Tribunales
El Burgo: Fiscalía pide un año de cárcel para Cobo por el caso de las firmas falsas
El Ministerio Público solicita la apertura del juicio oral contra el ex alcalde de El Burgo de Osma y le acusa de un delito de falsedad en documento privado por simular la rúbrica de Cuesta para el pacto de gobierno
La Fiscalía Provincial de Soria pide un año de prisión por un delito de falsedad en documento privado para el ex alcalde de El Burgo de Osma, Manuel Cobo Sánchez-Rico, por el caso de las firmas del pacto de gobierno PP-PSOE en la Villa Episcopal, según ha sabido Heraldo Diario de Soria de fuentes jurídicas. El fiscal solicita la apertura de juicio oral amparándose en el artículo 14 tercero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ante el Juzgado de lo Penal.
En su escrito de acusación, la Fiscalía refiere que en la noche del domingo 30 de septiembre de 2019, el acusado, por entonces alcalde de El Burgo de Osma por el PP, se reunió con Martín Navas (PSOE) para el reparto de la Alcaldía entre ambos partidos, debiendo ceder la misma a mitad de legislatura a los socialistas.
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Fiscalía señala que el acusado, «a sabiendas de que su compañero de partido», el concejal Luis Cuesta, «no estaba de acuerdo con el mismo ni se encontraba presente en la reunión, simuló la firma del» edil «y puso su número de DNI, sin que este tuviera conocimiento de ello, ni le hubiera prestado su consentimiento ni su autorización parta hacerlo, creando la apariencia de que el señor Cuesta participó en su elaboración y, asimismo, daba su consentimiento al pacto alcanzado».
Para Fiscalía, los hechos narrados son constitutivos de un delito de falsedad en documento privado previsto y penado en el artículo 395 en relación con el artículo 395 en relación también con el artículo 390.1 3º del Código Penal, por los que el Ministerio Público considera que procede imponer al acusado por este delito la pena de un año de prisión, así como la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena de de conformidad con el artículo 56 del Código Penal. Fiscalía alude también a la imposición como accesoria la pena de suspensión de empleo o cargo público por el plazo de dos años.
Para el acto del juicio oral, el Ministerio Público propone los siguientes medios de prueba. En primer lugar, lógicamente, el interrogatorio del acusado. En segundo, las testificales (en calidad de testigos) del concejal del PP Luis Cuesta y de los socialistas Martín Navas, Isaac Izquierdo, María Jesús Abad y Begoña Galán. En el caso del secretario general del PSOE, Luis Rey, podría ser citado en la sede de los socialistas sorianos, en la calle Santa Luisa de Marillac. La tercera ‘pata’ del juicio oral correspondería a dos peritos caligráficos, a los efectos de ratificar, aclarar o corregir el informe de los acontecimientos.
La última y cuarta parte es la documental, esto es, el documento firmado, una nota de prensa de Heraldo Diario de Soria en el que figura el citado documento y un tercero firmado el 25 de noviembre de 2019 firmado por todos los concejales excepto por Luis Cuesta.
Como se recordará, en febrero de 2023 la Audiencia Provincial de Soria dejó sin efecto el auto del Juzgado de El Burgo de Osma por el que sobreseía el ‘caso de las firmas falsas’ que implicaba directamente al ex-alcalde Miguel Cobo. La Sala anuló el auto de la jueza instructora de la causa y le obligaba a llevar a cabo nuevas diligencias de investigación: una nueva declaración de investigado de Miguel Cobo y una prueba testifical del secretario general del PSOE, Luis Rey, quien a la postre fue el encargado de mostrar el papel con las firmas del pacto.
La Audiencia obligaba así al Juzgado de El Burgo a reabrir de nuevo la causa contra Cobo, al estimar el recurso de apelación interpuesto por el concejal Luis Cuesta frente a la decisión de la magistrada de El Burgo de archivar el caso, recurso al que se adhirió el Ministerio Fiscal solicitando la revocación. Oídas las partes, el Ministerio Público formula escrito de acusación y pide un año de prisión para Cobo.
«El auto recurrido en apelación, así como el auto de sobreseimiento inicial carecen del mínimo nivel argumentativo exigible a una decisión de tal naturaleza», suscribió entonces el tribunal de la Audiencia presidido en aquellas fechas por José Manuel Sánchez Siscart. El fallo de la Audiencia advertía que en la decisión de archivar una causa por falta de indicios debe justificarse «el esfuerzo instructor», así como argumentar las razones del «fracaso» de la instrucción y la inutilidad de ordenar nuevas diligencias.
El caso de las firmas falsas arranca en septiembre de 2019 cuando se conoció la existencia de un documento que sustentaba el pacto de gobernabilidad en el Ayuntamiento burgense, exhibido por Luis Rey. Fue en una comparecencia en la que instaba a Cobo y a Cuesta a dar la Alcaldía al socialista Martín Navas para cumplir con la alternancia.
Los no adscritos denunciaron que las firmas eran falsas, pero Miguel Cobo fue llamado a testificar como investigado, toda vez que Navas lo implicó en la falsificación de las firmas. El documento recogía además las de los cuatro concejales del PSOE, incluido Navas que sí reconoció ser el autor de las firmas de dos de sus compañeros, con su consentimiento.
En octubre salió a la luz pública las conclusiones de un informe pericial solicitado por Navas que señalaba a Cobo como autor de tres firmas, la suya y las de otras dos personas, una de ellas Cuesta, que siempre ha mantenido que él nunca firmó ese documento. Pese a ello, Miguel Cobo solicitó el archivo de la causa alegando falta de pruebas, lo que consiguió con la decisión del Juzgado de Primera Instancia a Instrucción de El Burgo de sobreseimiento del caso, a través de un auto de fecha 30 de noviembre de 2022. Cuesta apeló y la Audiencia acabó por darle la razón.
La solicitud de apertura de juicio oral por parte de Fiscalía y la pena que solicita de un año de prisión ponen también al Partido Popular en una difícil tesitura. Miguel Cobo se dio de baja del PP y pasó a ser concejal no adscrito la pasada legislatura para no ceder la Alcaldía a Antonio Pardo, actual regidor burgense (con el voto de Vox) y durante dos años la pasada legislatura gracias al apoyo de Cuesta. Sin embargo, en las municipales del pasado año, el PP no solo lo reafilió (a pesar de la reapertura judicial del caso de las firmas falsas en el arranque de la precampaña) sino que lo colocó como candidato a la Alcaldía de Recuerda, en un episodio rocambolesco, ya que Pardo, por entonces candidato popular a la Alcaldía de El Burgo tras la absorción de la PPSO por parte de los populares, se adelantó en la confección de las listas y la Junta Electoral dio validez a su candidatura en detrimento de la presentada por la dirección de su partido. A partir de ese momento las relaciones se agriaron de tal forma que el PP decidió dejarle fuera de la Diputación Provincial y por primera vez en la historia la institución provincial se quedaba sin representante popular en El Burgo de Osma.
Con Cobo fuera de las aspiraciones para ser concejal y, por tanto, para integrarse como diputado provincial, ofrecimiento que él negó, su papel en el partido ha sido puramente testimonial aunque ha concurrido a los actos del partido, una de ellas, cuando el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visitó San Esteban. Cobo ocupó, además, un puesto preeminente en la fotografía de familia, en el centro de la imagen.