Martínez, contra el "acuerdo de la vergüenza" y "racista" de PP y VOX: "Quieren desmontar el Estado de Bienestar"

El acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y VOX es ya una realidad en Castilla y León, y una vez hecho públicos tras su firma este mismo miércoles, llegó el momento de la previsible cascada de valoraciones acerca del mismo. La más dura, la del secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, quien aseguró que se trata de un "acuerdo de la vergüenza" que además es "racista" y que pretende "desmontar el Estado de Bienestar".

Apenas una hora después de que finalizara el acto de presentación del pacto que protagonizaron el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán (VOX), Martínez ofreció una rueda de prensa para arremeter contra el documento y, especialmente, contra el que repetirá como presidente de la Junta desbloqueada por fin la investidura. Así, Martínez defendió que Mañueco "ha pactado su sillón" a través de un documento, agregó, "claramente elaborado desde Madrid".

En este sentido, el líder de los socialistas autonómicos destacó que el pacto incluye algunas "cuestiones alarmantes", como es "la desaparición como consejerías de Ordenación del Territorio, Vivienda e Igualdad", y a pesar de que en su opinión estas áreas están relacionadas directamente con los problemas que sufre Castilla y León.

"Las prioridades de los castellanos y leoneses son otras muchas que no se recogen", trasladó Martínez y ligando esta afirmación a una crítica ante la "prioridad nacional" que recoge el acuerdo de gobierno. "La inmigración no es el problema", aseveró el dirigente socialista, a lo que agregó que con ese concepto lo que pretenden PP y VOX es "generar mayores conflictos" y un "debate ficticio". Es más, aseguró que el concepto de "arraigo" que se pretende implementar como criterio en la asignación de ayudas es "una discriminación más".

Es más, a este mismo respecto el secretario general del PSOECyL apostilló que Mañueco "es consciente de que está suscribiendo algo cuyo desarrollo va a confrontar con la legalidad", aunque lo hace igualmente "para no hablar de los problemas reales de la ciudadanía". "El PP ha dejado de ser un partido de estado", remachó.

Por todo ello, Carlos Martínez insistió en que "el documento se atiene a los postulados de la extrema derecha" y que incluye "principios de desmantelamiento del Estado de Bienestar", así como medidas que buscan "cargarse el 50% de las ayudas para mantener el Diálogo Social.

También auguró Martínez "poco futuro a este gobierno" porque, en su opinión, no tardarán en surgir las primeras desconfianzas. "No abordar los problemas de Castilla y León va a provocar tiranteces".

Miriam Andrés

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Palencia, Miriam Andrés, calificó el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para formar Gobierno en Castilla y León como "más de lo mismo", y criticó que llegue tras "82 días de desgobierno y de vacaciones" para rubricar, a su juicio, un acuerdo marco similar a los ya suscritos por ambas formaciones en otras comunidades autónomas.

Andrés consideró que el pacto supone una "plegada de intereses" del Partido Popular ante las directrices ideológicas de Vox, y lamentó que la principal preocupación del Ejecutivo autonómico no sea afrontar los problemas demográficos y laborales de la Comunidad. En este sentido, sostuvo que es "una lástima" que la prioridad del PP de Castilla y León no sea evitar que los jóvenes sigan abandonando la Comunidad para buscar oportunidades laborales en otros territorios del país.

La dirigente socialista señaló, además, que el acuerdo evidencia la dependencia del Partido Popular respecto a Vox en la política autonómica y mostró su preocupación por las consecuencias que pueda tener en determinadas políticas públicas. Por ello, anunció que el PSOE permanecerá vigilante para evitar cualquier “retroceso en derechos y libertades en Castilla y León”, señaló en declaraciones recogidas por Ical.

UGT

También se produjo este miércoles la reacción al pacto de gobierno del secretario general de UGTCyL, Óscar Lobo, quien ha convocado para este jueves de forma extraordinaria el Consejo Autonómico de la formación, para analizar “el tremendo impacto negativo que, indudablemente, tendrá el pacto de gobierno firmado entre el PP y Vox en Castilla y León para los intereses de las personas trabajadoras y de toda la ciudadanía castellana y leonesa”. Desde UGT subrayan: “Esta situación ya la hemos vivido hace cuatro años y estamos ante la fotocopia de un fracaso. Como un spoiler que arruina las expectativas de una película porque ya sabemos que será un fracaso”.

En un comunicado del sindicato recogido por Ical, señaló que el nuevo acuerdo entre PP y Vox “es un regreso al pasado, a la etapa más negra de la historia de esta Comunidad”, y a “una fórmula que solo trajo perjuicios para la ciudadanía de esta autonomía y dejó como resultado un desastre en la gestión por parte de la ultraderecha y un clima social de confrontación que costó muchos meses superar”.

Para la organización sindical, “no tiene ningún sentido que se vean condicionadas las políticas públicas de esta Comunidad por los caprichos de una formación que solo representa a una sexta parte de los votantes y que tiene como objetivo implantar en Castilla y León las políticas reaccionarias de Trump y el recorte drástico de derechos de la motosierra de Milei”.

“La ultraderecha pretende atacar a los sindicatos por lo que defienden y por lo que representan. Porque quieren que las personas trabajadoras se encuentren indefensas y no puedan defender sus derechos ante los abusos del poder y las actuaciones de las élites económicas”, añaden además de advertir que “vienen con ansias de venganza y el resultado de este pacto será nefasto para toda la sociedad”.

