Cobo ante la jueza: "Yo no redacté el documento porque ni lo había visto"

El ex alcalde del PP de El Burgo de Osma Miguel Cobo negó haber redactado el documento de alternancia en la alcaldía burgense con Martín Navas, del PSOE, de 30 de septiembre de 2019 porque "no lo conocía", declaró ante la jueza del Juzgado de lo Penal de Soria, que le enjuicia por un delito de falsedad en documento privado, paradójicamente que él mismo denunció, junto con su compañero de partido Luis Cuesta, personado en la causa como acusación particular, por entender que falsificaron su firma y sin su consentimiento.

"Mi firma puede ser, pero no había visto ese documento", afirmó Cobo, asegurando que "no es cierto lo que dijo Navas de que lo había redactado. Ni participé ni lo había visto". Insistió en desconocer quién lo elaboró y que vio el documento por primera vez cuando el secretario provincial del PSOE, Luis Rey, lo mostró en una rueda de prensa ante medios de comunicación casi dos años después. 

De ese modo, negó que fuera el autor de las firmas de Luis Cuesta, su compañero de partido, y de Isaac Izquierdo, del PSOE, como le achacan la Fiscalía y la acusación particular. Se trata por tanto de la palabra de Cobo contra la de Navas, en una confrontación de versiones que dirimirá la jueza del Juzgado de lo Penal.

Cobo, que se enfrenta a 12 meses de cárcel y dos años de inhabilitación para cargo público, manifestó, a preguntas de su abogado, que el "intento de recoger un pacto verbal" entre él mismo y el concejal socialista Martín Navas se materializó en un documento el 25 de noviembre de 2019, y que desconocía cualquier texto anterior. Por eso, cuando se dio a conocer el de septiembre, lo denunció ante la Guardia Civil, junto con Cuesta.

Como insistió su letrado en las conclusiones finales, a quien le interesaba la existencia de un documento de alternancia en la alcaldía del Ayuntamiento de El Burgo de Osma era al PSOE, puesto que el sillón ya lo estaba ocupando el PP, poniendo la duda en la posibilidad de copiar digitalmente firmas de un documento a otro.

Por su parte, Martín Navas relató ante la jueza que el documento del 30 de septiembre lo redactaron por la tarde noche en el despacho del alcalde, después de que por la mañana hubiera tenido una reunión de partidos, "por el famoso pacto, para darle garantía, por la intranquilidad por parte de todos". 

"Le comenté hacer un papel entre nosotros y dejarlo escrito, un documento privado. Dijo que sí y subimos al despacho. Lo redactamos aquella noche", recordó sobre lo sucedido. Él firmó por sus compañeros de partido, a los que solicitó el consentimiento, y los números de los DNI se los fue dictando a Cobo, dijo en su declaración Navas, incidiendo, "no firmé por Cuesta, así que tuvo que ser Cobo".

Según las palabras de Navas, dicho documento se quedó físicamente guardado en "un cajón del despacho de alcaldía" pero sí lo envió por whatsapp a una de las concejalas del PSOE que pidió tener constancia del mismo puesto que había consentido su firma. Dicho documento digital es el que mostró Rey a los medios, y así lo corroboró ante la jueza en el juicio, en el que compareció en calidad de testigo y por videoconferencia. El resto de testigos, todos los miembros de la corporación cuya firma figura en el documento y los peritos caligráficos, lo hicieron de forma presencial.

Asimismo, Navas afirmó que Luis Cuesta ratificó el pacto de alternancia en el Ayuntamiento y por tanto dio por sentado que "tenía conocimiento del documento" del 30 de septiembre puesto que Cobo y Cuesta tenían "conversaciones privadas".

En su declaración, el concejal del PP aseguró que él no estuvo en la reunión con Navas y Cobo y que "nadie" contactó con él para pedirle el consentimiento de su firma. "Copiaron mi firma del DNI, pero yo nunca firmo así", confirmó Cuesta. 

"Estoy convencido de que lo hizo Cobo, me lo dijeron los compañeros, corroborando lo afirmado por Navas, y también el informe caligráfico", indicó, apelando a las versiones coincidentes, aunque negadas por su entonces compañero de partido. "Si hasta la delegada de la Junta dijo que cómo había denuncia si había sido Cobo quien había firmado", declaró Cuesta, reconociendo su "gran decepción y dolor" con Cobo, al que consideraba "como un hermano". Confesó su "sorpresa" cuando le informaron de la existencia de dicho texto de 30 de septiembre de 2019 ya en junio de 2021, a lo que siguió un tiempo de "ansiedad" e imposibilidad de dormir por la repercusión social que tuvo. "Salía a pasear con mi madre de 92 años y lo que ha tenido que oír...", lamentó.

Cuesta fue el único de los seis concejales, de PP y PSOE, que no firmó el documento del 25 de noviembre de 2019, porque se negó.

El resto de los ediles que declararon en el juicio corroboraron la versión de Navas de que les pidió el consentimiento de su firma. 

Por su parte, los tres peritos caligráficos aportaron diferentes conclusiones. Uno de ellos afirmó que al tratarse de un documento digital no se puede obtener "una conclusión sólida", mientras que una segunda concluyó, en virtud de criterios como la inclinación, la velocidad o la forma, que Cobo fue el autor de su firma, de la de Cuesta y de la de otro concejal del PSOE, Isaac Izquierdo, y de todos los números de los DNI a excepción del de Navas. Un tercer perito caligráfico dijo que el documento, del que no se tiene el original, "podía haber sido alternado", una posibilidad que esgrimió la defensa de Cobo, que sostuvo que el resto de los testigos "sólo relatan lo que les ha podido contar Navas" y que si de verdad el documento lo hubiera redactado su defendido "no tenía sentido el segundo del 25 de noviembre" que todos confirmaron que se redactó y firmaron -a excepción de Cuesta-.

La Fiscalía, en sus conclusiones definitivas del juicio, que quedó visto para sentencia, insistió en la condena porque "el acusado ha negado conocer el documento, pero entendemos que su versión decae a la vista de la declaración de los testigos".

La acusación particular, de Luis Cuesta, insistió en que el autor de la firma de su defendido fue Cobo y le reclamó además una indemnización de 6.000 euros por los daños causados a su cliente.