IU quiere 100 procuradores pero sin que haya aumento de gasto
Plantea sumar a las provinciales una circunscripción electoral autonómica
Izquierda Unida plantea en un documento sobre modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León que se limite a dos legislaturas cualquier cargo de la Junta o las Cortes de Castilla y León, que se suprima el aforamiento para cualquier figura política autonómica y que se incremente a cien el número de procuradores, sin elevar el conjunto de los sueldos, informa Ical.
La formación de izquierdas exige también la obligatoriedad de que las candidaturas a las Cortes de Castilla y León estén compuestas alternando mujeres y hombres (listas cremallera). Además, demanda que sea obligatorio celebrar primarias abiertas para la confección de candidaturas a las Cortes.
Por lo que se refiere al sistema electoral, IU aboga por avanzar hacia un modelo proporcional puro. En concreto, plantea elevar el número de procuradores (100), sin aumentar el gasto público. Asimismo, apuesta por que las circunscripciones electorales sean la autonomía y la provincia, algo similar a lo que propone el PSOE.
La circunscripción autonómica funcionará para que los «restos» de las provincias computen. Es decir, cada una de las provincias tendrá un mínimo de tres procuradores y uno más por cada 30.000 habitantes o fracción superior a 15.000; y el resto serían elegidos en la autonómica.
En su propuesta de reforma, IU indica que el presidente de la Junta no podrá ser elegido formando una mayoría absoluta o simple con algún procurador o procuradora «tránsfuga». Agrega que el sueldo de un alto cargo nunca será superior al del funcionario de mayor rango de la Administración en la que esté.
IU recalca que los miembros del Gobierno, altos cargos, cargos de libre designación y procuradores tendrán la obligación de hacer pública su información económica, así como su agenda pública. Además, el Gobierno de Castilla y León, siempre según los planteamientos de IU, aprobarán en los primeros seis meses de cada legislatura un plan de gobierno con contenido abierto; y una evaluación del mismo en el primer cuatrimestre del año siguiente.