Seis familias se benefician de las ayudas por pobreza energética

 La pobreza energética gana terreno en Soria. Tanto es así que en los últimos meses se ha pasado a tener en la provincia, según los datos facilitados por la Junta de Castilla y León, 21 personas, pertenecientes a 6 familias, que se han beneficiado de los convenios suscritos con las compañías suministradoras, entre los meses de enero y septiembre de este año en curso.

Este ‘censo’, que recoge a las familias sorianas en situación de vulnerabilidad eléctrica se ha obtenido tras haber recabado los datos emanados de las Administraciones locales y de los servicios de apoyo más próximos a los ciudadanos afectados. Todo con la pretensión de evitar que las unidades familiares con problemas objetivos eviten la suspensión en el suministro energético y de gas o a asegurar su inmediato restablecimiento en el caso de que se haya suspendido el suministro por impago de la factura .

Estos nuevos datos destierran el escenario anterior en el que no se registraba oficialmente en la provincia ningún usuario con necesidad de recurrir a los convenios para la paralización temporal del corte de suministros energéticos con ninguno de los grandes operadores.

Especialmente llamativa resultaba la información que en su día facilitó Endesa a este periódico, indicando que no habían tenido que atender caso alguno de vulnerabilidad energética «porque no hemos recibido por parte ni de instituciones (supramunicipales) ni de Ayuntamientos peticiones para suscribir acuerdos específicos en esta materia».

Como es conocido, hace unos meses Junta, Iberdrola y la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) suscribieron un acuerdo de carácter regional que establecía los mecanismos necesarios para evitar la suspensión del servicio eléctrico por impago por parte de los vecinos. Ayer se sumó Viesgo.

El primer acuerdo, del mes de julio de 2015, se ha ido extendiendo con la idea de poder ofrecer «mayor protección» a las familias y personas más vulnerables de la Comunidad y Soria. Eso al menos es lo que pretende la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades con iniciativas encaminadas «a que ninguna persona y ninguna familia se quede sin electricidad, gas, calefacción o agua caliente en sus casas».

Desde la Junta de Castilla y León siempre se ha argumentado que la Administración regional ha liderando acuerdos, que están siendo referencia a nivel nacional, que permitan mejorar y aumentar la protección a aquellos que estén en una situación más vulnerable».

El procedimiento de solicitud de suspensión o reanudación de suministro se canaliza a través de los CEAS, puerta de acceso al sistema de Servicios Sociales. Es el profesional del CEAS el que gestiona la solicitud, tras realizar una valoración técnica de la situación en la que se encuentra la persona o la familia. Si existe corte de suministro o es inminente que se produzca, el profesional realiza la solicitud a las empresas eléctricas de paralización o levantamiento del corte. La empresa se compromete a mantener o reanudar de forma inmediata el suministro mientras se gestiona la concesión al usuario de la prestación económica con que abonará la deuda.