Hacienda ordena informes cada mes para intensificar el control del gasto
Reduce de tres meses a uno la periodicidad con que los organismos que computan en el déficit deben rendirle cuentas
Las Consejerías de la Junta y todos los organismos cuyos presupuestos computan a efectos de déficit público estarán obligados desde el 1 de enero a rendir cuentas ante la Intervención General de la Comunidad cada mes, y no al trimestre como ocurría hasta ahora, de la ejecución de su presupuesto.
El departamento que dirige Pilar del Olmo intensifica el control del gasto de cara a un ejercicio crítico para el cumplimiento del estricto objetivo de déficit, que se reduce del 0,7% actual al 0,3%.
Lo hace mediante una modificación del artículo 240 de la Ley de Hacienda y del Sector Público, a través del anteproyecto de la Ley de Medidas, donde mandata a todas las entidades fiscalizadas por la contabilidad nacional a remitir, «dentro de los diez días naturales siguientes a la finalización de cada mes natural, información sobre su actividad económica y presupuestaria» conforme a los modelos reglamentarios.
El refuerzo sobre los controles y vigilancia queda patente también con la modificación de otro artículo, el 241, por el que la Consejería de Economía y Hacienda obliga ahora a todo el sector público que queda fuera del paraguas de la Cuenta General de la Comunidad a remitir a la Intervención, con carácter anual, un «informe de gestión y auditoría», un requisito nuevo que se añade a la obligación de presentar las cuentas generales.
Toda esta documentación debe ser cursada «antes del mes de agosto del año siguiente al que corresponda la información», salvo para entidades dependientes, que deben remitirla «antes del 30 de abril».
El anteproyecto de la Ley de Medidas añade, por último, un nuevo apartado en el listado de entes obligados a proporcionar información a la Intervención General para cumplir con los preceptos de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Se refiere a «cualquier otra entidad que sea clasificada en el subsector de Comunidades autónomas», sin precisar más. Fuentes de Hacienda aclararon que se trata de una regulación «preventiva» ante la posibilidad de que el Gobierno central o Bruselas puedan incorporar nuevos entes a la contabilidad nacional y, por tanto, sus números puedan computar a efectos de déficit público.