El Supremo desestima el recurso de los consistorios contra la mina

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por 15 municipios de Zaragoza (Aragón) contra la actividad que se desarrolla en la mina de Borobia, acabando así con la última posibilidad para que la Justicia revocase la sentencia dictada en marzo de 2017 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que también desestimó, aunque en aquel caso por un defecto de forma, los recursos presentados por 24 pueblos de las comarcas de Calatayud y del Aranda.

El director general de Magnesitas Navarra, compañía que gestiona Magnesitas y Dolomías de Borobia S. L., se mostró «muy satisfecho» tras conocer la resolución del Supremo. «Se va consolidando el proyecto a nivel jurídico», señaló Javier Creixell, quien recordó que todavía están pendientes de resolverse los recursos que los ayuntamientos zaragozanos presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra las resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). A pesar de ello aseguró que «es un gran paso» para la compañía encargada de la explotación de la mina. «Por fin hemos dejado resueltos los contenciosos contra la concesión minera y su declaración de impacto ambiental», indicó, lo que les está llevando a «consolidar poco a poco el proyecto».

Creixell avanzó que será necesaria «la plena seguridad jurídica» para que el proyecto continúe «creciendo». «Hay que esperar para las siguientes fases, que conllevarán la construcción de una fábrica», explicó. Y es que en la actualidad los trabajos se vienen desarrollando sobre seis cuadrículas mineras, frente a las 16 que contemplaba el proyecto inicial. Una vez que estén resueltos los recursos presentados contra las resoluciones de la CHE la compañía tiene previsto «ir más allá». «Pero hasta entonces no podemos hacer la inversión necesaria para la fábrica, ya que estamos hablando de mucho dinero», matizó el director general. Y es que se hace imprescindible aumentar el número de cuadrículas mineras para consolidar un proyecto a largo plazo. «Queda camino por recorrer porque creemos que hasta finales de este año o principios del que viene, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón no resolverá los recursos contra las resoluciones de la CHE», explicó, y añadió que «es importante tener reservas mineras en cantidad y calidad suficientes». «Y tenemos que ver de qué manera podemos consolidar el resto cuadrículas mineras con las que contábamos en el proyecto», sentenció.

Ya en enero, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Castilla y León no admitió a trámite el recurso de casación que interpuso la Diputación General de Aragón (DGA) contra una sentencia de lo Contencioso Administrativo de Castilla y León, que estimó parcialmente un recurso de la comunidad aragonesa contra una resolución de la Junta de Castilla y León de 2013, en la que se otorgó la concesión directa de explotación de la mina San Pablo a la empresa Magnesitas y Dolomías de Borobia S.L.

Esta última resolución judicial despeja el enmarañado proceso en el que está inmersa la explotación minera, ya que desde que la empresa puso en marcha el proyecto ha recibido una fuerte oposición por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón y los pueblos del entorno, que se han quejado de posibles afecciones a los acuíferos de la zona.