El aeroparque de Garray acogerá 20 operaciones al año de aviones grandes como máximo

El diputado de Vox en Soria, Eduardo Álvarez, indicó este martes, en una rueda de prensa tras una comisión celebrada en la Diputación, a petición del PSOE para conocer los avances en las obras del Aeroparque Tecnológico Industrial (ATI) de Garray, que los niveles de ruido recogidos en la declaración de impacto ambiental (DIA) simplificada acotan a entre 2 y 20 las operaciones de aviones de medio y gran tonelaje que estas instalaciones podrán acoger anualmente. «Teniendo en cuenta que el despegue es una operación y el aterrizaje es otra, por lo que estamos hablando de entre uno y diez aviones, dudamos seriamente de la viabilidad económica del parque», apuntó Álvarez que añadió que «la ampliación de la pista a 2.100 metros se plantea, precisamente, para estos aviones de medio y gran tonelaje ya que para los pequeños, la aviación deportiva, los aviones contra incendios... valía con las instalaciones que ya teníamos».

Sin embargo, el vicepresidente segundo de la Diputación y coordinador del ATI, José Antonio de Miguel, dejó claro que la rentabilidad que busca la institución con la inversión «en este proyecto es social y no económica». Y aseveró: «Nuestro objetivo es conseguir la creación de puestos de trabajo cualificados. Hay mucho ingeniero aeronáutico fuera de Soria». Dejando claro que el equipo de Gobierno, con las obras de ampliación de la pista del ATI «no pretendemos que comiencen a llegar aviones comerciales o de carga hasta Garray. No buscamos convertirlo en un aeródromo comercial ni de carga ni de pasajeros», aseveró, «por lo que si conseguimos contar con esas 20 operaciones anuales de este tipo de aeronaves estaríamos más que satisfechos». De Miguel explicó que «con dos kilómetros de pista estamos muy limitados para las operaciones de este tipo de aeronaves». Por todo ello, el objetivo «iría más hacia operaciones de mantenimiento de aviones así como de chatarra, hablando de aviones grandes». Además, tal y como recoge el BOE del 29 de septiembre de 2023, que publica la aprobación de la declaración de impacto ambiental: «El promotor considera que la previsión de operación de aeronaves como el B737 y A320 es muy esporádica y poco representativa, por lo que el impacto es puntual para la población de Garray. Además, contempla la implantación de medidas de mitigación para reducir dicho impacto, entre las que destaca la priorización del despegue desde la cabecera 27 y aproximación por la cabecera 09 siempre que las condiciones de viento lo permitan, salvo que ello produzca una condición insegura, a juicio del piloto, evitando así sobrevolar la población de Garray».

De Miguel aseguró que «en aviación mediana y ligera contábamos con unas instalaciones que valdrían pero limitaríamos mucho la plantilla» con números que podrían oscilar «entre los 60 y 100 trabajadores desarrollando, también, todo el capítulo de formación». No en vano, continuó, «en el contrato que se firmó con Layonair, tras la licitación pública, la empresa presentó un proyecto de desarrollo de 250.000 euros de los que cobraban el 60% en la aprobación del proyecto, un 20% a la llegada de dos empresas y 20 trabajadores y el otro 20% a la llegada de cuatro empresas y 60 trabajadores». En este momento la empresa cuenta con una moratoria debido a la inoperatividad del aeródromo (que no cierre) debido a las obras pero De Miguel recordó que la firma también tiene concesionada por 50 años, a razón de un canon de 5.000 euros anuales, una parcela de una hectárea «que se mantiene con la obligación de cumplir una serie de requisitos, entre ellos, la consecución de puestos de trabajo».

Por último, De Miguel evidenció que el alcalde de Soria, y también diputado provincial, Carlos Martínez, «ha estado muy activo en la comisión aunque parece que no está muy de acuerdo con el desarrollo de una parte de Soria que no sea Valcorba» recordando que el proyecto de ampliación se comenzó a poner sobre la mesa cuando Luis Rey «era presidente de la Diputación».