Cifran en más de 50.000E el coste del caso Revuelto a la Diputación

El portavoz del grupo socialista en la Diputación, Ángel Núñez, denunció ayer que la institución provincial se ha gastado más de 50.000 euros en los procesos judiciales que han tenido con la trabajadora Lourdes Revuelto. Una «estimación aproximada» que el PSOE realizó con datos de noviembre de 2011, sin conocer el gasto total de los abogados. 

Núñez reiteró ayer que esperan que se ponga fin cuanto antes a este procedimiento judicial porque, después de tantos años de litigios, se ha generado «un grave desprestigio a la institución provincial».  

Los socialistas, además de las declaraciones de Núñez, emitieron ayer un comunicado de prensa en el que instaron al presidente de la Diputación, Antonio Pardo, a que convoque una comisión extraordinaria de régimen interior y personal, «para que expliquen los diferentes pasos que van a dar así como conocer el coste para la institución».

Además de acusar al equipo de Gobierno de la Diputación de «oscurantismo» por no facilitar información a la oposición,  criticaron que «parece que para Pardo es más importante la inversión económica en litigios con una trabajadora de la casa, que elaborar un presupuesto para realizar proyectos para la provincia».

Por otro lado, también hizo valoraciones de los últimos detalles del caso Revuelto el único diputado de Ides durante la pasada legislatura y también el único imputado de esta formación política en la causa, Pedro Frías. Además de afirmar que tiene «la conciencia tranquila», manifestó que con su voto en aquel Pleno de noviembre de 2010 actuó con «responsabilidad, defendiendo los intereses de la Diputación Provincial y de acuerdo a unos informes técnicos». Además pidió «que se ponga fin de una vez» a los litigios con Revuelto. Y es que, según manifestó, «ambas partes salen perjudicadas por ir a los juzgados». 

«De momento, todavía no me han citado  a declarar, y no sé si lo harán», aseveró. Frías dijo que su voto estuvo determinado por lo que aconsejaban «los técnicos municipales», aseguró que no pensó «nunca en hacer daño a Lourdes», y manifestó que tanto PP como Ides «votamos por lo que creíamos oportuno sin dañar a nadie». 

Tanto el portavoz socialista como el único diputado de Ides durante la pasada legislatura realizaron estas declaraciones a raíz de las últimas novedades del caso Revuelto.

Fuentes judiciales confirmaron a este periódico el martes que la Diputación pretende aprovechar que uno de los 16 diputados provinciales imputados en la causa es aforado -el senador del PP Gerardo Martínez-, por su condición de parlamentario nacional, para que toda la instrucción vaya al Alto Tribunal. Es decir, quieren que la condición de Martínez arrastre al resto de diputados provinciales.

Desde el Tribunal de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) recordaron ayer que los parlamentarios nacionales son aforados. Esto supone que la competencia de llevar la instrucción judicial de un caso en el que anda inmerso un senador es, en teoría, del Tribunal Supremo. 

Lo que es más complicado de aventurar hasta que no se tome una decisión al respecto es si toda la instrucción se llevará o no alTribunal Supremo. En principio, una instrucción completa se puede elevar al Alto Tribunal cuando el personaje principal al que se le acusa y del que parte todo el proceso es parlamentario y, por ende, tiene la condición de aforado. Hay un ejemplo que ilustra esta situación: el caso Gürtel en Castilla y León. El expresidente de las Cortes regionales, José Manuel Fernández Santiago, fue imputado y, como parlamentario regional -también es aforado-, su caso se llevó al TSJCyL. A raíz de eso, el mencionado juzgado tomó declaración a otras personas no aforadas como Pablo Crespo o Francisco Correa.