El Bocyl lo confirma: concesión para una mina de magnesitas en un pueblo de Soria
El yacimiento tiene una reserva de 5 millones de toneladas
Trabajos en la mina de San Pablo de Borobia.
La Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León ha otorgado a la empresa Magnesitas y Dolomías de Borobia la concesión para la explotación de nueve cuadrículas mineras, en el municipio de Borobia (Soria), tal y como ha publicado el ‘Boletín Oficial de Castilla y León’ (Bocyl).
La empresa explotará de manera conjunta esta mina, denominada San Roque, con otra anexa, llamada San Pablo, y lo realizará por fases, desde el Este del sector de San Pablo hasta el Oeste del sector de San Roque.
El yacimiento de San Roque cuenta con unas reservas estimadas de 5 millones de toneladas de magnesita, el mineral que extraerá la empresa. El ritmo se sitúa en las 400.000 toneladas anuales y se dispone de una planta de tratamiento con producción diaria prevista de 1.385 toneladas.
Según el proyecto, el hueco excavado del proyecto minero conjunto es de 16,3 millones de metros cúbicos, por lo que la corta quedará restaurada con una morfología llana, tipo paisaje, en el que se incluyen dos lagunas.
La gestión del medio hídrico en la explotación del yacimiento de magnesita se realizará a través del Sistema de Gestión de Aguas, que contempla la recogida, la depuración y reincorporación al medio receptor las aguas implicadas en las diversas actividades del proyecto.
Durante el plazo de información pública se han presentado 405 alegaciones a este proyecto por parte de ayuntamientos, personas físicas, agrupaciones ecologistas y otros colectivos.
Algunas de estas alegaciones reclamaban que esta concesión de explotación minera la dictara la Administración General del Estado porque afectaba a varias comunidades autónomas. Ha sido rechazada porque solo está ubicada en terrenos de la provincia de Soria y, por tanto, en la Comunidad de Castilla y León.
Junto con la concesión se ha autorizado un plan de restauración en los terrenos afectados, en el que se incluye una garantía financiera por el valor de 3,8 millones de euros que tiene que hacer efectiva la empresa en favor de la Delegación Territorial para responder a las medidas protectoras y de restauración del terreno.