzado un requerimiento firme y un ultimátum a los titulares del inmueble. El reciente y alarmante derrumbe parcial del histórico Palacio ha llevado a la Junta a endurecer su postura y exigir responsabilidades directas a la propiedad.
Tras los graves desprendimientos que han afectado de lleno a la crujía norte, a varios arcos de su valiosa galería porticada y a la estabilidad general del torreón principal, la administración autonómica ha recordado de forma contundente a los propietarios privados y al propio Ayuntamiento de Almazán que recae sobre ellos la responsabilidad legal exclusiva de conservación, custodia y mantenimiento del edificio, el cual se encuentra protegido oficialmente como Bien de Interés Cultural (BIC) desde el año 1991.
El aviso oficial exige un apuntalamiento inmediato y la puesta en marcha de actuaciones urgentes de estabilización para frenar los severos movimientos estructurales que amenazan permanentemente con provocar nuevos desplomes en cadena.
De acuerdo estrictamente con la legislación vigente en materia de patrimonio histórico, si los dueños hacen caso omiso a estas advertencias y el monumento sufre daños mayores por una manifiesta dejadez de funciones, las consecuencias económicas y judiciales son totalmente implacables.
La normativa contempla con claridad que la administración competente puede ejecutar de forma subsidiaria obras de emergencia para asegurar el inmueble, pero repercutirá posteriormente de manera íntegra todos los costes a los titulares.
Asimismo, los propietarios se exponen a la apertura de expedientes sancionadores con multas muy elevadas y a la firme obligación de sufragar de su propio bolsillo la reconstrucción completa y fiel de todas las zonas derruidas para devolver a este magnífico palacio renacentista su aspecto original.
Urgencia institucional y el debate político sobre la tutela del monumento
Ante el riesgo evidente e inminente de que el deterioro avance sin freno y termine por sepultar este valioso exponente de la arquitectura civil castellana, la Junta de Castilla y León supervisa estrechamente sobre el terreno las actuaciones técnicas de emergencia. Sin embargo, la creciente presión social impulsada por los vecinos, diversos colectivos culturales locales y formaciones políticas como Soria ¡YA! sitúa el foco central en la necesidad urgente de ir mucho más allá de un simple ultimátum dirigido a particulares con recursos limitados.
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En las propias Cortes de Castilla y León se debate con gran intensidad si el Ayuntamiento de Almazán y el gobierno autonómico deberían dar de una vez un paso valiente y decidido hacia la titularidad pública del monumento mediante su compra o expropiación.
De este modo, evitarían que un legado histórico de valor incalculable, estrechamente vinculado al paso de los Reyes Católicos, quede eternamente a merced de la escasa capacidad financiera o el desinterés de la gestión privada. Mientras los plazos temporales fijados por Patrimonio continúan su curso implacable, el destino de esta joya arquitectónica adnamantina sigue completamente en el aire.
