Las ejecuciones hipotecarias se sitúan en el nivel de antes de la crisis

Un año con un número de ejecuciones hipotecarias reducido como no se había dado desde hacía años. Los juzgados de primera instancia e instrucción de Soria iniciaron en 2017 un total de 17 procedimientos, un dato que habría que remontarse a antes de que comenzara el largo periodo de dificultades económicas para encontrar algo parecido. Es la conclusión que se extrae de la estadística sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales, dada a conocer ayer por el Consejo General del Poder Judicial, que señala una reducción del 50% para la provincia, teniendo en cuenta los 34 procedimientos tramitados en el ejercicio precedente. Los 17 del año pasado se sitúan incluso por debajo de 2007, cuando las complicaciones hicieron sentir su efecto en el último tramo de aquella anualidad. Entonces el Consejo contabilizaba 20 procesos encaminados a la venta forzosa de un inmueble gravado con una hipoteca como consecuencia de no haber cumplido el deudor con sus obligaciones. En 2008, primer año completo de crisis, la cifra se había elevado a 42.

La caída del 50% en Soria es claramente más acusada que el promedio nacional situado en el 37,8%, según la estadística judicial. Las 30.094 ejecuciones contrastaron con las 48.410 de 2016. Prácticamente en todas las Comunidades Autónomas se apuntaron a los descensos, con la única excepción de Cantabria, donde las situaciones se incrementaron en un 2,1%. En La Rioja, Navarra, Cataluña y Aragón las disminuciones superaron el 50%, informó el Consejo.

La magnitud más elevada en la provincia de Soria se alcanzó en 2013, con 77, un nivel casi idéntico al de 2010, con 76. Tras el pico de 2013, en los ejercicios sucesivos los procedimientos fueron ya a la baja. La estadística sobre los efectos de la crisis cerró el año con las anotaciones correspondientes al cuarto trimestre.

En el periodo comprendido entre octubre y diciembre los juzgados sorianos conocieron dos procedimientos, los mismos que en el trimestre precedente. La franja del año pasado con más actividad en ejecuciones se dio entre enero y marzo, con ocho.

Desahucios, dos más

En cuanto a los lanzamientos practicados por los juzgados, la referencia del Consejo se sitúa a partir de 2013. Con este arco temporal cabe señalar un nivel similar al de las últimas anualidades, con la excepción de 2013, cuando se realizaron 102. En 2017 las situaciones de desahucio se situaron en 72, dos más que en 2015 y 2016 y nueve menos que en 2014. La mayor parte de los casos, 20 de los 72 el año pasado, se relacionó con impagos hipotecarios, mientras que otros 51 tuvieron que ver con incumplimientos en el arrendamiento.

El ligero ascenso en la provincia representó una tendencia contraria a la media nacional. Con 60.754 lanzamientos en el conjunto de España, en 2017 se registró un descenso del 3,6%. La estadística del Consejo recuerda que los lanzamientos no sólo afectan a viviendas y tampoco en este caso de manera exclusiva a la habitual. El alza en los desalojos se debió principalmente a las debidas a impagos de alquiler, que se incrementaron en un 4,3%. Los vinculados a ejecuciones hipotecarias bajaron un 15,4%. Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana fueron, por este orden, donde más se practicaron.

La crisis también está representada en la estadística judicial por lo sucedido con empresas y personas físicas en relación a los concursos. Durante el año pasado los llevados a cabo contra quienes no pudieron cumplir sus obligaciones se limitaron a cuatro. La cifra prácticamente iguala con la acumulada en 2008, con el malestar en la economía ya presente en todo el ejercicio, cuando se contaron cinco. Constan dos más que en 2007.

Dos de los cuatro concursos fueron tramitados por la jurisdicción Mercantil. Los otros dos, al referirse a personas naturales no empresarios, correspondieron a los juzgados de primera instancia e instrucción. En el periodo analizado por el Consejo General del Poder Judicial el máximo en Soria fue de 20 concursos, magnitud que se alcanzó en 2012 y 2014. En 2008 se registraron ocho en total, ninguno tramitado en los juzgados de primera instancia.

De manera que en la provincia los concursos disminuyeron a la mitad. Nada comparable a lo que aconteció en el conjunto de España en 2017. El seguimiento estadístico señala un crecimiento del 7,9% en estos procedimientos, hasta llegar a 7.594. De ellos, 2.237 fueron protagonizados por personas físicas sin actividad empresarial. Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid se colocaron a la cabeza en estos procesos.