La Red de Protección de la Junta atendió a 6.036 sorianos en 2017

Un total de 6.036 sorianos recurrieron durante el pasado año a algunas de las herramientas previstas en la Red de Protección a familias afectadas por la crisis de la Junta de Castilla y León. El Gobierno regional tuvo que hacer frente a un gasto de 3,13 millones de euros para dar respuesta a las necesidades de esas personas según los datos facilitados ayer por el procurador del PP por Soria, Pedro Antonio Heras. El parlamentario regional recordó que el pasado 13 de junio las Cortes aprobaron por unanimidad que Ley de Ordenación y Funcionamiento de la Red de protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica con lo que se establece un sistema «pionero» que protegerá a las familias en riesgo de exclusión de forma «permanente».

Heras destacó que se trata de una ley «fundamental» y que tras el paso dado por la Junta en 2013 con la creación de la Red de Protección ahora se le otorga un rango de ley, es decir, la protección no estará solo vinculada a las problemáticas derivadas de la crisis económica sino que desde la Junta se protegerá de forma «permanente» e independientemente de quién esté al frente del Gobierno regional. La nueva ley, según explicó Heras, se sustenta en los derechos y no en el «asistencialismo» y genera cuatro derechos a la población de la comunidad gracias al servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio por deuda hipotecaria, la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecarias, la prestación para el alquiler de la vivienda habitual y el servicio de provisión inmediata de alimentación.

Según los datos facilitados por Heras el año pasado en Soria fueron 6.036 las personas beneficiarias de los diferentes recursos que pone a disposición de las familias la Red de Protección. Los beneficiarios se dividieron entre las 1.807 personas con necesidades urgentes, las 784 que recibieron alimentos y la ayuda a 86 familias en riesgo de desahucio. A nivel regional fueron más de 190.000 las familias beneficiarias con un gasto de 191 millones de euros. La nueva ley aprobada por las Cortes eleva en 11 el número de recursos disponibles para las familias para un total de 34.

El procurador del PP por Soria explicó que los diferentes recursos al servicio de los ciudadanos se dividen en varios apartados. En primer lugar están los dedicados a la protección y la atención de necesidades básicas de subsistencia. En según lugar figuran los recursos para la atención con acceso prioritario. y en tercero los enfocados a la inclusión socio económica, laboral y/o tecnológica. Por último, hay una serie de recursos encaminados a la prevención.

Heras puso de manifiesto que desde el punto de vista del PP la mejor política social pasa por el «empleo» por lo que se tratará de potenciar la inclusión social de las personas que accedan a la red para que pueda «encontrar un trabajo y desarrollar su proyecto de vida». En este sentido, el procurador soriano insiste en que el subsidio «no es el fin último» de la ley. Heras recalca que la potenciación de empleo afecta directamente a la creación de riqueza y al mantenimiento de las pensiones.

Otra de las novedades que recoge la ley es la creación de la figura de un comisionado que velará por el desarrollo y cumplimiento de la normativa. Heras quiso reconocer también la importancia del trabajo desarrollado por las entidades del tercer sector y apuntó que la ley nace con la vocación de atender «a más personas en situación de vulnerabilidad». «Son datos importantes, esta ley no solo consolida lo hecho sino que establece 4 derechos más y la obligación de prestación por parte de la administración», concluyó.

Según se establece en la ley la red «se define como el instrumento de responsabilidad pública integrador del conjunto de recursos que le sean adscritos en los términos previstos en esta ley, destinados específicamente a prevenir y a atender, de manera integral y coordinada, las necesidades básicas de personas y familias que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad social y económica, fomentando su plena inclusión social y laboral en el ámbito de Castilla y León, en el contexto de situaciones de exclusión social de toda tipología». Además, establece que su finalidad es «ofrecer a aquellas personas y familias que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad económica, social o de desamparo, una respuesta individualizada, inmediata, integral y profesionalizada, que atienda sus diferentes necesidades, de forma simultánea o sucesiva, al objeto de procurar su plena inclusión social, personal, laboral y tecnológica, entendida ésta como la situación en la que todas las personas puedan, en condiciones de igualdad, ejercer sus derechos, aprovechar sus capacidades y recursos, y las oportunidades que se encuentran en su medio». En la normativa se especifica que la atención a personas en situación de vulnerabilidad «se realiza sin perjuicio de la cobertura ordinaria de las necesidades que atienden el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública y el resto de sistemas públicos de atención, a los que la Red cohesiona y refuerza en la atención que dispensan, debiendo existir, a tal fin, una especial interrelación que facilite la interoperabilidad y el intercambio de información entre los referidos servicios públicos, en el marco de la normativa sobre protección de datos».