Castilla y León ultima el registro de objetores al aborto sin incluir a los médicos de familia

La Consejería de Sanidad tiene casi listo el decreto para la creación del Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia ante el aborto tras un año en tramitación. Ya cuenta con el visto bueno del Consejo Consultivo y llegará al Consejo de Gobierno «cuando se conforme el nuevo Ejecutivo» autonómico, explican fuentes del departamento que dirige Alejandro Vázquez. La última versión del texto contempla la posibilidad de que ejerzan este derecho ginecólogos, anestesistas, enfermeros y matronas, dejando fuera a los médicos de familia por no intervenir de forma «directa, necesaria y simultánea» en una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Castilla y León.

Como mínimo, un millar de profesionales de esas especialidades serán susceptibles de declararse objetores en Sacyl. Es la suma de sus 234 ginecólogos, 360 anestesistas y casi 390 matrones (entre hospitales y centros de salud). Además, podrán hacerlo algunos enfermeros de la plantilla, los que intervengan en una interrupción de entre los 6.734 enfermeros de la plantilla.

La opción de que los médicos de cabecera también pudieran declararse objetores quedó recogida en el protocolo nacional consensuado entre las autonomías para la implantación de estos registros. La razón principal es que en otros territorios el facultativo de familia tiene una mayor implicación en la interrupción, pero es menor en Castilla y León. Aquí su papel es importante antes y después de la propia interrupción, acompañando e informando del proceso, derivando a la paciente al especialista, gestionando la baja laboral, si procede, y haciendo el seguimiento asistencial. En todo caso, la no inclusión de medicina de familia «puede ser una ventaja, porque, a mayor número de profesionales –sobre todo si no están directamente implicados– más trabas se pueden poner a que las mujeres ejerzan ese derecho», valora el ginecólogo burgalés Abel Renuncio, vocal de la Sociedad Española de Contracepción.

Explica que en otras comunidades, los circuitos asistenciales incluyen la interrupción dentro de atención primaria, en particular la farmacológica. En Castilla y León, sin embargo, las mujeres son derivadas desde su centro de salud a ginecología (entre otras cosas, para realizar la ecografía que muestra las semanas de gestación). En las áreas de salud de Castilla y León, «esa derivación la hace habitualmente medicina de familia o la matrona», relata Renuncio al subrayar que abrir el registro de objetores a facultativos de cabecera «podría ralentizar esa derivación.

La petición de concretar los perfiles una recomendación de los servicios jurídicos. La Dirección General de Salud Pública acepta la sugerencia de enumerar las especialidades pero deja fuera a los médicos de familia al considerar que no participan de forma «directa», ni tampoco realizan «actos necesarios, anteriores o simultáneos» que resulten imprescindibles para llevar a cabo la intervención, según consta en la memoria del proyecto.

El texto ha pasado ya el último trámite, el del Consejo Consultivo. Emitió su dictamen el pasado 29 de diciembre y, a falta de los últimos retoques que pueda incorporar ahora la Consejería de Sanidad, el decreto definitivo quedará listo para elevarlo al Consejo de Gobierno cuando se conforme el nuevo Ejecutivo, porque estando en funciones el actual debe limitarse al despacho de asuntos ordinarios o urgentes.

De cuajar las actuales negociaciones entre PP y VOX, será el futuro Gobierno de coalición el que delibere, modifique o decida sobre el decreto definitivo. Cabe recordar que la interrupción voluntaria del embarazo es un asunto espinoso dentro de los partidos de derechas y, en particular en Castilla y León, desencadenó en 2023 un encontronazo entre los dos socios de Gobierno a cuenta del protocolo fantasma antiaborto.

Abel Renuncio celebra en todo caso lo avanzado de un registro «largamente demandado y que la ley exigía desde hace mucho tiempo». «Estaremos expectantes y confiemos en que se apruebe pronto», valora.

Cuando por fin se aplique, Castilla y León cumplirá con la obligación legal introducida en 2023 (tras la última modificación de la ley del aborto) de crear un censo confidencial con efectos organizativos que garantice, por un lado, el acceso de las mujeres a esta prestación y, al mismo tiempo, el derecho de los sanitarios a ejercer la objeción de conciencia. Busca también proteger a los facultativos de cualquier discriminación: tanto a los que objetan como a los que no lo hacen, para evitar que su jornada queden relegada a estas interrupciones al ser los únicos del servicio disponibles.

En estos tres años, algunas autonomías han abordado el asunto con mayor celeridad. Cataluña, Canarias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura y Navarra lo aplican o están a punto de hacerlo. Castilla y León quiso esperar a definir un marco común para todas las autonomías, con ese protocolo aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial en 2024.

Otras autonomías se resisten a ponerlo en marcha, como Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid (esta última, acaba de iniciar el proyecto obligada por el Tribunal Superior de Justicia), una inactividad que llevó al Ministerio de Sanidad a presentar sendos recursos en las comunidades díscolas.

La creación de estos registros de objetores persigue evitar que en un servicio sanitario puedan declarase objetores en bloque todos sus médicos, que es lo que en la práctica venía sucediendo hasta la última década.

Tanto en Castilla y León como en el resto de España, donde el aborto es legal para determinados plazos o supuestos desde 1985, la mayoría de los casos se derivan a clínicas privadas de forma sistemática bajo el argumento de que no hay personal disponible. Los últimos datos disponibles, de 2024, indican que sólo el 21% de los 106.172 abortos practicados en España fueron en la red pública. En Castilla y León ese porcentaje es aun menor, el 15,5% (pese a duplicarse respecto a 2023, cuando fue del 8,95%). En 2024, de las 3.175 interrupciones practicadas, fueron 491 las realizadas en la red pública.

Ese porcentaje ha ido despegando en los últimos años gracias a la incorporación de sanitarios dispuestos a practicar esa prestación en instalaciones de Sacyl, lo que ha permitido acreditar a nuevos hospitales públicos a la red. El primero de Sacyl en asumir esta prestación fue el de Miranda de Ebro, en 2011. En 2022 se autorizó al hospital de Burgos y dos años más tarde se sumaron los de Aranda de Duero y Salamanca.

A falta del registro formal, en Sacyl 141 de sus 234 ginecólogos se oponen a practicar abortos, según los últimos datos de la Consejería. Representan el 60%. Hace sólo tres años eran el 80%.

Ante esa falta de recursos propios, la Junta viene concertando el grueso de estas intervenciones con la sanidad privada. La mayoría con Ginemédica, en Valladolid, la adjudicataria habitual de los contratos de varias gerencias. También externaliza el procedimiento con Isadora, en Madrid, adonde remite a las sorianas que ponen fin al embarazo (el 97% de las interrupciones de Soria se realizan en la autonomía vecina).

Otras clínicas privadas (Buenavista, en León, e Hipatia, en Salamanca) también están autorizadas aunque sin concierto con Sacyl. De hecho, muchas mujeres acaban pagando de su bolsillo en otros centros por una prestación gratuita: el 42% de las pacientes de Castilla y León pagó los entre 400 y 1.600 euros que cuesta en clínicas privadas, sobre todo para evitar desplazamientos a otras provincias.