AGRICULTURA
Asaja denuncia que el retraso de las ayudas complica el inicio de la sementera
La organización también reclama que se abonen con urgencia las ayudas pendientes del PDR
Asaja Castilla y León ha denunciado que el retraso en la aprobación de las ayudas agroambientales está complicando el inicio de la nueva campaña de siembras, dado que los agricultores solicitantes no saben si el expediente será finalmente aprobado o no, por lo que están cumpliendo con los compromisos adquiridos sin saber si van a recibir a cambio la subvención prevista.
En circunstancias normales, según se argumenta desde la organización agraria, los solicitantes de las ayudas deberían de haber recibido la carta estimatoria o denegatoria, y en caso positivo firmar el contrato con la Junta por el periodo de cinco años.
Estas ayudas van destinadas al cultivo de la remolacha, a la ganadería extensiva en pastoreo, al aprovechamiento de pastos y rastrojeras con ovino y caprino, al mantenimiento de paisajes singulares, al apoyo a la agricultura ecológica, a la apicultura, a las razas autóctonas en peligro de extinción, o la producción integrada, entre otras, y tienen como objetivo compensan la pérdida de renta de los productores por llevar a cabo prácticas más respetuosas con el medio ambiente y por una gestión administrativa más compleja al aumentar los controles y exigencias a las que se somete a las explotaciones.
Por otra parte, Asaja también critica el retraso “constante” de la Junta en el pago de estas ayudas comprometidas en ejercicios anteriores, que en algunos casos se remontan a expedientes del 2013.
Desde la organización se recuerda que el próximo 31 de diciembre es la fecha tope para que las administraciones liquiden estas partidas pendientes, de las que Europa aporta un 50 por ciento y el Ministerio y la Consejería de Agricultura el 50 por ciento restante y se alerta del riesgo inminente de pérdida de fondos “si no se abonan con urgencia estas ayudas”.
Por último, Asaja critica que muchas de estas ayudas corresponden a expedientes certificados hace más de dos años, “lo que entraña especial gravedad sobre todo en las líneas como modernización de explotaciones e incorporación de jóvenes, ya que este retraso ha obligado a los beneficiarios a financiarse en la banca privada, pagando altos tipos de interés”.