La Junta avisa a la Diputación de Soria que descongelará el dinero del ATI
Somacyl pone de manifiesto que si continúa la paralización de la ampliación los fondos consignados los utilizará en otros proyectos. El gasto previsto es de 5,2 millones
Instalaciones del aeródromo de Soria.
La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) ha avisado a la Diputación de Soria que si continúa la paralización de la ampliación del aeródromo los fondos que tiene asignados los empleará en otros proyectos, como manifestó el vicepresidente de la Diputación, José Antonio de Miguel.
Somacyl ha comprometido desde hace cinco años la aportación necesaria para ampliar la pista, que permitirá las operaciones con aeronaves de mayor tamaño. La inversión estimada asciende a 5,2 millones de euros, después de que se actualizasen los precios ante la subida de los costes de materiales en los últimos años. La cuantía inicial era de 4 millones de euros.
A finales de 2024, la Junta autorizó el gasto de una cantidad de 2,5 millones de euros, de la que no se ha empleado ni un céntimo. El proyecto ha estado parado durante 2025 y tras estar avanzado en varias fases, incluida la tramitación ambiental, un conflicto entre la Junta de Castilla y León y la Agencia Estatal Aérea (AESA) sobre quién tiene las competencias para autorizar la aprobación de las obras tiene retenida la ejecución que promueve la Diputación Provincial de Soria.
AESA sostiene que dentro de sus competencias, ha realizado todos los trámites y análisis técnicos necesarios y que la continuidad del procedimiento depende del Ejecutivo autonómico, porque, a su juicio, es la autoridad encargada de autorizar el establecimiento, modificación o apertura de este tipo de aeródromos, mientras que desde la Junta se indica que no ha asumido las transferencia de competencias y que lo hará cuando esta venga acompañada de recursos humanos y presupuestarios.
El toque que ha dado la Junta de Castilla y León preocupa a la Diputación, como así indicó De Miguel, que recordó que no está en manos de la institución provincial desbloquear el proyecto, pendiente del visto bueno de la autorización para realizar las obras de modificación de la pista que, hasta la fecha, no la concede AESA ni la Junta de Castilla y León.
Además tampoco se ha aprobado por la autoridad competente el cambio de gestor que el año pasado realizó la Diputación, como propietaria de las instalaciones.
De Miguel sostuvo que las competencias son de AESA y dijo que un traspaso de competencias es un trámite que está reglado que comienza con la reunión y el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias, en la que se negocia la financiación y los recursos humanos y «eso se va a producir ahora».
Posteriormente el acuerdo se aprobará con un Decreto Ley del Consejo de Ministros con su correspondiente publicación «y eso no ha ocurrido todavía, por lo tanto la competencia sigue siendo de AESA».
Ante esta situación de parálisis, la Diputación ya ha seleccionado un gabinete jurídico especialista en administraciones públicas, que contratará en las próximas semanas, para esclarecer qué administración es la responsable de esta parálisis a la que se le solicitará daños y perjuicios.
La Diputación impulsa un proyecto para transformar el aeródromo en un Aeroparque Tecnológico Industrial (ATI) para desarrollar el sector empresarial aeronáutico en la provincia, con la ubicación de un hub logístico y tecnológico. Para ello necesita ampliar la capacidad de la pista, de 1.380 metros a 2.092 metros de largo y de 23 metros a 45 metros de ancho.