La Subdelegación avisa que extremará la vigilancia de las condiciones laborales de los temporeros en Soria

La Subdelegación de Soria extremará la vigilancia de las condiciones de trabajo y los alojamientos de los temporeros que se desplacen a Soria para trabajar en explotaciones agrícolas.

Así lo dio a conocer ayer el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, en la reunión de una mesa de coordinación a la que han participado representantes de la Guardia Civil, FOES, los sindicatos CC OO y UGT, las organizaciones profesionales agrarias (OPA), la Inspección de Trabajo y la Dependencia Provincial del Área de Trabajo e Inmigración.

Latorre presidió la mesa de coordinación de todas las instancias con responsabilidades en materia de trabajo estacional con el fin de buscar soluciones a los problemas que sufren los trabajadores temporeros dedicados al sector agrícola, especialmente en verano, meses en los que se incrementa la actividad.

Se va a perseguir la sobreexplotación o escenarios laborales inasumibles como temperaturas extremas. También se han aportado ideas para combatir la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, algo que, en palabras de Latorre, es «una lacra que se ha convertido en la esclavitud del siglo XXI».

En la reunión se hizo hincapié en que los propietarios de las explotaciones, sobre todo de las pequeñas, eviten, a la hora de contratar trabajadores, la figura de los intermediarios o de las que se autodenominan empresas de servicios que no lo son. 

Si tienen que recurrir a este tipo de contrataciones, deben asegurarse de que estos trabajadores reúnen todos los requisitos administrativos que les habiliten legalmente para trabajar en España.

Desde la Subdelegación se recomendó también que se utilice para este fin el contingente de trabajadores extranjeros, que supone una oferta de empleo dirigida a extranjeros no comunitarios que el gobierno puede aprobar anualmente y a la que no pueden acceder quienes ya se hallen o residan en España. 

Las organizaciones sindicales han puesto de manifiesto su preocupación, en concreto, por los problemas laborales que pudieran surgir en explotaciones donde los trabadores no tienen representantes, así como todo lo referente a la aplicación práctica del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.