Penal celebra en Soria unas 30 vistas previas al mes donde buscar la conformidad

Dice el refrán, «más vale un mal arreglo que un buen pleito», es decir, es preferible aceptar un acuerdo con concesiones antes que enfrascarse en un proceso judicial largo e incierto. Pero lograrlo no siempre es fácil. Con la nueva Ley del Servicio Público de Justicia de 2025 se han puesto en marcha herramientas que buscan la conformidad y la mediación para no llegar a juicio, agilizando y, en teoría, abaratando en tiempo y dinero, aunque no siempre resulte así.

La sección Penal del Tribunal de Instancia de Soria celebra al mes unas 30 audiencias previas, un nuevo instrumento que, entre otras cosas, busca llegar a un acuerdo previo entre acusación y defensa que evite tener que recurrir al juicio. Es obligada su celebración pero todavía tiene que demostrar que es una fórmula efectiva, ya que por de pronto obliga a la Justicia a convocar a las partes, y si no hay éxito, lo tiene que hacer doblemente al acabar en juicio.

El modelo es nuevo pero evidentemente no las conformidades, ya que Fiscalía y acusado lo han perseguido siempre. A veces unos minutos antes del juicio, otros en fase de instrucción. De hecho se creó un protocolo de actuación para conformidades penales suscrito entre la Fiscalía y el Colegio de Abogados que afinaba en gran medida y conllevaba un escrito conjunto que lo hacía todo más sencillo, ahora en desuso por la llegada de las audiencias previas, como apuntó la fiscal jefe de Soria, María José Burgos, quien destacó que esperan a la memoria de este año para conocer el verdadero alcance de este modelo, que comenzó a aplicarse en abril de 2025. «La voluntad de la Ley creo que es muy buena, pero la realidad es otra. No se sabe aún si lo está consiguiendo», afirmó. Puso el punto de mira en los «premios», ya que mientras en los juicios rápidos la Fiscalía puede rebajar hasta en un tercio la pena solicitada para facilitar la conformidad, en el caso de los procedimiento abreviados –los que llevan instrucción y finalmente juicio– esa posibilidad no es posible, reduciendo el incentivo para los acusados. El único, que en la horquilla de penas pedidas por Fiscalía, en un acuerdo de conformidad siempre se opta por la más baja, mientras que si se llega a juicio el juez puede determinar que sea las más alta, en virtud de las pruebas.

«No hay tantas conformidades como se preveía que iba a haber con la Ley. Si se hubiera premiado, como pasa en los juicios rápidos, habría habido más», consideró la fiscal jefe, quien añadió que la experiencia está poniendo sobre la mesa que las conformidades llegan como antes, con posterioridad a la audiencia previa, «al final», y eso conlleva mayor gasto por la doble citación de las partes.

El tipo de delitos que llegan a conformidad es variado, desde las estafas informáticas, a la violencia de género o los referidos al tráfico y la resistencia a la autoridad. «Depende de la prueba», es decir, cuando más existan en contra del acusado, la posibilidad de conformidad es mayor.

La memoria de Fiscalía de 2025 pone de relieve el peso de la conformidad, con el matiz de que las audiencias previas obligadas llegaron en abril. En el caso de los juicios rápidos, que la mayoría se dan en materia de seguridad vial y violencia contra la mujer, incluyendo los delitos por quebrantamiento de medida cautelar. Fiscalía procedió a formular 290 escritos de calificación, alcanzándose un alto índice de conformidades en los juzgados de instrucción con un total de 225 conformidades, siguiendo una tendencia al alza en el ámbito de la conformidad con un aumento de un 19% respecto de los años 2024 (214) y 2023 (189). Destacar que en la gran mayoría de los juicios rápidos que se celebraron ante el Juzgado de lo Penal por no conformidad se llegó posteriormente a un acuerdo antes de su celebración, lo cual priva al penado del beneficio de la reducción del tercio, indicó la memoria de Fiscalía.

Asimismo, por el Juzgado de lo Penal se dictaron 271 sentencias en procedimientos abreviados y juicios rápidos, un -17,1% menos que el año precedente (327). De ellas, 232 fueron condenatorias, (156 por conformidad, 48 sin conformidad y 28 disconformes con el fiscal) y 39 absolutorias. En el ámbito de los Juzgados de Instrucción se dictaron 225 sentencias por conformidad en diligencias urgentes, un -6,6 % menos que el año anterior (241).

Por otro lado, en la jurisdicción Civil se contempla la figura del mediador, al margen de Fiscalía y abogados de las partes. La mediación de hecho es obligatoria antes de presentar la demanda, que sólo llega cuando se acredita que no ha sido posible llegar a un acuerdo. Con posterioridad también se recurre a la mediación. Una de las abogadas del Colegio de Soria formada en esta especialización señala que «en lo Civil es más difícil llegar a un acuerdo por la carga emocional». Milagros Domínguez se refirió a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), la gran novedad de la nueva Ley que llegan con carácter obligatorio para tratar de ahorrar el paso por la Justicia. «Pero lo Civil es más engorroso», reconoció. En el par de asuntos que le han tocado, de reclamaciones de cantidad, en un caso de una pareja divorciada, y en otro el arrendamiento de una vivienda, el resultado fue negativo.

A ella, como a otros mediadores, pueden recurrir el ciudadano a través del Colegio de Abogados, como si de un turno de oficio se tratara.

Domínguez mostró más satisfacción por las conformidades logradas en lo Penal. Por su experiencia, casi tres de cada cuatro asuntos. Según la abogada, «si hay mucha prueba, interesa, el acusado no se arriesga. Cuando hay probabilidad de condena, lo mejor es negociar para que la pena sea la mínima», dentro de la horquilla que contempla el Código Penal para cada delito, ya que en la celebración del juicio «te arriesgas a una pena mayor», matizó Domínguez.