El ‘tasazo’ de basuras obligará a repartir 800.000 euros entre los vecinos de Soria

La implantación de los criterios de Europa que afectan a la tasa de basuras no será inmediata para el grueso de la población soriana. Primero hay que desarrollar la normativa en el plano local para aplicar las novedades, que supondrán un aumento del recibo, en la medida en que los particulares asumirán por completo lo que ahora corre a cargo del Ayuntamiento. Y es que, el conocido como 'tasazo' que se extiende a toda la administración local española significará que el servicio tiene que ser cubierto en su integridad por los vecinos. En el caso de Soria, el Ayuntamiento paga la parte correspondiente al tratamiento. Se trata de 800.000 euros que en un cierto plazo dejará de aportar. Serán 800.000 euros a repartir entre los vecinos.

De momento, no es posible determinar cuánto subirá el recibo, pero sí que los 800.000 euros tienen que ser abonados por los vecinos. «Eso que estamos asumiendo en este Ayuntamiento en los últimos años, lo que nos dice Europa es que todos los vecinos tienen que asumir su parte», explicó el concejal de Hacienda, Javier Muñoz. El plazo para ello es corto, pero no inmediato. La normativa local, el cambio de Ordenanza, tiene que estar listo en abril del año que viene.

El Consistorio cumplirá este plazo y en 2025 una parte de los obligados a la tasa estarán ya inmersos en el 'tasazo'. Serán las nuevas altas. Para 2026 la previsión es que se incorpore el grueso del vecindario, una vez verificada la exposición del padrón. Será por tanto, una aplicación en dos pasos, acorde con la garantía administrativa y con la complejidad del proceso de las novedades en la Ordenanza. Y es que Europa «nos dice que el que más contamina, el que más residuos genera, es el que más tiene que pagar».

Cómo identificar tales situaciones no es posible en Soria. En otras ciudades, con el sistema de tarjeta en los contenedores, se puede hacer un cálculo más ajustado, pero en Soria no. Las directrices de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, de donde deriva todo, permiten un criterio simple: el recargo por asumir el tratamiento el vecino se aplicará «por categoría de calle».

Es muy complicado en Soria determinar cuánto genera cada inmueble y «no tenemos otra opción» que hacer la correspondencia por la mencionada categoría fiscal. Muñoz refirió que la idea es hacer un «estudio en los años siguientes», pero incluso así «no sabemos cuánta basura genera cada vecino» y tampoco parece muy prometedor relacionarlo con el padrón. En todo caso, se intentará en los próximos años ajustar el criterio.

La aplicación del ‘tasazo’ es una cuestión que preocupa al conjunto de la administración local, en la medida en que pueden darse diferentes criterios y no está claro, como sucede en Soria, cómo calcular el recargo en proporción a lo que genera cada hogar. Por eso, recientemente la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reclamó precisiones. En este sentido, su Junta de Gobierno aprobó por unanimidad una declaración institucional con la mira puesta en evitar que se provoque un aumento del coste para los ciudadanos, según informó la entidad. La idea es crear un grupo de trabajo con el Gobierno para reconducir una Ley que se considera complicada de aplicar y que la FEMP entiende que no respeta la autonomía local. La representación de las administración local española busca que sean las entidades locales las que decidan cómo afrontar el pago del reciclaje de los residuos y que las novedades con este trasfondo salgan adelante de una manera urgente.

La FEMP emitió así una declaración institucional en la que insta a «realizar un estudio pormenorizado del impacto que supone la aplicación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que permitan redefinir el coste por el servicio». El punto segundo pide al Gobierno que «de manera prioritaria y urgente impulse la reforma de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, creando una regulación mucho más clara y concisa que evite la discrecionalidad de cada entidad local y que respetando la autonomía local, garantice la consecución de los objetivos de la Directiva europea».

El escrito se dirigió a la Presidencia del Gobierno, a los ministerios de Hacienda y Política Territorial y a los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado.

Pese a esto, el Gobierno no ha establecido cambios. La FEMP lamentó hace unos días la negativa del Gobierno a aplicar una moratoria y estudiar alternativas a la subida de la tasa de basuras.

La entidad calcula, de manera general para toda España, que el 'tasazo' supondrá un desembolso medio de 178 euros para los ciudadanos. Para la FEMP, la Ley únicamente obliga a recoger, separar y tratar residuos a los ayuntamientos, pero no a repercutir el proceso en una tasa. Esta consecuencia de la Ley invadiria las competencias locales.