La CHD abre 35 expedientes sancionadores en la provincia

Vertidos, navegación sin licencia, obras no autorizadas o incumplimiento de restricciones de riego son las causas principales de los expedientes sancionadores incoados por la Confederación Hidrográfica del Duero, CHD, a lo largo del año pasado en la zona de la provincia de Soria que pertenece a la cuenca del Duero. En total fueron 35 los expedientes abiertos, tramitados tanto por denuncias formuladas por el propio personal de vigilancia del Dominio Público Hidráulico de la Confederación como las efectuadas por otros agentes de la autoridad, además de otras propuestas de sanción elaboradas por distintas Áreas de la Comisaría y por la Dirección Técnica, junto con los escritos de particulares en los que se denuncian presuntas infracciones.

Según informaron fuentes de la CHD, el mayor número de expedientes se abrieron por navegación sin autorización, exactamente una docena, ya todos resueltos. Se da la circunstancia de que no todas las embarcaciones están autorizadas a navegar por cualquier punto de la cuenca, ya que quedan restringidos, por el reglamento, algunos vehículos como las motos náuticas en 40 de los 50 embalses que aglutina la Confederación Hidrográfica del Duero, incluido el soriano de la Cuerda del Pozo.

Otros nueve expedientes sancionadores fueron incoados por el vertidos en distintos puntos de la cuenca del Duero, seis de ellos ya resueltos y otros tres en tramitación. Desde la Asociación para el Estudio y Defensa de la Naturaleza, Asden, se han tramitado la mitad de estas denuncias por vertidos, principalmente en Soria capital, en el término municipal de Garray y en el de Almazán, vinculadas sobre todo a problemas con las estaciones depuradoras de aguas residuales, EDAR.

Es el caso de la de Soria, explicó el portavoz de Asden, Carlos González, que ha provocado más denuncias por parte de la asociación en años anteriores. González recuerda también la presencia de «una especie de galletas de residuos flotando en el río Duero», perfectamente visibles desde la orilla.

En Garray los vertidos detectados por los ecologistas se ubicaron cerca de una fábrica y otros procedentes de la depuradora municipal, construida también para dar servicio a la Ciudad del Medio Ambiente. «Se denunció porque lo que salía de la EDAR estaba claro que no estaba depurado», indicó el portavoz, quien añadió que en Almazán el problema tuvo que ver con el colector.

Los expedientes sancionadores por incumplimiento de las condiciones de autorizaciones o concesiones sumaron cuatro a lo largo de 2017, tres ya resueltos, según la CHD. En este apartado también intervino Asden para denunciar la ocupación de zona de dominio público, ya que la Ley de Aguas determina que ha de dejarse un espacio de cinco metros hasta el río para que se pueda producir el paso de personas.

La colocación de una valla en una construcción situada a la orilla del Duero a su paso por la capital, en torno a la ermita de San Saturio, fue el objeto de la denuncia. Es más, matizó al respecto González, el Plan Hidrográfico de la Cuenca del Duero determina que el espacio que ha de dejarse libre para el paso debe ser de 15 metros.

Asimismo, dos expedientes sancionadores tuvieron como causa el incumplimiento de restricciones de riego en los momentos en los que la falta de agua obligó a imponer limitaciones. Varios ayuntamientos restringieron también su uso para el riego sobre todo durante el verano del año pasado cuando el pantano de la Cuerda del Pozo se encontraba (en agosto) al 31% de su capacidad.

Por último, otros ocho expedientes estuvieron motivados por incumplimientos debido a obras no autorizadas o uso de agua sin concesión. De esos ocho, cinco están ya resueltos y tres en tramitación. Uno de esos casos fue el hormigonado de un arroyo procedente de la zona de Valcorba, en la orilla de la carretera, explicaron desde Asden.

Según la Confederación Hidrográfica del Duero, la mayoría de los expedientes sancionadores que abre en la cuenca concluyen con la imposición de una sanción económica, y muchos de ellos con la obligación además de indemnizar los daños causados al dominio público hidráulico.

Con independencia de las sanciones y obligaciones de carácter económico, se imponen en numerosos expedientes obligaciones de hacer determinadas actuaciones encaminadas a garantizar la restitución del dominio público hidráulico y sus zonas de afección a su estado anterior (eliminación de obras e instalaciones no autorizadas, cegado de pozos, retirada de escombros…).