Los arquitectos piden más medios para resolver licencias urbanísticas en Soria
La presidenta del Colegio indica que la construcción de viviendas se enfrenta también a obstáculos como la falta de profesionales en el sector y el incremento de los costes
Construcción de vivienda.
La necesidad de vivienda en España para satisfacer la demanda es patente y Soria no es ajena a esta circunstancia. Para construirla han de cumplirse unos factores que hoy por hoy no se están dando. La presidente de la Demarcación de Soria del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este (COACYLE), Valentina Liso, destaca que existen «dificultades» en varios de los eslabones de la cadena para materializar una vivienda: «Cada vez cuesta más encontrar determinados oficios cualificados, como fontaneros, electricistas e instaladores. Al mismo tiempo, los costes de construcción han aumentado, y los retrasos en la concesión de licencias pueden bloquear promociones durante meses».
En este último caso, insiste en que actualmente los plazos de concesión de licencias urbanísticas constituyen un obstáculo que es necesario abordar. Los arquitectos evidencian que los plazos de tres meses para obras mayores y uno para las menores no se cumplen. «Cuando la licencia se demora durante meses e incluso más tiempo, la construcción no puede comenzar», afirma Lis. En ese sentido, añade, «es necesario revisar los procedimientos y dotar a los servicios municipales de medios suficientes para resolver los expedientes con rigor y dentro de los plazas necesarios».
Los técnicos municipales en Soria tienen «mucho trabajo», y el problema pasa por la falta de personal, lo que motiva que no se cumplan los plazos de respuesta para otorgar una licencia tal y como marca la ley.
Según indica Liso, «mientras una promoción permanece pendiente de autorización, el suelo y los recursos invertidos siguen teniendo un coste. Pueden aumentar los precios de los materiales, los gastos financieros y otros costes de la operación. Además, la falta de licencia puede dificultar el acceso a la financiación bancaria necesaria para iniciar la obra. Una demora administrativa puede convertir una promoción inicialmente viable en una operación económicamente inviable».
Desde el sector indican que el promotor de viviendas necesita conocer cuándo podrá iniciar la construcción para cerrar la financiación, contratar a la empresa constructora que se va a encargar de la ejecución y planificar ésta. «Si no puede prever cuánto tardará la tramitación, aumenta el riesgo y se dificulta la toma de decisiones», señala la presidente del Colegio Oficial de Arquitectos en Soria, poniendo el matiz de que esta situación afecta tanto a la iniciativa privada como a las promociones impulsadas por las propias administraciones públicas.
En ese sentido, deja claro que agilizar las licencias no significa reducir las garantías técnicas. «La seguridad, la accesibilidad, la calidad arquitectónica y la eficiencia energética deben mantenerse. Lo que necesitamos son procedimientos coordinados, criterios claros, menos duplicidades y recursos suficientes para tramitar los expedientes. La Administración debe controlar el cumplimiento de la normativa, pero ese control tiene que ser compatible con una gestión eficiente».
En definitiva, para que una vivienda llegue a construirse se necesita suelo disponible y urbanizado, promotores capaces de desarrollar la operación, arquitectos y técnicos que redacten los proyectos, financiación, empresas constructoras y trabajadores cualificados. «También necesitamos una Administración que tramite con eficacia».
Ante todos los factores implicados, desde el Colegio de Arquitectos apuntan que la solución exige actuar simultáneamente sobre los costes, la formación de profesionales, la disponibilidad de suelo, la financiación y los procedimientos administrativos. Según Liso, «desde el Colegio de Arquitectos se debe aportar conocimiento técnico, colaborar con las administraciones y el sector para que las viviendas se proyecten bien, se tramiten en plazos razonables y puedan ejecutarse con calidad y costes controlados».
La conclusión es que aunque haya suelo, proyectos y demanda, si faltan profesionales, si no llega la financiación –porque los bancos sólo responden cuando el proyecto está visado y la licencia concedida– o si la autorización urbanística se demora excesivamente, «las viviendas no se construyen».
«Por eso el problema de la vivienda requiere una visión integral. No se trata únicamente de promover más viviendas, sino de crear las condiciones para que puedan hacerse realidad, con profesionales suficientes, procedimientos administrativos eficaces, financiación viable y costes que permitan ofrecer precios más asequibles», resume Liso