El Palacio de Justicia tendrá nuevo protocolo de seguridad

La reunión celebrada ayer en la Audiencia Provincial de Soria, con la idea de intentar atajar los episodios de inseguridad vividos en distintas sedes judiciales de la provincia, supuso un importante paso adelante toda vez que José Manuel Sánchez Siscart, presidente de la Audiencia Provincial de Soria, y los representantes de la Junta de personal de funcionarios, acordaron el desarrollo por escrito de un nuevo protocolo que servirá para aumentar la protección del personal adscrito a la Administración de Justicia en la capital, ámbito de responsabilidad de Sánchez Siscart.

El protocolo de actuación a desarrollar prevé que el personal pueda «reportar» cualquier «incidencia» que se pueda dar «en el interior del Palacio de Justicia», matizó el presidente de la Audiencia Provincial. La idea es la de garantizar en el mayor grado posible la seguridad en el recinto, razón por la que se impulsará la creación de un archivo de personas que tengan acreditado «un trato inadecuado» para que, eventualmente, puedan ser «acompañados por la fuerza pública durante su estancia», explicó Javier Sanz, en su calidad de presidente de la Junta de Personal de funcionarios.

La reunión, asimismo, sirvió para asumir un completo análisis de las situaciones más recientes «para ver el modo en el que podemos mejorar las condiciones de lo que no deja de ser un edificio público» y que está dentro de un «contexto» general de «agresividad» que también tiene su presencia en otros sectores profesionales «tal y como sucede en Sanidad, Educación y con los funcionarios», recordó Sánchez Siscart, que también garantizó que el asunto «se seguirá de cerca, porque estaremos muy pendientes».

En cualquier caso, quiso poner en valor «el trabajo correcto y eficaz» que se presta «desde hace 15 años en los juzgados de Soria», matizando las singularidades que presentaban las dos personas responsables de los episodios de violencia habidos.

Por su parte, los representantes de los trabajadores, quisieron agradecer el talante receptivo y ejecutivo del presidente de la Audiencia Provincial, que la semana pasada ya mostró su apoyo a las reclamaciones del colectivo.

A pesar del acuerdo logrado para Soria, Sanz recordó que «todavía está pendiente la situación de Almazán y El Burgo, «porque es un asunto que no depende de Sánchez Siscart, que no puede hacer nada para la contratación de fuerza pública que es una competencia exclusiva del Ministerio de Justicia».

En este sentido, se avanzó que el asunto de ambos juzgados no se dejará de la mano y que se seguirán realizando peticiones para dotar de la seguridad necesaria a ambas sedes judiciales. Entre los escenarios plausibles está el de intentar ampliar el convenio existente entre Interior y Justicia para dotar, como en el caso de Soria, de agentes de la Guardia Civil a ambas instalaciones, algo que hasta el momento ha sido rechazado. Las peticiones a la Gerencia de Burgos tampoco está previsto que vayan a quedar en el olvido.

Por último, Sanz confirmó que todavía no se ha tenido respuesta por parte de la Inspección de Trabajo a las distintas demandas que se han presentado.