Tribunales
Soria persiste en reclamar dos nuevos juzgados: el quinto y para la prisión
El informe de la Memoria del TSJ de 2024 también reclama para la provincia la unificación de la violencia sobre la mujer en una única sede judicial con sede en la capital y refuerzos para Registro Civil

Imagen de los Juzgados de Soria.
La creación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5, la de un juzgado de Vigilancia Penitenciaria con sede en Soria, la atribución al juez de Familia y Violencia de Género (actualmente en el Juzgado número 3) también las competencias en materia de discapacidades y medidas de apoyo, «pero todo ello de manera exclusiva y excluyente» y la unificación del conocimiento de los asuntos de violencia sobre la mujer de toda la provincia en un único juzgado con sede en la capital, que extienda su competencia al ámbito provincial. Estos son algunas de las necesidades en materia de planta, creación de órganos y y plazas judiciales o recursos humanos que figuran en la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) correspondiente al pasado año 2024.
Soria mantiene unas reivindicaciones que se extienden en el tiempo y que de momento Justicia no acaba de atender, especialmente lo referente al juzgado de Vigilancia Penitenciaria y al número 5 de Primera Instancia.
En la Audiencia Provincial las necesidades se centran en un plaza de cuarto magistrado y el refuerzo para la plantilla de la Oficina del Registro Civil, con un funcionario de tramitación, «dado que es un servicio muy demandado por la ciudadanía».
Para el decanato, se insiste en que dado que el centro penitenciario está ubicado fuera de Soria, «y se producen graves disfunciones, al no haber transporte público y los funcionarios deben desplazarse en taxi, se pide un un servicio común con dos funcionarios de auxilio destacados en el mismo centro penitenciario y la creación de una oficina judicial en el propio centro, además de ampliar la plantilla del Decanato para atender las necesidades del nuevo centro penitenciario.
Por lo que respecta a los juzgados, aparte de las necesidades referidas, se requiere la implantación de criterios organizativos de ámbito provincial para los juzgados (integración en una estructura provincial, sin que ello conlleve la supresión de los juzgados de la provincia);el reforzamiento del Juzgado de Primera Instancia número 1, «con medidas como prolongación de jornada y reforzar el de Primera Instancia número 4 por el «sobreesfuerzo que está afrontando por la mayor carga civil que soporta».
También se pide la creación de una bolsa de interinos para la cobertura inmediata de las plazas de los equipos técnicos en casos de bajas o traslados; mejorar la gestión de las bolsas de funcionarios interinos; la creación de una oficina delegada en el centro penitenciario; reforzar la Oficina de Asistencia a la Víctimas con una plaza de tramitador o trabajador social.
Para los juzgados de Almazán y El Burgo de Osma, las necesidades se centran en dotarles de un funcionario de refuerzo «por la carga añadida de trabajo que supone» el nuevo sistema denominado Dicireg.
Y en concreto, para la localidad burgense se echa de menos «falta de formación» previa a la incorporación del personal interino y «excesiva tardanza» en la emisión de Informes psicosociales en los procesos de familia.
Dentro de la Memoria del TSJ también se analizan las necesidades materiales para Soria en cuanto a edificios, equipamientos y medios materiales. La lista es amplia ya que figuran hasta 9 ‘quejas’. Para empezar, se pide una mejora sustancial del expediente digital y del funcionamiento de los sistemas informáticos. y un mayor concienciación y optimización del mecanismo de mediación intrajudicial civil.
Se deben implementar, además, según los requerimientos que figuran «algún sistema de refrigeración» en el Palacio de Justicia de Soria «ante temperaturas veraniegas cada vez más altas». Se pide la instalación de un montacargas para el traslado de documentación al Archivo, situado en la torre del Palacio de Justicia o, «como solución transitoria, proporcionar una carretilla eléctrica».
Hay también una necesidad de despachos libres para utilizarse como sala multiusos, para cursos de formación a funcionarios o para la junta electoral, y un «déficit de calefacción en zonas comunes del edificio judicial, como en el patio donde se realiza la atención al público y espera de las personas que intervienen en juicios, «donde la temperatura es gélida, a pesar de haber colocado calefactores y provocando quejas en el Decanato (problema agravado porque actualmente sólo funciona uno de los calefactores). Precisamente, este fue uno de los grandes caballos de batalla de los funcionarios de Justicia de Soria lo que provocó la visita de la Inspección de Trabajo.
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El TSJCyL atiende 351.308 asuntos en 2024, 54.381 más que el año anterior
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Más quejas provienen de «un fuerte olor y emanación de productos químicos que afecta a la planta baja del edificio», en concreto al despacho de secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 y a las dependencias del Decanato, con motivo de un incendio sufrido por las calderas del edificio.
Dos últimás cuestiones se refieren a dotar al centro penitenciario de varios equipos de videoconferencia, «ya que sólo dispone de uno y cuando se necesitan realizar gestiones con varios internos hay que trasladarlos a los Juzgados de Soria» y la «urgente necesidad de una Cámara Gesell en la provincia de Soria, donde poder realizar adecuadamente las pruebas preconstituidas de los menores en los procedimientos judiciales que así lo requieran», Una cámara Gesell es una sala dividida en dos partes, separadas por un espejo unidireccional, que permite la grabación de declaraciones de víctimas y testigos de delitos en un entorno más amigable.
Entre los hechos relevantes acaecidos, el informe señala que en el 2024, en líneas generales, se mantuvo el índice de litigiosidad con leves variaciones. En el orden civil, se observa un aumento de litigiosidad civil mantenida en el tiempo, con 3.890 demandas, lo que supone un aumento de más de 1.700 casos con respecto a 2020.
Del mismo modo, se observa «una clara desproporción y desequilibrio» en el reparto de asuntos.
En Penal, se mantiene el volumen de entrada de asuntos, con 3.445 por los 3.483 del año anterior.
En Social suben levemente de las demandas de 621 a 704 y en el Contencioso Administrativo ha habido un descenso de 168 a 124.