Una sentencia vergonzante contra las Cortes de Castilla y León
Vergonzante. Sólo así puede calificarse la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Esa que ordena a la Mesa de las Cortes, que preside Carlos Pollán de VOX, a reponer en su puesto a la funcionaria que denunció por acoso al jurídico. Un auto vergonzante para las Cortes, mucho más si se tiene en cuenta que se trata del legislativo, y de las que habrá más tal y como ya anunciaba este periódico. Sentencia que recae sobre la Mesa del parlamento autonómico y cuyas costas se van a tener que pagar con el dinero público que es de todos los ciudadanos. Una Mesa en manos de un jurídico, el secretario general y letrado mayor, Marcos Herrero, a quien protege el presidente Carlos Pollán.
La gravedad de la sentencia contra las Cortes, ahora conocida, es de tal magnitud que se evidencia no sólo en el hecho de que en ella el TSJCyL mandate a reponer en el puesto a la funcionaria que denunció al jurídico, sino que además envía todo al juzgado de Valladolid que instruye la causa contra el letrado mayor ante la posibilidad de la existencia de un ilícito penal. No puede ser. El presidente de las Cortes tiene que dedicarse a la gestión del Parlamento autonómico, que es mucho más que la gestión de los hinchables para una fiesta. Es vergonzante y llueve sobre mojado. Y todo por la opacidad, falta de transparencia y los escándalos como el del uso de los BMWs oficiales que rodean a la Mesa de las Cortes. Se ha dejado la Mesa de las Cortes, un órgano opaco, en manos de un indocumentado. Visto lo visto en esta sentencia del TSJ, que no será la última, el letrado mayor Marcos Herrero no debería seguir ni un minuto más en su puesto.
Pero el problema no es tanto de él, que también, sino de quien le está permitiendo todas sus actuaciones. Él jurídico puede ser el cupable, pero no es el responsable. Lo son el presidente y los miembros de la Mesa de la Cortes, donde sólo los dos representantes del PP en el órgano de gobierno de la Cámara autonómica han alzado la voz y lo ha hecho hasta por escrito.
La sentencia del Contencioso Administrativo del alto tribunal de Castilla y León retrata al letrado mayor del Parlamento, pero también al presidente y a la Mesa de las Cortes. Y lo hace con un auto vergonzante, que habla incluso de posibles ilícitos penales, para quien es el poder legislativo de la Comunidad.