Yagüe recurrirá a la Audiencia la multa de 900 euros por desobediencia

La presidenta de la Fundación María Eugenia Yagüe Martínez del Campo ha decidido recurrir la sentencia del Juzgado de lo Penal de Soria que la condena al pago de 900 euros de multa por un delito de desobediencia a la autoridad judicial. Según confimó su abogada, María Eugenia Yagüe ha determinado que se eleve el asunto a la Audiencia Provincial de Soria, por mostrarse en desacuerdo con el fallo judicial.

«Yo sigo órdenes de mi cliente, que ha decidido acudir a apelación», manifestó la letrada, quien indicó que actualmente está estudiando el sentido de dicho recurso. Cuenta con un plazo de diez días para su presentación, tal y como recoge la sentencia de lo Penal de Soria, hecha pública el pasado jueves.

En ella se determina que María Eugenia Yagüe haga frente a una pena de multa de seis meses, a razón de cinco euros diarios, la más leve prevista por la ley, «al no concurrir circunstancias agravantes», indica la sentencia, ya que el fiscal solicitaba para ella ocho meses de prisión y alternativamente nueve meses de multa, a cinco euros cada día, es decir, 1.350 euros.

Tal y como publicó ya Heraldo-Diario de Soria, la sentencia señala que la acusada estaba obligada a aportar los datos personales de todos los socios de la Fundación que lleva su nombre, así como de los patronos y benefactores, en virtud del requerimiento efectuado por diligencia de ordenación de febrero de 2017 tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de El Burgo de Osma.

Recalca que, «guiada por el ánimo de desatender el mandato judicial, no aportó la información que le fue interesada», y requerida en varias ocasiones, advirtiéndole del hecho de que su actitud de negativa conllevaría consecuencias penales.

El fallo de lo Penal manifiesta que «la acusada se ha negado reiteradamente a cumplir el mandato judicial, intentando imponer su interpretación de la ley, frente a lo acordado en el juicio» civil. Añade que es ella misma la que reconoce que ha sido requerida personalmente por el Juzgado de Primera Instancia de El Burgo de Osma para aportar la documentación, incluso, que se entrevistó con la jueza titular para exponerle su caso, «pero que sus razones no han sido atendidas». En esa línea, añade que además se trata «de una desobediencia grave y reiterada».

«Lo único que intenta es no cumplir el mandamiento judicial, dictado con todas las garantías legales, intentando imponer su criterio frente al criterio expresado en las resoluciones judiciales» que le fueron notificadas por el Juzgado de El Burgo de Osma, recoge el fallo del Juzgado de lo Penal que matiza que María Eugenia Yagüe Martínez del Campo debe cumplir el mandato legal y facilitar al juzgado burgenses la documentación requerida.

El requerimiento de los datos, cuya negativa a entregarlos ha provocado este procedimiento penal, deriva de la ejecución de una tasación de costas de un pleito civil mantenido entre la acusada y la comunidad de propietarios en la que tiene su sede la Fundación María Eugenia Yagüe Martínez del Campo, en la localidad soriana de San Leonardo de Yagüe. El administrador de dicha finca requirió el pago a dicha Fundación, y por mandato judicial incluso embargó una cuenta de dicha Fundación.