El Supremo frena la urbanización de ocho hectáreas de La Oruca

 

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Junta de Comunidades de Castilla y León a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) sobre la prohibición de segregar ocho hectáreas en el monte adnamantino de La Oruca. La finalidad de este cambio, recogido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), era disponer de suelo urbanizable con la posibilidad de crear hasta 500 viviendas y un campo de golf.

La sentencia del TSJCyL de 8 de mayo de 2009 señaló que «se estima el recurso contencioso-administrativo número 169/2008 , interpuesto por la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (Asden) (...) contra la Orden MAM/451/2007, de fecha 8 de marzo de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, por la que se aprueba la segregación de terrenos del monte ‘Llanos de la Oruca’ número 204 del Catálogo de los de Utilidad Pública de la provincia de Soria, y agregación de otros terrenos pertenecientes al Ayuntamiento de Almazán, sitos en su término municipal, declarando la nulidad de la misma».

La Junta recurrió la medida y precisamente este acto es el que acaba de desestimar el Supremo. Para ello argumenta «la falta de justificación de la prevalencia en la urbanización futura de los terrenos en los que contempla la construcción de 500 viviendas y campo de golf, respecto del interés general al que sirve el Monte, bien demanial declarado de utilidad pública». Asimismo en los fundamentos de derecho también señala «la inexistencia de justificación de la actuación urbanística proyectada, ya que se trata de una urbanización de segunda residencia y el índice de viviendas vacías es del 35% en la provincia de Soria, a lo que añade, la falta de justificación del emplazamiento, al encontrarse desconectado de la trama urbana, sin servicios y separado del casco urbano por la variante de la N-111, pudiéndose ubicar tanto la urbanización como el campo de golf en otros lugares sin tener que sacrificar ningún espacio de interés general».

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