Yagüe: «Yo primero obedezco y luego defiendo mis derechos»

«Yo siempre obedezco, nunca he pretendido desobedecer el mandato judicial. Primero obedezco y luego defiendo mis derechos», declaró María Eugenia Yagüe, presidenta de la Fundación que lleva su nombre e hija del general franquista Juan Yagüe, en el juicio celebrado ayer contra ella, en el Juzgado de lo Penal de Soria, por un delito de desobediencia a la autoridad judicial. El fiscal solicita una pena de ocho meses de prisión y alternativamente una multa de 1.350 euros, por negarse a informar sobre los datos personales de los patronos de la Fundación que preside, tal y como le ha exigido de forma reiterada el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de El Burgo de Osma, por un asunto anterior que está relacionado con la comunidad de propietarios del inmueble en el que está la sede de dicha institución desde que fue cedida por Yagüe, actual usufructuaria, «como persona física».

La acusada sostiene que no puede facilitar la información de los patronos, en primer lugar porque entra en conflicto de intereses con la ley de protección de datos, y en segundo porque el asunto del que deriva la petición del Juzgado de El Burgo atañe a la comunidad de propietarios de la vivienda «y no a la Fundación». «Están mezclando churras con merinas, una cosa es la comunidad de propietarios y otra la Fundación», insistió Yagüe, quien a la salida del juzgado explicó que el origen de esta causa judicial penal procede de la reclamación económica que hizo el abogado de la comunidad de propietarios, quien mediante una petición de ejecución de títulos judiciales propició que el Juzgado de burgense embargara una cuenta bancaria de la Fundación María Eugenia Yagüe.

La comunidad de propietarios del inmueble, en realidad cuatro viviendas de 80 metros cuadrados cada una, está constituida por los hermanos de María Eugenia Yagúe y por la Fundación desde que ella la donó para que fuera la sede.

Yagüe sostiene que la información que le solicitan -el auto del Juzgado de El Burgo se refiere a los derechos de créditos, es decir, información económica, y la Fiscalía menciona sólo datos personales, como puntualizó la abogada de la defensa- debe concernir a la comunidad de propietarios, no así a la Fundación y sus patronos, socios y benefactores. Los nombres y ocupaciones de estos patronos, 21 en total, figuran en la página web de dicha Fundación María Eugenia Yagüe Martínez del Campo.

Tras la declaración, el fiscal elevó a definitivas sus conclusiones provisionales contemplando el delito de desobediencia grave puesto que después de varios requerimientos del Juzgado de El Burgo de Osma la acusada no ha accedido a la petición. «Tiene perfecto conocimiento de que está obligada a facilitar los datos, pero ha entrado en facultad de valoración, algo que no le corresponde. Su oposición ha sido voluntaria y reiterada, en rebeldía, y extendida en el tiempo», aseguró la Fiscalía en su exposición final, insistiendo en que es «recalcitrante la negativa» de Yagüe.

El primer requerimiento del juzgado fue en febrero de 2017, reiterándose en dos ocasiones más, en abril y en mayo de ese mismo año, cuando ya se le indicó que de persistir en su actitud podría ser objeto de medidas coercitivas, como así ha sido finalmente al ser acusada por la jurisdicción penal por un delito de desobediencia grave. En septiembre del pasado año, también le comunicó la obligación de informar una providencia del juzgado dictada en una pieza separada de sanciones por mala fe procesal, debido a «la desatención reiterada a los requerimientos», según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal.

Por su parte, la abogada de la defensa reiteró que su cliente «nunca ha pretendido desobedecer el mandato judicial», aludiendo a varios escritos presentados por María Eugenia Yagüe tratando de explicar por qué no informó de los datos de los patronos y benefactores, principalmente porque estaría incurriendo en conflicto de intereses con la ley de protección de datos. «Este hecho se puso en conocimiento del Juzgado de El Burgo de Osma, que no podía aportar los datos de los patronos por entender que no tienen responsabilidad y al estar protegidos por la ley de protección de datos», explicó la letrada, quien pidió que en caso de apreciarse delito se aplique en su menor grado. Según apuntó, «informar de los datos bancarios de los patronos vulnera la ley de protección de datos y la intimidad y debe prevalecer este derecho fundamental sobre el que mi defendida haya desobedecido a la autoridad judicial». La abogada recordó que la Fundación María Eugenia Yagüe no tiene ánimo de lucro.

La última palabra en el juicio volvió a ser de María Eugenia Yagüe, quien añadió, «prueba palpable de que ni he desobedecido ni quiero desobedecer a nadie es que he venido al juicio, y si estoy aquí es porque estoy convencida de que no estoy haciendo nada incorrecto. Yo obedezco y luego defiendo mis derechos», afirmó, y concluyó dando las gracias a la jueza del Juzgado de lo Penal, «por escucharme», algo que considera no ha ocurrido en otras instancias como el de El Burgo de Osma. Fuera de la sala de vistas, una vez que el juicio quedó visto para sentencia, aseguró que jamás desobedecería a un juez, como tampoco «quemaría nunca una bandera de España».

Según ha podido saber este periódico de uno de los hermanos de María Eugenia Yagüe, Juan Yagüe, quien desconocía la existencia del juicio de ayer en el Juzgado de lo Penal contra María Eugenia, un proceso judicial abierto hace más de un año contra la comunidad de propietarios se cerró con la condena de las costas a la Fundación.

Este último procedimiento penal sería la consecuencia de no haber abonado dichas costas, pues a raíz de eso el Juzgado de El Burgo de Osma ha exigido los datos económicos de todos los patronos de la Fundación. Todo indica que considera que es ésta la que debe hacer frente a dicha minuta legal. Algo con lo que disiente María Eugenia Yagüe, quien opina que en todo caso sería ella como persona física y no la Fundación, pues la comunidad de propietarios del inmueble y la institución son cuestiones distintas.