La Capital

Liberum pone el foco en Soria tras tumbar las ZBE de Segovia y Valladolid

El Ayuntamiento se opone a las medidas cautelares pedidas por el colectivo

Panel informativo de la próxima ZBE de Soria en Mariano Granados.MONTESEGUROFOTOS

Publicado por
Soria

Creado:

Actualizado:

La polémica Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Soria suma un nuevo ‘enemigo’ en su recorrido judicial y uno que además ya tiene en su hoja de servicio el haber tumbado normativas similares. Se trata de la asociación Liberum que además también solicitó las medidas cautelares que han provocado que el Ayuntamiento se muestre timorato en la tramitación de las denuncias. Liberum tumbó ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) la ZBE de Segovia –se está rehaciendo la normativa– y Valladolid –pendiente de resolución del recurso al Supremo– y ahora pretende que Soria siga el mismo camino.

Liberum «es una asociación ciudadana a nivel nacional, democrática, plural, sin ánimo de lucro, apartidista» que nació en 2021 –después de la pandemia y que proclaman que «atendiendo a la reiterada vulneración de nuestros derechos fundamentales, bien sea con el pretexto de la pandemia, bien por cualquier otro motivo, y ante la abdicación en sus funciones como garantes de dichos derechos por parte de gobernantes y organismos oficiales, asumimos como derecho, pero también como obligación moral, esa función de salvaguarda de los derechos humanos». El proceso contra la ZBE de Soria lo lidera la abogada Belén Guisande.

Tal y como está explicado en el recurso presentado ante el TSJ contra la ordenanza municipal, Liberum pide la suspensión cautelar de la aplicación de la ZBE justificada en la «inmediatez» de la aplicación de la ordenanza a partir del 1 de noviembre. Entre los diferentes motivos alegados para pedir la revocación de la normativa hacen referencia a su carácter «restrictivo» y señalan que desde su aplicación «obligan a alterar desplazamiento, acceso al trabajo y decisiones sobre la utilización o sustitución de vehículos».

Liberum también cuestiona que las excepciones «dependen de una inscripción previa cuyo procedimiento la ordenanza no regula» y cuestionó que esas excepciones no se configuren como «automáticas». «El texto no regula ni la documentación exigible, ni el plazo de resolución, ni los efectos del silencio administrativo ni una posibilidad de acceso provisional durante la tramitación».

El recurso también expone la tardanza del Ayuntamiento en habilitar el sistema de registro y describe que el Consistorio «exige a los ciudadanos una inscripción previa cuya gestión telemática, según su propia información pública, anunciaba aún en futuro cuando faltaban 20 días para el inicio del régimen sancionador».

Este colectivo recuerda también que no es obligatorio que Soria contara con una zona de bajas emisiones y señala una serie de «perjuicios» que suponen su aplicación inmediata más allá de una posible multa como «la obligación de modificar desplazamientos cotidianos, acceso al trabajo y actividades económicas y a decisiones potencialmente irreversibles como la sustitución anticipada de vehículos». «Este perjuicio reviste, además, de un carácter difícilmente reparable como acredita la experiencia de la zona de bajas emisiones de Valladolid» en la que pese a la sentencia contraria no se anularon las multas consideradas como firmes.

Cargando contenidos...

El Ayuntamiento, a través de su representación, se opuso a las medidas cautelares y cuestionó la participación de Liberum. En su escrito reconoce la presentación de los recurso de Vox, PP y FOES «que pese a recurrir la ordenanza y pese a que su legitimación ciudadana parece ser más amplia, resulta que no han planteado en ningún caso la suspensión cautelar de la ejecutividad de la misma». Llama la atención cuando desde el Ayuntamiento se ha indicado que las cautelares fueron solicitadas por Vox.