Tribunales
Fiscalía pide año y medio de cárcel a responsables de una residencia de Soria por ‘mobbing’ a una trabajadora
Atribuye a los que fueran director y gobernanta de un centro juvenil un delito contra la integridad moral

El juicio está previsto para el 3 de febrero en el Juzgado de lo Penal de Soria.
La Fiscalía de Soria solicita una pena de un año y medio de prisión para el anterior director de la Residencia Juvenil Juan Antonio Gaya Nuño, dependiente de la Junta, y la que fuera gobernanta por ejercer ‘mobbing’ sobre una trabajadora. La Fiscalía atribuye a ambos un delito contra la integridad moral de una cocinera del centro, atendiendo al artículo 173 del Código Penal referente al que ejerce sobre otro un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral.
Igualmente, reclama que los dos acusados indemnicen a la trabajadora en la cantidad de 12.000 euros. El juicio está previsto para mañana en el Juzgado de lo Penal. Ninguno de los dos acusados se encuentra actualmente en el puesto que ocupaban cuando ocurrieron los hechos en 2017.
Según las calificaciones del fiscal, durante más de un año, entre febrero de 2017 y abril de 2018, los acusados, abusando de su condición de superioridad sobre ella, asignaron a la cocinera tareas que excedían de sus competencias, con la finalidad de agobiarla y desacreditarla ante sus compañeros, denigrándola en su ámbito laboral, elevando continuos informes y partes respecto al desempeño de sus funciones, lo que le ocasionaba una constante angustia y ansiedad. El fiscal señala que como consecuencia , la denunciante padece un trastorno de reacciones a estrés graves y trastornos de adaptación, que no sufría previamente a los hechos.
Estos se sucedieron en diferentes días con varias cuestiones relacionadas con el desempeño del trabajo de la denunciante. Como ejemplo, en una de las ocasiones, la cocinera puso en conocimiento de la gobernanta que en el almacén no había costillas aunque en la planificación figuraban como la comida del día siguiente, razón por la que no iba a poder realizar el menú a tiempo, ante lo que la acusada le contestó diciéndole que era una mala profesional. Tras esta recriminación, la cocinera acudió al despacho del director, manifestándole que los pedidos de las comidas deberían hacerse a tiempo para poder preparar las comidas establecidas, y le informó de que en unos días estaba previsto que los residentes comieran escalopes pero no estaban fileteados y los cuchillos no estaban afilados por lo que era imposible que estuvieran preparados. Todo esto, sostiene el fiscal, suponía una asignación, por parte de los acusados, de funciones que excedían con mucho a las posibilidades de una persona y además sin proporcionarle los medios necesarios para ello.
Los cocineros consultaron a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de Castilla y León las competencias de recepcionar los productos de los proveedores, que les contestó que le corresponde a la gobernanta.
En otra ocasión, el otro cocinero solicitó un permiso médico el día de descanso de la denunciante, y el director le dijo que tenía que trabajar. Ella manifestó que no podía. El director y la gobernanta se personaron en la cocina y presentaron una nota de régimen interno con la comunicación del cambio de turno para que la firmase. La denunciante sufrió un ataque de ansiedad y tuvo que ser trasladada a Urgencias del hospital, donde se le diagnosticó una crisis de ansiedad. A raíz de ello permaneció seis meses de baja.
Ahí comenzaron los informes, primero del director y después de la gobernanta, con críticas a su actitud y la diligencia en el trabajo, que culminaron en un expediente de información reservada y en un procedimiento disciplinario por parte de la Junta, imponiéndole una suspensión de 12 días de empleo y sueldo. Ante esto, la denunciante demandó a la Consejería de Familia ante el Juzgado de lo Social, que falló a su favor anulando la sanción impuesta.