Una reclamación frena la adjudicación de las obras en el juzgado burgense

El acta de replanteo para iniciar las obras de reforma del Juzgado de El Burgo tendría que haberse firmado en junio de modo que los trabajos pudieran comenzar en julio, dado que la adjudicación se formalizó ya el pasado mes de abril, pero la reclamación de una de las empresas licitantes ha paralizado el procedimiento hasta determinar si sus alegaciones tienen fundamento.

«Se puede pensar que es otra más», lamentó el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, por lo que conlleva de retraso en la ejecución de una obra que debería estar ya en marcha, e insistió en que este tipo de recursos son habituales en las licitaciones si las empresas detectan «cualquier error de forma o fondo».

A partir de ahora son los servicios jurídicos del Ministerio de Justicia, órgano de contratación de las obras en el juzgado burgense, los que tendrán que determinar si la empresa recurrente tiene razón y en tal caso poner solución, lo que evidentemente alargará más los tiempos. «Me duele que un proyecto que ya estaba en marcha y adjudicado sufra un retraso pero los trámites y plazos de la Administración son así y hay que cumplirlos», indicó Latorre, recordando que algo similar ocurrió en la licitación del proyecto de conexión por autobús entre Soria y Calatayud, demorando también la solución.

La adjudicación de la obra de reforma del edificio de los juzgados se produjo en el mes de abril a la empresa Cotodisa Obras y Servicios, S.A., por 980.792 euros, al ser valorada como la oferta más ventajosa, según consta en el documento del Ministerio de Justicia. La oferta recogía una baja respecto a precio de licitación ya que éste se situaba en los 1.042.000 con impuestos. El plazo de ejecución se había fijado en 14 meses. La designación se produjo de un total de cinco empresas que concurrieron a la licitación. Presentada la reclamación, la decisión está ahora en el tejado de los técnicos.

Las obras en los juzgados de El Burgo de Osma llevan años esperándose, sobre todo porque fue necesario, en primera instancia, acometer mejoras en dependencias de la estación de autobuses, cedidas por el Ayuntamiento burgense, para que pasarán a ser temporalmente la sede judicial. La adaptación del local se adjudicó en septiembre de 2016 por unos 100.000 euros y un periodo de tres meses, por lo tanto ya está concluida.

Formalizado el traslado a dichas dependencias, todo estaba preparado para el inicio de la reforma en el edificio de los juzgados, aquejado de deficiencias que incluso habían provocado la caída de los falsos techos, afortunadamente sin consecuencias personales, poniendo de manifiesto la necesidad de modernizar un inmueble que no se ajusta a las exigencias de unas dependencias públicas.

El contrato para la redacción del proyecto de las obras de rehabilitación del edificio, ubicado en la calle Universidad, se formalizó ya en enero de 2012, lo que evidencia el retraso que lleva esta infraestructura que pretendía materializarse ya pero el recurso hace que siga sin fecha la solución a los problemas que presenta el edificio.

El objeto de esta reforma es la adecuación estructural y funcional del inmueble, manteniendo la volumetría original y redistribuyendo el interior para los usos de Juzgados, tal y como consta en la memoria de la licitación. El Ministerio de Justicia tuvo que encargar la adecuación a la normativa y la actualización de precios del proyecto de ejecución en diciembre de 2017 por la demora que llevaba su materialización.