El juez de Almazán archiva la causa de los fusilados de La Riba

El nuevo titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Almazán ha sobreseido la investigación de la desaparición de cuatro represaliados de la Guerra Civil en Riba de Escalote.

Una decisión judicial que caído como «un jarro de agua fría» a los familiares de las víctimas y a los integrantes de la Asociación Recuerdo y Dignidad, que si bien no esperaban grandes resultados en materia de derechos humanos, sí que estaban satisfechos por la apertura de la causa y, especialmente, por las diligencias ordenadas por el anterior titular del Juzgado, de cara a la identificación de las víctimas, según recoge en un comunicado de prensa la asociación memorialista.

Con el sobreseimiento del expediente judicial se abre una incertidumbre para los familiares de los cuatro fusilados y enterrados en un fosa común, dado que ya se habían recuperado los restos de los mismos y habían comenzado los trámites necesarios para identificar cada uno de los cadáveres y poder entregarlos a sus familiares para su posterior enterramiento.

El anterior juez ya había ordenado los oficios para la toma de muestras biológicas a familiares que residen en la actualidad en Madrid, Barcelona, Lleida y Palma de Mallorca.

Según la Asociación Recuerdo y Dignidad este giro judicial ha sido «especialmente duro para los familiares de los desaparecidos que esperaban las notificaciones del Juzgado correspondiente para que le fueran tomadas muestras biológicas de cara a la identificación genética de sus seres queridos», según el comunicado, en el que también se pone de manifiesto que el archivo «deja en el limbo las pruebas biológicas ya ordenadas que tenían como objeto nada menos que poder determinar si los restos hallados tras la exhumación se corresponden con las personas cuya desaparición se denunció».

A partir de ahora será la asociación soriana la que deba gestionar las pruebas genéticas y asumir los gastos que ello supone y que ascienden a 2.000 euros, aproximadamente, en un laboratorio privado si las pruebas son positivas.

La asociación va a tramitar de manera urgente una solicitud y una justificación de subvención ante la Junta de Castilla y León para poder recibir una ayuda con la que hacer frente a la realización de las pruebas de ADN. Costes que anteriormente no tenían que aportar porque habían sido ordenados por el Juzgado, en el marco de una investigación e identificación de los restos de cuatro personas. El equipo jurídico de la asociación soriana trabaja estos días para elaborar el recurso contra la reciente decisión judicial que conlleva el sobreseimiento de la causa. El pasado verano la Asociación Recuerdo y Dignidad, con la colaboración de la Fundación Aranzadi, localizaron dos fosas en Riba de Escalote, de las que exhumaron los restos de cuatro hombres. Se sospecha que son Adolfo Morales, fundador de las Juventudes Socialistas y de UGT;Silverio Lumbreras, electricista; Gregorio Valdenebro, perteneciente a Unión Republicana; y Alberto Rodrigo, concejal del Ayuntamiento de Berlanga. Todos ellos fueron fusilados el 16 de septiembre de 1936.

En los trabajos de excavación y exhumación se realizaron bajo la presencia de la Guardia Civil y también personal del Juzgado que informó de la apertura de la fosa.