El microchip para animales domésticos, aún más necesario
La nueve Ley, que entró en vigor el 2 de enero, refuerza las obligaciones de identificación y control de los medicamentos que han de prescribir los veterinarios
La obligación del microchip en los animales domésticos es desde el 2 de enero más necesaria que nunca. La nueva ley que ha entrado en vigor impide que los veterinarios puedan recetar medicamentos a animales que no estén identificados con él, reforzando así la necesidad de cumplir con esta medida.
Con la nueva ley, los veterinarios tienen que que notificar electrónicamente todas las prescripciones veterinarias de medicamentos a animales domésticos, incluidos los antibióticos, a través del sistema Presvet, una plataforma, desarrollada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), donde se centraliza la información sobre el uso de medicamentos tanto en animales de producción -que ya se hacía- como en animales de compañía -la novedad desde el 2 de enero-.
Desde el Colegio de Veterinarios de Soria aseguran que existe un cambio pero están preparados para ello, que cuentan con la herramienta Prescrivet para la formalización, otra cuestión es la carga de trabajo que supondrá, un añadido a su tarea diaria, reconocen. Encualquier caso, la medida es considerada positiva en cuanto que incentiva que los animales sean registrados con el microchip, ya obligatorio, algo que no siempre se cumple. En perros es ya mayoritario pero en gatos, sobre todo, es todavía una asignatura pendiente en algunos casos.
La labor del veterinario es informar al titular del animal sobre la obligación del microchip, y el tratamiento se aplicará si éste firma el documento que certifique que ha sido puesto al corriente, asumiendo que la responsabilidad de la no identificación es suya, eximiendo al profesional veterinario.
Se plantea por lo tanto un problema para el tratamiento de los animales sin microchip, que tendría una fácil solución, que todos los que estén obligados a llevarlo cuenten con él. En el Colegio de Veterinarios, al que están adscritos 200 profesionales en la provincia -jubilados incluidos- son conscientes de que todavía queda tarea de concienciación por hacer en animales como los gatos, donde no existe vigilancia al tratarse de una especie que no suele salir de casa y por lo tanto no existe un control externo que no sea el del propio microchip, o el seguimiento veterinario. Desde el sector insisten en que su labor no es policial, sí informativa, y con la nueva normativa en la mano, lo que no es de recibo es que la responsabilidad recaiga en el profesional porque el titular del animal no cumpla con la norma y le identifique con el microchip.
Con la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal 7/2023, se amplió la lista de animales que deben llevar microchip de manera obligatoria, incluyendo gatos, hurones, conejos y équidos, sumándose a los perros, una especie en la que ya está más que asumida esta obligatoriedad pues la ley que lo regula lleva vigente ya 20 años.
Además, se estableció que las aves deben ser identificadas mediante anillado desde su nacimiento. Todo ello para mejorar el control de la población de animales y facilitar la localización de sus responsables en caso de pérdida o abandono.
Entre las nuevas exigencias, los veterinarios deberán incluir en las recetas datos obligatorios como la identificación del paciente: en el caso de perros, gatos y hurones, el número de microchip será imprescindible. También el teléfono del responsable del animal, el del veterinario, además de las indicaciones de uso del antibiótico, incluyendo si se prescribe con fines curativos o profilácticos y el porcentaje del envase que se recomienda utilizar.
La implantación del microchip obligatorio en animales domésticos en España comenzó en los años 90 y se consolidó con la Ley de Protección Animal de 2011, que delegó en las comunidades autónomas la regulación de esta medida. El microchip es un sistema de identificación a nivel nacional, gestionado a través de la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC), una base de datos centralizada que integra los registros de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas del país.