La gestión de la dependencia incrementa el acuerdo marco
La cofinanciación de los servicios sociales añade dos contratos de duración anual
Atención básica, dependencia y familia son las áreas del acuerdo.-Luis Ángel Tejedor
El acuerdo marzo de servicios sociales, es decir la colaboración de la Comunidad con el Ayuntamiento en la materia, experimentará en 2018 un incremento de 43.000 debido al refuerzo en la gestión de la dependencia. Con esta cantidad adicional será posible mantener dos contratos de duración anual en 2018 y 2019, técnicos destinados a valorar tales situaciones y otras relacionadas con la renta garantizada. De esta manera, la partida de 2017, 21.500 euros con dos personas contratadas por cuatro meses, se incrementa a 64.500. Existía un cierto atasco en las tramitación y el objetivo de la elevación es «agilizar las listas», señaló la concejala de Acción Social, Ana Alegre. A estas dos personas se une otra decena como personal técnico, de manera que los equipos de acción social básica comprenden 380.000 de los 1,4 millones del acuerdo.
El Consistorio dio recientemente el visto bueno a la cofinanciación de la Junta, con un periodo trienal que va de 2017 a 2019. El ligero incremento de 2018, que se mantiene en el siguiente ejercicio, es la novedad del pacto, que en cambio no modifica las condiciones de pago. Es decir, en la anualidad en curso el Consistorio recibe un anticipo y en la siguiente el resto, una vez justificadas las acciones. De momento, explicó Alegre, de 2017 aún no consta la cantidad correspondiente.
El sistema viene contemplado por la Ley de Subvenciones, que contempla los adelantos y el posterior abono del resto a la justificación de la actividad. Sin embargo, en materia de servicios sociales «estamos hablando de un anticipo que no tiene mucho sentido», lamentó Alegre. Con esta técnica el Ayuntamiento tiene que recibir por estas fechas el 25% del total del año y en 2018 el otro 75%.
El calendario y los porcentajes se han modificado con el paso del tiempo. Hace años, recordó la concejala, la primera cantidad llegaba en junio y suponía el 50%. «Es una atención que se hace a la ciudadanía de unos derechos subjetivos que tienen», explicó la concejala, y «es hora de que se planteen que el acuerdo marco es más que unas subvenciones».
Además del personal, el pacto comprende otras dos grandes áreas: la atención a las situaciones de dependencia y la red de protección a la familia. En el primer caso, la cifra asciende a 742.000 euros para el apoyo familiar y técnico, la formación de cuidadores no profesionales, la ayuda a domicilio y la teleasistencia. En cuanto a la red, se destinan 348.000 euros. Aquí se incluye el programa de inclusión social y las prestaciones de necesidades básicas de subsistencia, situaciones de deuda hipotecaria y de apoyo a la mujer embarazada en situaciones de vulnerabilidad. El área se completa con los apoyos a la infancia y las actuaciones preventivas para familias con menores en situación de riesgo.
El acuerdo «debe gestionarse de otra manera» en cuanto a los plazos, sostuvo la concejala de Acción Social, quien puso en valor la labor de los trabajadores en la «atención a la ciudadanía». En las justificaciones la Junta no ha atendido las reclamaciones de Soria y otros consistorios concernidos para modificar el calendario. Las acciones «se podrían justificar perfectamente cada tres meses», consideró Alegre. «Ya toca que cambien este modelo», aseguró.