Por esa razón, añaden, “no solo les sobran las organizaciones que defienden a los trabajadores, sino también las entidades sociales, que dan protección a los más desfavorecidos”. “Lanzan su odio contra ONGs que cuidan de las personas inmigrantes, como Cáritas; y contra asociaciones como Cruz Roja, que atiende a personas mayores o a personas con dificultades de movilidad. Es una derecha que carece del más mínimo sentimiento humanitario para con los débiles, como ya ha demostrado sobradamente el ídolo norteamericano al que imitan”, remachan.

Soria Ya

El procurador de Soria Ya en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, puso en duda la estabilidad del acuerdo alcanzado entre PP y Vox para gobernar la Comunidad, y consideró que "probablemente no llegue a los dos años", al entender que las citas electorales previstas para 2027 dificultarán la continuidad del pacto.

Ceña realizó estas declaraciones tras conocer el contenido del acuerdo suscrito por ambas formaciones, un documento de 62 folios cuya negociación se prolongó durante cerca de 80 días. A su juicio, el resultado evidencia una falta de ambición política y de trabajo previo. "No sé si será un gobierno estable, pero desde luego productivo no parece, porque llevan 80 días para un pacto de 62 folios. Mucho no han trabajado", afirmó.

El procurador sorianista lamentó, además, que la despoblación, que definió como el principal problema de los sorianos y de Castilla y León, no figure entre los asuntos prioritarios destacados durante la presentación del acuerdo. "Cuando han mencionado y desglosado los principales objetivos del pacto, el principal problema que tienen los sorianos y los castellanos y leoneses, que es la despoblación, ni lo han mencionado", criticó.

Por ello, sostuvo que "poco cabe esperar de este pacto" para afrontar uno de los retos más importantes de la Comunidad. Asimismo, insistió en sus dudas sobre la duración del acuerdo. "Con todas las convocatorias electorales que vienen el año que viene no creo que le den mucha estabilidad a este Gobierno. Probablemente no llegue a los dos años", precisó.

Ceña avanzó que Soria Ya estudiará con más detalle el contenido del documento antes de realizar una valoración más profunda, aunque ya anticipó que el texto incorpora planteamientos similares a los incluidos en los acuerdos de gobierno alcanzados por PP y Vox en otras comunidades autónomas como Aragón y Extremadura.

En este sentido, mostró su rechazo a algunos de los conceptos recogidos en el pacto como la prioridad nacional y contrapuso esa visión a las reivindicaciones de la plataforma. "Nosotros queremos una prioridad soriana, que se reconozca a Soria como un hecho singular y que se le privilegie. Sin embargo, este pacto habla demasiado de prioridad nacional, un concepto que casi nadie entiende", concluyó.

Asaja

Asaja de Castilla y León valoró de forma positiva el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para conformar el nuevo Gobierno autonómico, al considerar que aporta estabilidad política tras las elecciones de marzo y permite afrontar los retos pendientes del sector primario. La organización destacó especialmente la creación de una "macroconsejería" de Agricultura que incorporará también competencias relacionadas con la política ambiental y la gestión de la caza.

La organización agraria recordó que venía reclamando la constitución de un Ejecutivo con plenas funciones para abordar los problemas que afectan a agricultores y ganaderos de la Comunidad. En este sentido, consideró especialmente relevante que la nueva estructura administrativa reúna bajo un mismo departamento las competencias agrarias y ambientales, incluyendo cuestiones vinculadas a las autorizaciones ambientales y a la gestión cinegética.

La organización agraria subrayó que la gestión de la fauna salvaje mantiene una estrecha relación con la actividad agraria por los daños que ocasiona en los cultivos, los ataques al ganado y la transmisión de enfermedades. Por ello, defendió que la nueva consejería disponga de los recursos humanos y económicos necesarios para asumir con garantías las nuevas responsabilidades que tendrá encomendadas.

Respecto a los futuros nombramientos, la organización confió en que los partidos que integrarán el Gobierno, y especialmente Vox al asumir esta área, acierten con el perfil de la persona que estará al frente de la consejería.

No obstante, Asaja mostró algunas reservas sobre el contenido del acuerdo. Consideró que buena parte de las medidas planteadas en materia agraria y medioambiental constituyen declaraciones de intenciones, carecen de plazos concretos y no incorporan compromisos presupuestarios definidos. Asimismo, advirtió de que algunas propuestas exceden las competencias de la Junta y podrían generar conflictos entre administraciones.

En materia fiscal, la organización recibió favorablemente las medidas orientadas a reducir la carga tributaria sobre familias y empresas del medio rural, especialmente la promesa de rebajar los impuestos en la transmisión de explotaciones agrarias y fincas rústicas, así como el mantenimiento de la bonificación del 95 por ciento en las tasas veterinarias.

También calificó de “ambicioso” el planteamiento recogido en el acuerdo sobre política hidráulica, aunque recordó que muchas de las competencias en esta materia corresponden a la Confederación Hidrográfica del Duero y, por tanto, al Gobierno central. Del mismo modo, consideró positiva la intención de proteger el suelo agrícola frente a proyectos fotovoltaicos impulsados por fondos de inversión, si bien señaló que parte de la regulación depende igualmente de la Administración del Estado.

Finalmente, la organización agraria expresó su deseo de que la formación del nuevo Ejecutivo se complete en el menor plazo posible para que puedan nombrarse los altos cargos pendientes y comenzar a trabajar en la resolución de los problemas que afectan al sector agrícola y ganadero de Castilla y León.