Tribunales
Ángel Hernández se enfrentará el día 4 de junio a una vista para dirimir su futuro judicial por maltrato
Se trata de una audiencia preliminar en la que el juez decide si existe causa para seguir adelante con la acusación / Fiscalía pide casi cuatro años de prisión para el ex procurador socialista, que fue el número 3 de Luis Tudanca
Ángel Hernández el día de su detención saliendo de la Comisaría de Soria.
La denominada en el argot judicial como ‘vistilla’ contra el ex procurador socialista Ángel Hernández, el que fuera número tres de Luis Tudanca dentro del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, tendrá lugar el día 4 de junio a partir de las 10.00 horas, según confirmaron a Heraldo Diario de Soria fuentes judiciales.
La ‘vistilla’ es una audiencia preliminar en la que el juez decide, tras la comparecencia de las partes y los testigos, si existe causa para seguir adelante con la acusación, o por el contrario, se exonera al imputado de responsabilidad. De igual modo, podría haber un pacto de conformidad entre las partes. Las ‘vistillas’ son obligatorias con la nueva reforma judicial.
La Fiscalía de Soria solicitó una pena de tres años y nueve meses de cárcel para el parlamentario regional por cinco delitos, dos de ellos en el ámbito de la violencia sobre la mujer por coacciones y maltrato a la que fuera su pareja sentimental, por unos hechos ocurridos en febrero del año pasado. El que fuera viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes se enfrenta además a un delito de vejaciones injustas, otro de atentado contra agentes de la Policía y dos delitos leves de lesiones por agredirles durante su detención.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclamó en sus calificaciones previas una indemnización para los agentes de 2.560 euros en un caso y 120 en otro.
Los hechos que se le imputan se produjeron en febrero de 2024 cuando el ex político acudió al domicilio de su entonces pareja y aporreando la puerta para que le abrieran profirió gritos de la índole de «ábreme la puerta zorra» o «quiero hablar con mi novia. La tengo que ver por las buenas o por las malas y esto no va a quedar así», según fuentes próximas al caso. Ante dicha actitud y alertada la Policía Nacional, los agentes acudieron al lugar y procedieron a su detención mientras el exprocurador les increpaba diciéndoles, «no sabéis lo que estáis haciendo. Soy aforado, no me podéis detener», señalaron las mismas fuentes.
Tras lo sucedido, Hernández fue puesto en libertad provisional, con la prohibición de no aproximarse a menos de 300 metros de su pareja ni de comunicarse con ella, según un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Soria, de violencia de género y familia, que se encarga del caso. Dicho Juzgado reiteró los términos de la orden de alejamiento, tras el recurso de la defensa, justificando la existencia de «diversos indicios» que se basan en «las manifestaciones de una testigo que presenció los hechos». La presunta víctima, agente de Policía Nacional, que se encontraba acompañada, en el interior de la vivienda, cuando su entonces pareja intentaba entrar, no presentó denuncia por lo ocurrido.
El que fuera lugarteniente del líder del PSOE de Castilla y León en las Cortes presentó su renuncia a todos los cargos, dejó su acta de procurador y se dio de baja en el Partido Socialista. En el comunicado remitido señalaba igualmente que lo ocurrido se circunscribía al «ámbito privado» y pedía «respeto» para la investigación judicial abierta.
Las calificaciones previas de la Fiscalía, a las que tuvo acceso este medio, acusan a Hernández de un delito de coacciones en el ámbito de la violencia sobre la mujer por el que solicita para él un año de prisión y la prohibición de acercarse a la perjudicada a menos de 300 metros por un tiempo de dos años.
Del mismo modo, el Ministerio Público consideró a Hernández autor de un delito de maltrato en el ámbito de la violencia contra la mujer y la pena que pide es de nueve meses de cárcel, e igualmente orden de alejamiento en los mismos términos que en el anterior delito mencionado.
En cuanto a de vejaciones injustas, la pena propuesta es de 20 de localización permanente en el domicilio «separado y alejado de la víctima» y alejamiento durante seis meses.
Al ex procurador se le atribuyen otros dos delitos relacionados con los agentes que le detuvieron, uno de atentado contra la autoridad, que supondría la mayor pena solicitada para él de dos años de cárcel, y otros dos leves de lesiones contra los policías. Por cada uno de ellos, la petición del fiscal era una multa de 600 euros.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Soria, competente en materia de violencia sobre la mujer, dictó en noviembre de 2024 el auto de apertura de juicio oral, instando entonces a la defensa a presentar su escrito en el plazo de diez días. Las acusaciones, tanto la Fiscalía como los policías, ya habían presentado los escritos correspondientes con antelación.