El Gobierno incluye la zona del incendio del Moncayo en las ayudas por emergencias

El Consejo de Ministros acordó, en su reunión de hoy, declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC) zonas de varias Comunidades que en las últimas semanas han vuelto a sufrir incendios forestales de grandes proporciones o episodios de fuertes lluvias que han provocado inundaciones. En el caso de Soria aparece reseñada la zona incendiada en Cueva de Ágreda el 24 de agosto. Aunque el balance se quedó en 3,6 hectáreas calcinadas, la complejidad de la situación llevó a declarar el nivel 1 de emergencia, lo que permite a esta zona soriana entrar en la declaración. 

La declaración como ZAEPC permitirá que los afectados puedan beneficiarse de una serie de medidas y ayudas destinadas a paliar tanto daños personales como materiales en vivienda y enseres y en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, y de otros servicios, informa Ical.

El acuerdo da cobertura a las emergencias de protección civil que se han producido con posterioridad al pasado 24 de agosto de 2021, fecha en la que el Consejo de Ministros adoptó una resolución de similares características para afrontar episodios de análogas características durante las semanas estivales previas. 

En todos estos casos, la emergencia alcanzó tal gravedad que las administraciones autonómicas competentes se vieron obligadas a activar sus respectivos planes de protección en una situación operativa de entidad (niveles 1 o 2, declarándose el primero en el suceso del Moncayo), tal y como establece el Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) aprobado el pasado 15 de diciembre por el Gobierno, lo que permite ahora la declaración de ZAEPC. 

En concreto, el acuerdo adoptado este martes da cobertura a la situación creada por los recientes incendios de Boca de Huérgamo y Serrilla, en León; Merindad de Río Ubierna (Burgos), Ayoó de Vidriales (Zamora) y Cueva de Ágreda (Soria), en Castilla y León. A ello se unen los de Jubrique (Málaga), Guialchos (Granada), Graus (Huesca), La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), Buñol (Valencia), Orihuela (Alicante), Cáceres y Ribas de Sil (Lugo).  Respecto a las inundaciones, las poblaciones afectadas incluidas en este acuerdo son Benicàssim y Vinaròs (Castellón), Alcanar (Tarragona), Toledo, Mallorca y Menorca.

Son, en todos los casos, emergencias de protección civil de grandes proporciones que han provocado daños personales, en infraestructuras y bienes públicos, así como en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas, daños que no han podido ser identificados y cuantificados todavía por cuanto la fase de recuperación, iniciada inmediatamente después de la de intervención, no ha finalizado todavía. En el caso de Soria se vio afectada masa arbolada y una zona de colmenas.

Pese a no disponer de una estimación definitiva de los perjuicios ocasionados por estas catástrofes, el Gobierno ha valorado que la magnitud de sus efectos, las medidas adoptadas para recuperar las condiciones de vida de la población y conseguir el pleno restablecimiento de los servicios públicos esenciales justifican la intervención de la Administración General del Estado.

La declaración también incluye ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes, así como a las corporaciones locales en sus labores de recuperación de las áreas devastadas por el fuego o por las inundaciones. 

Una vez que la Administración General del Estado disponga de una memoria con la estimación de los daños producidos, que realizará en colaboración con el resto de administraciones autonómicas y locales competentes, este acuerdo podrá incorporar otras medidas complementarias a las adoptadas por las administraciones territoriales, a las que corresponde la competencia en materia de protección civil.