El Procurador del Común, contra los ruidos de la empresa Nufri
Una nueva resolución del Procurador insta a la Junta a solicitar una evaluación de impacto ambiental tras las modificaciones de la firma en las concesiones de agua
Sobre estas líneas, plantación de Nufri.
El Procurador del Común reclama a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, a través de una resolución a la que ha tenido acceso este medio, a que inste a la empresa Nufri la realización de una evaluación de impacto ambiental ‘ex post’ tras las modificaciones de la concesión del aprovechamiento de aguas superficiales para las 1.026 hectáreas (739,67 hectáreas de manzanos, 62 de viñedo y 224 de encinas truferas) promovido por esta empresa en La Rasa, entre El Burgo y San Esteban.
Todo ello, tras las quejas elevadas a este órgano de los propietarios de una establecimiento rural cercano que llevan denunciando años los ruidos que tiene que soportar por el funcionamiento de las estufas californianas y las torres ventiladores.
Por este motivo, el Procurador también solicita a la Junta que durante la tramitación de este expediente «se valore por los técnicos de la Consejería exigir a la sociedad propietaria de la explotación frutícola que se adopten las medidas correctoras e, incluso, compensatorias pertinentes para mitigar el impacto» del funcionamiento de estas máquinas de cara al control del ruido.
Una nueva resolución que se suma a otra anterior en los mismos términos que llegan tras las reiteradas quejas y denuncias particulares por los ruidos que causa el funcionamiento del sistema antiheladas. La propietaria de la casa rural, Rocío Madrigal, indicó que el Procurador «vuelve a hacer referencia en su escrito que la empresa tenía que haber pasado por esa declaración de impacto ambiental tras varias modificaciones de concesiones de agua». Unas modificaciones, continuó, que de haber seguido el cauce legal normal «nos favorecía ya que debían haber presentado esos informes ambientales poniendo las medidas correctoras frente al ruido».
En opinión de Madrigal «hay una transformación importante de hectáreas de secano a regadío» indicando que finalmente se había solicitado la tramitación de un expediente de impacto ambiental simplificado. Sin embargo, en una visita realizada en febrero de 2025 se acreditó que la empresa había instalado el sistema de riego y que las parcelas estaban preparadas para el viñedo sin haber iniciado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental abriendo un expediente sancionador con multa de 24.001 euros descontando un 20% al reconocer los hechos abonando 19.200 euros.
Madrigal concluye: «Me da rabia que muchos agricultores tienen a la Administración detrás para cualquier cosa, por mínima que sea, y aquí parece que no pasad nada».