Arranca el plan de un millar de casas en pueblos con dos packs de prefabricadas

El plan autonómico para la construcción de un millar de viviendas de protección pública en entornos rurales que la Junta de Castilla y León anunció en septiembre de 2024 empieza a despegar y, si no se dilatan las previsiones, a finales de este mismo año ya estarán acabadas las primeras promociones. En concreto, calculan que estarán disponibles 90 casas prefabricadas, pertenecientes a los dos primeros ‘packs’ cuya contratación se está ultimando.

El primero de esos contratos, de hecho, ya está adjudicado. A falta de la formalización definitiva, será la unión temporal de empresas compuesta por Geoxa y Medgón la que se encargue del suministro, montaje e instalación de ochenta "viviendas unifamiliares industrializadas adosadas", gracias a una inversión de 11,35 millones de euros.

El otro de los contratos en ciernes incluye 150 viviendas –también con el mismo sistema constructivo prefabricado– con un presupuesto máximo que roza los 21,3 millones de euros, y todo a punta a que Vipresoria será la que se alce como adjudicataria, puesto que no ha participado en el procedimiento ninguna mercantil más.

En total, 32,6 millones de euros para las primeras 320 viviendas de un plan regional mucho más ambicioso destinado a "favorecer el asentamiento de población en el medio rural y contribuir a afrontar el reto demográfico", y que aspira a poner a la venta un millar de viviendas públicas en municipios de Castilla y León en el horizonte del año 2030 con preferencia para los jóvenes, según explicó en su momento el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, cuando se firmaron los protocolos de colaboración con las nueve diputaciones provinciales.

De ese millar comprometido en total, más de la mitad serán ‘viviendas industrializadas’ como las que están en vías de contratación, pues Somacyl –la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León que se está encargando del proceso–, defiende que estos sistemas constructivos «constituyen una solución técnica eficiente que permite reducir los plazos de ejecución, mejorar el control de calidad, optimizar costes y disminuir el impacto ambiental de las edificaciones», factores que considera "especialmente relevantes en el actual contexto de incremento de los costes de construcción y escasez de mano de obra cualificada en el sector".

Así que las viviendas se fabricarán en las instalaciones particulares que tengan las constructoras, luego se transportarán los módulos ya preparados hasta las ubicaciones elegidas por la Junta y sobre el terreno sólo se realizará el montaje, una vez estén listos los cimientos.

Lo que el Ejecutivo no ha querido desvelar por el momento son los lugares concretos donde se implantarán estas nuevas ‘urbanizaciones’. De hecho, en los pliegos técnicos indican que Somacyl «comunicará cada ubicación con al menos 30 días de anticipación», que "se reserva la facultad de ejecutar un número inferior de viviendas o alterar el orden de las promociones" y que determinará "progresivamente» las ubicaciones durante la vigencia del contrato.

Sobre todo inciden en que el número de viviendas de cada promoción será variable en función de las condiciones específicas de cada parcela.

Lo único que aclararon fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del territorio es que se instalarán en suelos de titularidad pública que los ayuntamientos ponen a disposición de la administración autonómica de manera gratuita. Además, los consistorios tienen que entregar los terrenos urbanizados.

"Después de un periodo de presentación de parcelas por los ayuntamientos y trámite administrativo por su parte", añadieron desde el área de Juan Carlos Suárez-Quiñones, cuentan con una relación de «más de 240 promociones en pueblos de Castilla y León», indicaron.

El número exacto de ‘viviendas industrializadas’ que se ejecutarán para su posterior venta tampoco se ha concretado, pero la horquilla oscila entre las 528 y las 726. Es el cálculo que se desprende del pliego de la dirección de obra, dirección de ejecución material y coordinación de seguridad y salud, que también está en licitación, con un presupuesto máximo de 1,5 millones de euros.

En los documentos del expediente, Somacyl revela su intención de desarrollar 66 nuevos distritos en Castilla y León. Un tercio de ellos tendrá entre 4 y 7 viviendas, otro tercio entre 8 y 11 viviendas, y otro tercio serán promociones de entre 12 y 15.

Por otra parte, ese total de 66 distritos se divide en dos lotes. El primero de ellos, con una estimación de 30 agrupaciones de viviendas, corresponde con las provincias de León, Zamora, Salamanca y Palencia, mientras que el segundo, con 36 agrupaciones, abarca Valladolid, Soria, Segovia, Ávila y Burgos. En ambos lotes se aclara que los municipios están por definir.

Sobre el aspecto que lucirán las futuras opciones residenciales, se han seleccionado dos modelos –uno de estructura metálica y otro de estructura de madera–, si bien el tamaño será similar en ambos casos, con aproximadamente 109 metros cuadrados de superficie construida y cerca de 90 metros cuadrados útiles.

Aunque los precios finales de venta dependerán de localidad donde se ubiquen y de la superficie concreta, la Junta de Castilla y León avanzó una cifra de referencia: 120.000 euros para una vivienda unifamiliar con tres dormitorios, dos cuartos de baño y salón-cocina para quienes tengan menos de 36 años. Puesto que al colectivo joven se le aplica una bonificación del 20%, el precio para quienes superen esa edad será de 150.000 euros.

En el modelo de estructura metálica se calculan en torno a 60 metros de planta baja, 31 en la primera planta, garaje y terraza cubierta de 26 metros. En el modelo de estructura de madera la planta baja tendría 40 metros cuadrados, la primera algo más de 47 y garaje cubierto (en este caso no se contempla terraza).

En ambos casos la carpintería exterior será de PVC, con persianas motorizadas y color similar al de la carpintería exterior, con triple acristalamiento; las carpinterías interiores con «altos valores de ahorro energético, aislamiento acústico y estanqueidad» para lograr una «gran eficiencia energética»; los suelos podrán ser porcelámicos o laminados; y la calefacción y climatización será con equipos individuales de aerotermia y distribución mediante suelo radiante-refrescante, como principales características.

Una vez se formalicen los dos contratos que se han puesto en marcha, las empresas seleccionadas dispondrán de un plazo máximo de ejecución de dos años, sin olvidar esa previsión de que antes de finalizar este ejercicio la Junta de Castilla y León estima que haya 90 disponibles.

Para el resto de viviendas prefabricadas –que pueden llegar al máximo de 726 mencionado anteriormente– el periodo de ejecución son cuatro años, coincidiendo con ese horizonte de 2030 comprometido por el Ejecutivo autonómico cuando rubricó con las diputaciones los convenios de colaboración en aras de aumentar el parque en entornos rurales.

El programa de construcción de un millar de viviendas para la venta se suma a otras iniciativas residenciales, según recordaron fuentes de Somacyl. «En la actualidad, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio está gestionando la construcción y rehabilitación de más de 3.000 viviendas, distribuidas en 130 promociones. De ellas, más de 2.000 viviendas corresponden al alquiler en 30 promociones, destacando las 1.098 destinadas al alquiler joven en Ávila, Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, León, Ponferrada, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid, Medina del Campo y Zamora», destacaron.