La Junta ayuda con 650.000 euros a la inserción laboral y social de 96 personas con discapacidad

Mucho más que una oportunidad laboral, los centros especiales de empleo ofrecen un trabajo a personas con discapacidad, especialmente a aquellas que encuentran mayores dificultades para acceder al mercado ordinario. Y la Junta de Castilla y León apoya con 650.000 euros a los siete centros especiales de empleo, más una empresa de inserción, que en la actualidad están activos en Soria y que forman parte inseparable del tejido económico provincial, ayudando a la integración de 96 personas. Pero además impulsa un modelo que genera empleo y favorece la plena participación de las personas con discapacidad en la vida económica y social.

El Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, es una oportunidad para recordar la importancia de seguir avanzando en la eliminación de barreras y estigmas que dificultan el acceso al empleo de muchas personas. Avanzar en este objetivo es avanzar hacia una sociedad más justa, cohesionada y comprometida con la igualdad de oportunidades.

Algunos de los siete centros están ya consolidados, como Asovicauto, que desde 1998 genera empleo para personas con enfermedad mental en el sector del montaje de componentes de automoción; o Servifadess, impulsado por la Fundación FADESS, que cuenta con 41 profesionales en actividades multifuncionales como la hostelería, limpieza o informática. Sin olvidar Adisnerso y Brain Up en Ólvega, fijando población en el medio rural, o las delegaciones de Grupo Lince, Grupo SIFU e Inseradecco.

Junto a los centros especiales de empleo, las empresas de inserción desempeñan también una labor fundamental en la inclusión laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. Un ejemplo en la provincia de Soria es Granito de Tela, promovida por Cáritas Diocesana de Osma-Soria, que desarrolla su actividad en la recogida, reutilización y reciclaje de ropa usada, ofreciendo oportunidades de empleo y acompañamiento a personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral y favoreciendo su posterior incorporación al empleo ordinario.

Durante 2025, Granito de Tela recibió un total de 68.282,69 euros en subvenciones de la Junta de Castilla y León, de los que 56.065,02 euros se destinaron a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo de personas en situación o riesgo de exclusión social y 12.217,67 euros a asistencia técnica y acompañamiento de los trabajadores en sus itinerarios de inserción laboral.

Como cualquier otra empresa, los centros especiales de empleo, que a partir del próximo 23 de octubre pasarán a denominarse ‘empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad’, obtienen ingresos de su propia actividad. Pero también cuentan con el respaldo de las administraciones públicas, que impulsan distintas líneas de apoyo para favorecer la contratación y el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad.

Solo en la provincia de Soria, durante 2025, los siete centros especiales de empleo recibieron más de 587.999,64 euros a través de estas líneas de ayudas gestionadas por la Junta de Castilla y León a través de la Dirección General de Economía Social y Autónomos, que permiten financiar los costes salariales de las personas con discapacidad que trabajan en los centros especiales de empleo, complementar los costes laborales de aquellas que presentan especiales dificultades de empleabilidad y respaldar la actividad de las empresas de inserción, fundamentales para acompañar hacia el empleo a personas en situación o riesgo de exclusión social. De la citada cuantía, 563.130,13 euros se destinaron a financiar costes salariales y otros 24.869,51 euros a complementar los costes laborales de trabajadores con especiales dificultades de empleabilidad.

El alcance de este apoyo queda reflejado también en la actividad desarrollada durante 2026. Hasta el mes de julio, las ayudas tramitadas en la provincia ascendían ya a más de 403.261 euros, de los que 394.507,62 euros correspondían a financiación de costes salariales y 8.754,15 euros a complementos para trabajadores con mayores necesidades.

Estos centros son empresas que desarrollan una actividad productiva y sus trabajadores perciben un salario como en cualquier otra industria. Forman parte de la economía social y pueden ser promovidos por entidades públicas o privadas, asociaciones, fundaciones o sociedades mercantiles. Además, la ley establece que al menos el 70% de su plantilla debe estar formada por personas con discapacidad. Sin embargo, lo más importante no es ese porcentaje. Lo que realmente les caracteriza es su capacidad para adaptarse a las necesidades reales de cada persona.

Cada uno de los tipos de discapacidad (física, psíquica, sensorial e intelectual o mental) puede manifestarse en distintos grados y una persona puede tener varios tipos de discapacidad simultáneamente, con lo que existe un amplio abanico de personas con discapacidad. Además, las personas que tienen reconocida una Incapacidad Permanente Total tienen la consideración de trabajadores con discapacidad, sin tener en cuenta el porcentaje.

Porque la discapacidad no es una realidad única. Detrás de esa palabra hay situaciones muy distintas. Por eso estos centros proporcionan los apoyos necesarios, adaptan puestos de trabajo cuando es preciso y acompañan a sus trabajadores para que puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones.

En definitiva, se trata de crear entornos laborales donde las personas puedan demostrar lo que saben hacer, desarrollar su talento y crecer profesionalmente.

Y es que el empleo es mucho más que un salario. Aporta independencia, favorece las relaciones sociales, refuerza la autonomía personal y permite participar plenamente en la vida de la comunidad. Los centros especiales de empleo responden precisamente a ese objetivo de ofrecer oportunidades reales y avanzar hacia una sociedad más inclusiva, en la que las personas con discapacidad puedan desarrollar su proyecto vital y profesional en igualdad de oportunidades.

Pretende ser un medio de integración del mayor número de trabajadores con discapacidad al régimen de trabajo normal y responde al principio de equidad; en el deseo de la sociedad de contar con una red de bienestar que permita disfrutar a las personas con discapacidad de oportunidades similares a las del resto de la población.