Soria vive una escalada de visados energéticos por el efecto del mercado inmobiliario
En 2024 se han registrado 1.152 certificados eficientes, la mitad en la capital L Desde que entró en marcha, en el año 2013, son 9.248 los inmuebles que se han emitido, y la mayoría son para viviendas

Panorámica de Soria.
El efecto inmobiliario de este último año, sobre todo en el mercado de la vivienda de segunda mano, ha provocado una importante escalada de visados energéticos en Soria, un certificado requerido por ley desde junio de 2013 para todos los propietarios que a partir de entonces quisieran vender o alquilar sus inmuebles si sus viviendas eran anteriores a 2007, dado que el nuevo Código Técnico de Edificación de este año ya obligaba a contar con él. Así, 2024 cierra con 1.152 ‘carnés’ emitidos, la mitad, 594, en la capital.
Y es que la vivienda ha registrado en todo 2024 en la capital soriana un buen momento, impulsada por un creciente número de operaciones que han situado el mercado en un nivel inédito desde 2006 con la de segunda mano tirando del destacado volumen, con casi 400 de las 576 transacciones en los nueve primeros meses del año ya finalizado, lo que a su vez ha repercutido en un auge de los certificados energéticos.
Desde que entró en vigor la ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, en junio de 2013, una normativa que aprobó el Gobierno central para adaptarse a la nueva directiva europea de 2020, la Junta de Castilla y León ha dado vía libre a 9.248 visados de eficiencia energética en la provincia de inmuebles, entre viviendas y edificios terciarios, construidos antes de 2007, cuando entró en vigor el nuevo Código Técnico de Edificación, que obligaba a contar con este requisito de eficiencia energética para todos los propietarios que quieran vender o alquilar sus inmuebles si sus viviendas son anteriores a 2007.
El certificado otorga una calificación entre la A y la G a las viviendas en función de sus características para favorecer la promoción de aquellas con menos consumo y las inversiones en ahorro de energía, ya que la nota que obtiene cada inmueble debe aparecer en los anuncios de venta o alquiler y ser entregada a los compradores o inquilinos. No obstante, sus resultados, sean buenos o malos, no acarrean consecuencia alguna por ahora a nivel medioambiental, ya que aunque el documento sí incluye propuestas de mejora para reducir las emisiones y propiciar el ahorro, no son vinculantes, dado que el documento es sólo de carácter informativo. Sirve para que el comprador o arrendatario conozca las cualidades de la vivienda y sus déficit tanto en la emisión de dióxido de carbono como en el consumo de energía. De momento, sólo a través de denuncias de arrendatarios o compradores o de las propias inspecciones de Consumo que realiza la Junta a los anuncios de los alquileres o las ventas se puede ‘controlar’ que los inmuebles tengan o no el certificado.
Lo cierto es que de ese total de 9.248 visados ‘aprueban’ una de cada cinco, 1.629, teniendo en cuenta las viviendas que van de la A a la C. El resto suspende en eficiencia energética, según los datos facilitados por la Delegación de la Junta en Soria.
El 82% son calificados de la letra D hasta la G. Y la mitad de ellas cuenta con la calificación E, muy por debajo del nivel considerado como óptimo tanto para el medio ambiente como para el bolsillo. Son 784 los que han obtenido la calificación A y 259 la B, 586, el certificado C, 1.311 consiguieron la calificación D, 4.532 la E, 901 la F y 875, la G. Esto supone que el grueso de las edificaciones que cuentan con el visado energético desde el 1 de junio de 2013 emite más de 17 kilos de CO2 por cada metro cuadrado de vivienda al año y la mitad de ellos supera los 26 kilos por metro cuadrado, cifras muy por encima de los 6,8 kilos por metro cuadrado de las viviendas más eficientes que cuentan con la letra A. Es más, un 9% de los inmuebles certificados se encuentra en la franja roja (la letra G), la menos eficiente y con emisiones de más de 70,9 kilos por metro cuadrado a la atmósfera. Cálculos a partir del análisis del aislamiento de las viviendas, desde las paredes, suelos y techos hasta las ventanas y puertas, y también los equipos de calefacción, refrigeración y ventilación, si los hubiera.
Además, más de la mitad de este total de certificados emitidos en la provincia de Soria se han realizado en la capital, 5.032, tal y como indican los datos del Servicio Territorial de Industria. Hay 621 tarjetas de eficiencia emitidas en El Burgo de Osma, y 602 en Almazán. En cuarto lugar, San Esteban, con 299 certificados y después, Golmayo, con 288. Ólvega, San Leonardo y Medinaceli siguen la lista, con 260, 151 y 126, respectivamente. Después, Arcos y Ágreda, con 110 y 105 visados, respectivamente. El resto de municipios ya tienen menos de cien.
En función del uso del edificio también se clasifican estas ‘tarjetas’ de eficiencia energética. La mayor parte se emitieron para viviendas, 8.181. De ellas, 5.880 se corresponden con viviendas individuales en bloque, 1.357 unifamiliares adosadas, 661 unifamiliares aisladas, 283 unifamiliares pareadas, y 313 bloques de viviendas completos. Además, se registraron otros 296 certificados a locales, a 68 oficinas, 102 inmuebles dedicados a otros usos terciarios, 76 hoteles y residencias, 60 centros docentes, 31 edificios sanitarios, 66 inmuebles administrativos, 23 espacios comerciales, 28 instalaciones deportivas y cuatro edificios de oficinas.
La finalidad del certificado de eficiencia energética es dar un elemento decisorio más al comprador o arrendatario y realizar este trámite puede conllevar cuatro o cinco días si se tiene en cuenta la visita del técnico, la elaboración del informe y la presentación en el registro.
Pero la realidad es que apenas un 10% de las viviendas construidas antes de 2007 cuentan con el certificado. En la provincia hay una ‘bolsa’ de 70.000 casas anteriores a 2007 que en caso de ponerse a la venta o en arrendamiento deben obtener el estudio energético, o se podrían enfrentar a sanciones de entre 300 y 6.000 euros, según la citada ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, que aprobó el Gobierno de cara a adaptarse a la nueva directiva europea para 2020.