El interventor regaña al equipo de Gobierno de Soria por las ‘facturas en el cajón’

Tiempo de ‘cuadrar’ cuentas antes del cierre del ejercicio económico y el Ayuntamiento presentará al Pleno de este viernes el reconocimiento extrajudicial de créditos por un importante de 680.425,39 euros, precedidos de la correspondiente modificación presupuestaria. De forma resumida, se trata de pagos por servicios recibidos por el Ayuntamiento, que por diversos motivos no se han abonado. El informe del interventor que acompaña el expediente reconoce que se han prestado dichos servicios, pero advierte que considera «indebidamente adquiridas» las obligaciones económicas y afea al equipo de Gobierno el uso reiterado de conductas «contrarias a la normativa de contratación pública con la expectativa de que posteriormente esos gastos indebidamente comprometidos serán aprobados en un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos».

Dos cuestiones previas. El interventor municipal es una figura clave en el control de la gestión municipal, es independiente y vigilia el cumplimiento de la normativa. El reconocimiento extrajudicial de créditos es una figura completamente legal que se utiliza por parte de la mayor parte de entidades públicas para poder abonar facturas que por diversas razones no se abonaron en su momento, como por ejemplo no estar vinculadas a un contrato, y corresponden a servicios efectivamente prestados.

En el informe, al que ha tenido acceso este medio, se constata la existencia de obligaciones económicas «pendiente de aprobación e imputación presupuestaria» imputables al ejercicio 2026 que alcanzan un valor de 680.425,39 euros. Este dinero corresponde a 39 facturas pendientes de pago. Tres casos son de «prestaciones que exceden el objeto del contrato» –por importe de algo más de 10.000 euros y relacionadas principalmente con los autobuses a Valonsadero en San Juan y el eclipse–.

El resto se trata de gastos que el interventor engloba en la categoría de «prestaciones realizadas prescindiendo del procedimiento legalmente establecido para su contratación». Dentro de esta categoría y como gastos de mayor volumen figuran los pagos a las empresas encargadas de los servicios de jardines, limpieza de colegios o la responsable de los servicios energéticos e instalaciones térmicas de los colegios.

Estos tres casos son significativos, y así lo destaca el interventor, porque son «prestaciones de servicios que han continuado con el contrato finalizado, sin posibilidad de prórrogas, mediante prorrogas tácitas u órdenes de continuidad en la ejecución de contratos extinguidos». Para el responsable de controla la gestión municipal se trata de una práctica del equipo de Gobierno que es «contraria a la normativa contractual al limitar la libre concurrencia por lo que el coste de esos servicios que excede el precio inicial no puede considerarse un gasto debidamente comprometido».

En el caso de la empresa encargada de las zonas verdes , Thaler, en el informe se explica que los pagos pendientes derivan de los servicios prestados desde la finalización del contrato, fechado en octubre de 2018, hace 8 años –el próximo pliego ya está pendiente de publicación–. Las facturas corresponden a servicios de los dos últimos años –entre octubre del 2024 y el mismo mes de 2026– y suman algo más de 290.000 euros.

En cuanto a la limpieza de colegios, cuyo contrato está en manos de la firma Limpiezas Urbión, la finalización del contrato es de noviembre de 2021, hace cinco años. El servicio se ha continuado prestando y la firma solicitó 145.000 euros por sobrecostes a los años posteriores a la finalización del contrato, reclamando desde enero de 2024 a octubre de 2021.

Por último, la empresa Veolia se encarga de los servicios energéticos y térmicos de los colegios. En este caso el contrato solo está vencido desde noviembre de 2025, cumple un año, pero la impresa acreditó facturas por 111.000 euros del periodo entre noviembre de 2025 y julio de 2026. La suma está clara, de los 680.000 euros en facturas pendientes 550.000 corresponden a estas tres empresas.

El último apartado del informe está dedicado a las «infracciones normativas» y lamenta las «diversas irregularidades en la tramitación administrativa». El interventor pide al Ayuntamiento que adopte medidas «para evitar que se produzcan estas irregularidades» y remarca que «no pueden reiterarse en el tiempo ciertas conductas contratistas a la normativa de contratación pública con la expectativa de que posteriormente los gastos indebidos san aprobados en un expediente de reconocimiento extrajudicial».

De la misma forma, recuerda que este tipo de procedimientos debe ser algo «extraordinario» y por último vuelve a insiste en la «conveniencia» de «tramitar los correspondientes procedimientos en plazo, y realizar las acciones de previsión en la contratación que permita la cobertura contractual de los gastos a realizar».