Dos nuevas denuncias por más agresiones en Justicia

El personal adscrito a la Administración de Justicia de Soria vive una situación de notable incertidumbre y falta de seguridad, agravada durante los últimos meses en los que han menudeado los episodios de violencia, en sus distintas manifestaciones, contra los integrantes de este servicio. Tanto es así que hoy se presentan ante la Inspección de Trabajo dos nuevas denuncias relativas al caso de amenazas sufrido por la jueza de Almazán el pasado mes de abril y al padecido por una trabajadora del Decanato de Soria, a la que un hombre, sin mediar palabra, rompió la nariz por cuatro sitios diferentes, el pasado 5 de julio, a pesar de que no se había encargado directamente ninguno de sus asuntos pendientes en sede judicial y habiendo tenido exclusivamente un contacto visual.

Estas dos denuncias se suman a la ya presentada por otra caso de amenazas directas a una trabajadora del registro civil, también en abril. Según diversas informaciones, la autoría de este hecho también estaría relacionada con la misma personas que protagonizó la agresión de hace tres semanas.

La suma de todos estos incidentes ha hecho que la junta de Personal de funcionarios de la Administración de Justicia de Soria, haya convocado también para hoy una concentración a las puertas del Palacio de Justicia de la capital «para expresar el apoyo a la compañera agredida y reclamar un protocolo de seguridad al Ministerio de Justicia», manifestó Javier David Sanz de la Cal, presidente de la Junta de Personal de la Administración de Justicia en Soria, quien considera «que ha llegado el momento de que se pongan las pilas en materia de seguridad» ante la deriva que parece estar tomando la situación en la provincia.

Es por ello que se urge la adopción de medidas disuasorias como modo de freno. Entre las que se barajan, más allá del incremento de la vigilancia y seguridad, está, a modo de propuesta, «el valorar la conveniencia de que personas de conflictividad acreditada pudieran ser acompañados durante su estancia en sede judicial» para tratar de impedir que una falsa sensación de libertad e impunidad pudiera derivar en situaciones de mayor gravedad. Junto a los casos expuestos, el día a día deja un rosario de situaciones comprometidas con las que el personal tiene que enfrentarse. En su mayoría «tienen que ver con personas que se sobrepasan con el tono y las formas».

Con todo, la Junta de Personal de la Administración de Justicia en Soria tampoco quiere dejar pasar la oportunidad de colocar bajo el foco informativo la especial situación que se vive en los juzgados de El Burgo de Osma y Almazán, que presentan características y tipologías muy concretas que «sin ningún género de dudas» harían muy recomendable la adopción de medidas adicionales con las que poder dotar de un mayor grado de seguridad a ambas instalaciones.

Con este motivo, se remitió una carta a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Burgos, solicitando que se proporcionarse «la puesta a disposición» de personas con «capacitación en Seguridad» al menos durante los horarios de atención al público y durante el servicio de guardia».

La respuesta que se recibió, con fecha 3 de mayo de este año, indica que el Ministerio de Justicia al adjudicar el servicio de seguridad de los órganos judiciales optó «debido a  que las disponibilidades presupuestarias no lo permitían» a no contratar el servicio de seguridad en los edificios llamados de tercer nivel, los de único juzgado u otro órgano judicial, como es el caso de los de El Burgo y Almazán, reclamados por la Junta de Personal. Eso sí, como cierre, apuntan que la solicitud se remitirá a la  Subdirección General de Recursos Económicos de la Administración de Justicia.

Por el momento, todos los pasos que se han dado en esa dirección, han resultado baldíos.  Puestos en contacto con el Ministerio de Justicia para recabar una confirmación del incremento de los episodios de violencia y de la falta de dotación presupuestaria para abordar las necesidades de El Burgo y Almazán, al cierre de esta edición, no se recibió respuesta alguna por parte ministerial.