El PSOE asume que Junts decida la política migratoria de Castilla y León
La debilidad del gobierno de Pedro Sánchez tiene como resultado que cualquier decisión que tenga efectos sobre las comunidades autónomas sea fuente de conflicto y controversia. Y el peso de la culpa recae sólo sobre el ejecutivo de un Sánchez cautivo y desarmado por el chantaje del independentismo de Junts y los amagos a los que le somete constantemente Carles Puigdemont desde su retiro dorado, pero ya aburrido, de Bruselas.
El reparto de menas (menores extranjeros no acompañados) para Castilla y León, como para el resto de autonomías, ni lo puede decidir Junts ni lo puede comunicar Junts sin conocimiento de los receptores. El debate sobre la inmigración ordenada no puede estar trufado de acuerdos secretos con los independentistas que tienen sometido al gobierno. Requiere, primero de diálogo y después de transparencia. La Junta, a estas alturas, con el reparto de niños mercadeado por Junts a su antojo, no sabe el número que tendrá que acoger. Y fundamentalmente debería saberlo para gestionar la atención a estos chicos y chicas, porque es algo que se contempla en la declaración de derechos humanos, y es la obligación de cualquier sociedad civilizada. Pero con conocimiento de causa y efecto. Hasta tal extremo es oscurantista el acuerdo alcanzado por el ejecutivo, con su ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, que la cifra de menores migrantes que corresponde a Castilla y León la desconoce hasta la Delegación del Gobierno de Castilla y León. Lamentable las constantes formas y maneras de emplearse del este ministerio.
La gestión de la migración ordenada no se puede hacer en cuartos oscuros y monólogos de dos. Deben participar las autonomías, que son al final las que tienen que hacerse cargo de las personas en sus territorios. De eso el gobierno no sabe. O no le deja Junts, que vive de alardear continuamente de su capacidad de arrodillar al gobierno central, sometido por su inestabilidad.
No estaría de más que el PSOE de Castilla y León se pronunciara sobre este asunto, que es un asunto de comunidad. Pero no para sacar el comodín de la extrema derecha o la xenofobia inexistente. Sería bueno que se pronunciara fundamentalmente a favor de Castilla y León, que es mucho más que la Junta, el PP o la ideología. Tampoco vamos a pedirle al PSOE de Carlos Martínez que exija elecciones anticipadas a Sánchez por la falta de presupuestos o su endeble inestabilidad, certificada cada dos por tres por la voracidad de Junts y sus caciques. Pero un poco de coherencia, sí. Al menos no debería asumir con sumisión orgánica que Junts decida la política migratoria de Castilla y León.