Las Cortes instan a la Junta a que apruebe la Ley Agraria en 2012

Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer por unanimidad instar a la Junta a que en 2012, presente en el Parlamento regional el Proyecto de Ley Agraria de Castilla y León que ponga en marcha todo el procedimiento de debate y aprobación de las leyes en el que se incluye la interlocución con el sector agrario y ganadero de la Comunidad. 

 

Aunque la Proposición no de Ley fue presentada por el Grupo Parlamentario Socialista el texto que finalmente se aprobó fue el de una enmienda ‘in voce’ del procurador del PP Óscar Reguera, quien destacó el «buen clima» de consenso e interlocución en esta materia por parte de los grupos parlamentarios. 

Ana Sánchez, tras recordar que esta ley lleva un retraso desde el año 2007, insistió en la necesidad de marcar plazos a este proyecto para que se cumplan los compromisos adquiridos por la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, en su comparecencia de legislatura del pasado mes de julio.

Además, abogó por que la Consejería que dirige Silvia Clemente cumpla con sus compromisos y no se convierta «en un agujero negro dedicado a asuntos propios» en lugar de defender los intereses de los agricultores y ganaderos, informa Ical.

 El procurador popular Óscar Reguera matizó que esta ley no lleva comprometida desde 2007, sino que en ese momento se habló de la Ley de Desarrollo Rural y no de la Agraria. Además, justificó su enmienda señalando que 2012 es un año «trascendental» para negociar «los matices» de la Política Agraria Común que pueden guardar incidencia con el contenido de la futura ley. Reguera también indicó que habrá que conocer primero lo que el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy hará en este año que comienza y donde determinará el contenido del nuevo enfoque en el Ejecutivo central.

Por otra parte, el PP se opuso a que las Cortes soliciten a la Junta un «plan antimorosidad» que ayude a evitar «la ruinosa» situación de las pequeñas y medianas empresas y autónomos. La socialista Ana Redondo denunció que el Gobierno regional paga en un tiempo medio de 187 días y debe 854 millones de euros. «La ecuación morosidad más falta de liquidez es igual a más paro», sentenció Redondo, quien insistió en la necesidad de «romper con ese círculo vicioso». 

El procurador del PP Salvador Cruz argumentó el rechazo de su Grupo explicando que la Junta «paga y cumple». Aseguró que la morosidad es «un problema» pero «no la causa del desempleo». La causa del paro, según Cruz, no es otra que «la nefasta política» puesta en marcha durante los últimos años por el Gobierno del PSOE.