44 municipios tendrán nuevos valores catastrales

44 municipios de la provincia revisarán este próximo año el valor catastral de sus viviendas. La autorización por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para su entrada en vigor el uno de enero de 2016, responde a la solicitud cursada por los propios ayuntamientos o bien a la actuación de oficio de la propia Dirección General del Catastro. Así se desprende de la orden del Ministerio publicada en el BOE en la que aparecen detallados todos los municipios del país afectados.

Se trata en todos los casos de municipios de tamaño medio, a excepción de Ágreda, Vinuesa, Medinaceli y San Pedro Manrique. El listado incluye también a Molinos de Duero, Ucero, Barahona y La Póveda, entre otros.

Este valor catastral es uno de los criterios que utilizan los ayuntamientos a la hora de calcular el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). Este tributo es una de las fuentes de financiación de los ayuntamientos y se calcula a partir de este valor catastral, que es lo que sirve de base, y del tipo de gravamen que establece cada ayuntamiento.

En cualquier caso, la actualización del IBI depende de los ayuntamientos, que son quienes fijan el impuesto y, por tanto, lo que tiene que pagar cada vecino. «Lo que hace el Catastro es establecer la ponencia de valores, no fija el impuesto. Son los ayuntamientos los que hacen la traslación a impuestos de acuerdo a la política que apliquen», explican fuentes de la Dirección General del Catastro.

De este modo, la actualización de valores que entra en vigor a comienzos de año en estos más de 40 municipios no implica que vaya a subir el IBI. «Lo que se pagará del IBI depende de lo que el Ayuntamiento decida; el Catastro sólo pone valor a las cosas», reiteran las citadas fuentes.

La nueva ponencia de valores no tiene por qué ser mayor que la fijada anteriormente, ni lleva consigo un incremento del IBI. Puede darse el caso de una valoración al alza y que el Ayuntamiento decida bajar el gravamen, y viceversa, que el último año de revisión fuera en un punto alto de la burbuja inmobiliaria y ahora salga una ponencia más baja. «Depende de cómo estuviera la evolución económica y del año en cuestión», añadieron desde el Catastro.

En el caso de que hayan sido los ayuntamientos los que hayan solicitado actualizar la ponencia de valores, la Dirección General del Catastro da el visto bueno a estas peticiones de acuerdo al cumplimiento de algunos requisitos por parte de los consistorios. El primero de ellos es que hayan transcurrido al menos cinco años «desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general». Esto quiere decir que la aplicación de los coeficientes de actualización para el próximo año requiere que el año de entrada en vigor de la ponencia de valores sea anterior al año 2011.

Otro requisito es que haya diferencias sustanciales entre los valores mercados y los que sirvieron de base para determinar los valores catrastrales vigente, «siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas vigentes en el municipio», según recoge la disposición del BOE.

Una tercera condición para atender la solicitud de los consistorios fue que la citada petición debía comunicarse a la Dirección General del Catastro antes del 31 de mayo, plazo que después fue prorrogado al 31 de julio.

La orden del Ministerio de Hacienda -publicada en el BOE con fecha 28 de septiembre de este año- recoge los dos supuestos en los que el Catastro actúa de oficio al aplicar los coeficientes de actualización de los valores catastrales.

Uno de ellos se refiere a los municipios beneficiados de las medidas relativas a sus deudas con acreedores públicos previstas en un Real Decreto de 2013, en el que se establecen medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.

Sostenibilidad

Asimismo, el decreto de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y entidades locales y otras de carácter económico «prevé que se les aplique los mismos coeficientes de actualización de valores catastrales a los municipios que se acojan al Fondo de Ordenación.

En el caso de Ágreda se solicitó al Catastro una «readaptación» del valor, que es un trámite formal que había que hacer motivado por una reforma de las normas subsidiarias, según explicó el alcalde, Jesús Manuel Alonso. «Ello no significa que el Ayuntamiento vaya a revisar los valores catastrales», dejó claro el alcalde.