Los delitos de lesiones suben un 27% en Soria

La actividad en los juzgados no es más que un reflejo de lo que ocurre en el conjunto de la sociedad y permite tomarle el pulso analizando los tipos de delitos y por ende los comportamientos de los individuos. Un aumento a lo largo de 2022 de las diligencias previas, actuaciones del juzgado encaminadas a la investigación de unos hechos denunciados que pueden ser constitutivos de infracción penal, permite obtener conclusiones. La Fiscalía de Soria, en su Memoria 2023, sobre el ejercicio de 2022, las recoge y señala que lo observado es un aumento de la conflictividad entre la población. Los datos lo indican con un alza de los delitos de lesiones y también de la violencia sexual.

A lo largo de 2022 fueron 3.541 las diligencias abiertas, un 17,8% más que en el ejercicio anterior, pero es que también sufrieron un alza las diligencias urgentes –actuaciones procesales que se practican en el Juzgado de Guardia, principalmente de tráfico y conducción bajo los efectos del alcohol, o en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer con el objetivo de que se inicie un enjuiciamiento rápido de determinados delitos– del 13,3% sumando 377 incoadas. Lo mismo ocurre con los juicios de delitos leves, 643, un incremento del 15,4%, y de los sumarios –delitos graves– con un total de siete, un 40% más.

Además, indica la Fiscalía en su Memoria anual, se interpusieron denuncias por conflictos civiles o disputas sin trascendencia penal están abocados al sobreseimiento, ya que la vía de resolución es la civil. En ese sentido, el sobreseimiento también se elevó un 12,7%, pero lo cierto es que el hecho llegó al juzgado.

De este modo, la evolución de la criminalidad en la provincia sufre un proceso al alza. Además de dos casos de delito de homicidio o asesinato considerados violencia de género, que no se habían dado en Soria desde el año 2015, y los 14 procedimientos abiertos por homicidio imprudente, todos ellos de accidentes de circulación, con 15 fallecidos, los delitos de lesiones crecieron un 27,5%. Como también ocurrió en el ámbito de la violencia de género y doméstica, pues se contabilizaron 252 procedimientos por delitos de lesiones y maltrato en ese ámbito. «En general, se observa una mayor agresividad en el comportamiento de la población y la resolución de los conflictos que llevan a generar estos tipos delictivos», señala el informe de la Fiscalía de Soria, que aborda también asuntos como la seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y urbanismo, extranjería, menores, cooperación internacional, delitos económicos y de odio, entre otras áreas.

Del mismo modo, en el año 2022 siguieron incrementándose los delitos contra la libertad sexual, y así frente a los 41 procedimientos incoados como diligencias previas en 2021, se pasó a 57 un año más tarde, lo que supone un incremento del 39%. En concreto, los tipos penales de mayor incremento fueron los abusos sexuales en general y los sufridos por menores de 16 años en particular.

En este sentido y en relación a los menores de edad víctimas de delitos contra su indemnidad sexual, la Fiscalía destaca que las pruebas preconstituidas –antes del juicio oral– se llevan a cabo con importantes carencias materiales y personales, que agravan la victimización de los menores. Recuerda que los juzgados de Soria no cuentan con una sala adecuada para su práctica, realizándose en una sala de vistas común, con un sistema de grabación con imperfecciones. Además, el equipo psicosocial que las lleva a cabo no realiza guardias ni desplazamientos, por lo que algunas se demoran en el tiempo y en el caso de los partidos judiciales de El Burgo de Osma y Almazán tienen que practicarlas desde la distancia.

Es una de las deficiencias que pone de manifiesto la Fiscalía que también ve cada vez más apremiante la creación de otro juzgado mixto en la capital soriana ante el aumento de la carga de trabajo en los juzgados y la Fiscalía ante el aumento de las diligencias.

El informe también dedica un apartado a la violencia doméstica, donde destacan los 48 casos denunciados de maltrato ocasional, sobre todo de progenitores frente a sus hijos, normalmente afectados por patologías mentales o abusos de sustancias tóxicas. Otros nueve procedimientos fueron por maltrato habitual intrafamiliar. Aumentaron los delitos por impagos de pensiones, pasando a 22 desde los 12 de un año antes.

Por otro lado, en lo que respecta a seguridad vial, la Fiscalía constata que se ha acentuado un dato preocupante, ya observado en 2021, el cada vez mayor número de conducciones con elevadas tasas de alcohol. Se abrieron 43 diligencias previas y 88 urgentes, tras ser pillados en controles preventivos y al observar conducción irregular, además de accidentes de circulación.

En materia de menores, hubo 121 causas, poco más que un año antes –seis–, pero sólo resultaron 39 expedientes de reforma –cuando se determina que puede haber delito–, algo que ocurre fundamentalmente por el aumento de delitos cometidos por menores de 14 años, inimputables, y en otros casos por la excesiva judicialización de asuntos de conflictos entre chavales no constitutivos de delito, puntualiza la Fiscalía. En este colectivo, destacan los delitos por acoso escolar y a través de las redes sociales, sobre todo en edades cercanas a los 12 años. El informe recoge que ha aumentado el nivel de agresividad y daño injustificado y desproporcionado a la víctima.

Por otro lado, son muchos los delitos que se cometen ahora bajo la nueva modalidad delictiva tecnológica, como indica la Fiscalía. Los delitos de estafa en todas sus modalidad, nuevas y cambiantes, sigue aumentando de manera progresiva, incrementándose de 159 procedimientos por estafa en el año 2021 a 179 en el ejercicio 2022 objeto de la Memoria anual. Muchas de ellas constitutivas de delito leve por ser de cuantía inferior a los 400 euros, y también en su mayor parte sobreseídas al no poder ser debidamente identificado el autor. Los delitos informáticos también atentan contra la libertad, con cinco casos de amenazas a través de redes sociales o aplicaciones móviles, dos por acoso –violencia de género– y contra la libertad sexual por un delito de distribución de pornografía infantil. En la jurisdicción de menores, las causas son también de índole sexual, normalmente entre menores de edades próximas, además de delitos de amenazas e insultos sobre todo en grupos de chats, que llegan a un verdadero hostigamiento de la víctima.