La capital
Soria se sumerge en la ZBE bajo la amenaza de una revocación judicial
Una ordenanza mal planteada, que carezca de justificación técnica o resulte desproporcionada puede hacer que el TSJ la tumbe. No superar los 50.000 habitantes es otro hecho relevante
Panel anunciador de la Zona de Bajas Emisiones en Mariano Granados.
El día 1 de noviembre, tras un periodo de pruebas, entrará en vigor en la capital soriana la polémica Zona de Bajas Emisiones (ZBE), Bajas Emisiones Soria (BES) contra la que ya han anunciado pleitos judiciales ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (el órgano judicial encargado de dirimir este tipo de conflictos) los partidos políticos PP y Vox, los grandes detractores de este sistema urbano, y las organizaciones y asociaciones patronales FOES y ADISO, que tendrán que recibir el expediente administrativo.
El Ayuntamiento de Soria se enfrenta a diversos problemas a la hora de que los tribunales validen o no su implantación. Uno de los más espinosos, que la ley no obliga a la ciudad a este modelo. En España, los municipios de más de 50.000 habitantes están obligados a establecer zonas de bajas emisiones (ZBE), según la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética.
Estas zonas limitan el acceso y la circulación de vehículos contaminantes para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y cada municipio define sus propias reglas y restricciones.
La justificación de por qué Soria accede al sistema sin estar obligado a ello exige informes técnicos cualificados sobre sus efectos en la calidad del aire y organización, sopena de que se produzca la anulación total o parcial de la ordenanza. Es un flanco que podrían atacar los recurrentes. Los tribunales pueden anular una Zona de Bajas Emisiones en un municipio de menos de 50.000 habitantes si la ordenanza municipal está mal planteada, carece de justificación técnica o resulta desproporcionada. Además, y aunque hay informes que podrían avalar el modelo por parte del Procurador del Común, lo cierto es que la capital soriana es el único municipio de Castilla y León considerado grande (de menos de 50.000 habitantes), que lo ha implantado. Una ZBE es un área urbana en la que se restringe el acceso de los vehículos más contaminantes con el objetivo de mejorar la calidad del aire.
La falta de señalización reglamentaria no parece que vaya a ser un obstáculo. El Ayuntamiento ha colocado los carteles correspondientes visibles para advertir a los conductores que, efectivamente, se está entrando en la Zona de Bajas Emisiones. La sanción es de 200 euros (100 euros pronto pago) y en grandes poblaciones como Madrid los tribunales han anulado el 97% de las multas de ZBE que se han recurrido. Los populares se han referido al ejemplo de la capital de España para poner en duda este marco normativo. Además, algunos tribunales han considerado que el acceso a una ZBE no debe considerarse como una infracción grave, sino como leve, esto es, la multa no sería de 200 euros sino de 90 euros (45 euros pronto pago).
Las restricciones afectan a los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT, es decir, generalmente gasolina matriculados antes del año 2000 y diésel anteriores a 2006. La ordenanza de Soria exime de este modelo a vehículos de emergencia, los de personas con movilidad reducida, servicios esenciales, repartos de mercancía, traslados a colegios, o parkings o residentes con autorización. Todos estos vehículos deberán contar con una autorización.
El Ayuntamiento también debe tener perfectamente validados los sistemas de lectura automática de matrículas utilizados para controlar las ZBE, es decir, cámaras homologadas que acrediten su correcto funcionamiento.
Para el Ayuntamiento de Soria la ZBE «constituye una prioridad conforme a su ambición y compromiso con la transición ecológica, por contribuir a la transición ecológica y reducir la contaminación». Hay que recordar que el Consistorio soriano dispone de una subvención de la Unión Europea de 548.000 euros para poner en marcha la ZBE. El PP ya dejó claro que caso de alcanzar el año que viene el gobierno municipal derogará la Zona de Bajas Emisiones, vamos, que una de las primeras resoluciones iría en este sentido,. Y lógicamente, es probable que haya que devolver también el dinero para su puesta en marcha.
La BES abarca la denominada almendra central de la ciudad y buena parte de la misma ya tiene carácter peatonal. Está delimitada por los viales, que no están incluidos en la misma, como el paseo de San Andrés, Mosquera de Barnuevo, Espolón, Ferial, Santa María, San Pedro, Nuestra Señora del Azogue, Postas, San Lorenzo, Betetas, San Juan de Rabanera, Caballeros, Ramón y Caja, Mariano Granados y Nicolás Rabal,