Domus presenta un derribo parcial de la quinta planta, que tumba el Ayuntamiento de Soria
El proyecto de demolición no es «completo», señala el concejal de Urbanismo, quien explica que en su caso el Ayuntamiento recurrirá a la ejecución subsidiaria, ‘pasándole la factura’ a la empresa
El edificio de la polémica quinta planta.
Nuevo capítulo de la quinta planta construida de más en el polémico edificio de Los Pajaritos II en Soria. Cuando ya todo el escenario estaba claro tras las sentencias judiciales y el pago por parte de la constructora de la multa impuesta por el Ayuntamiento al no haberse ajustado a la licencia, ahora parece que la firma no cumple con las condiciones señaladas por la justicia en orden a restaurar la normalidad urbanística. O sea, demoler en su integridad lo que resta del nivel. El concejal de Urbanismo, Luis Rey, confirmó que el proyecto de derribo presentado por la empresa Domus no cumple con las obligaciones. Por ello los técnicos imponen una serie de prescripciones en orden a cumplir con lo que ordena la justicia: borrar la planta.
El proyecto de demolición, refirió el concejal de Urbanismo, «no era completo», ya que «faltaban cosas por demoler». De esta manera, el Consistorio tumba las pretensiones de Domus, a la que exige el derribo de todos los elementos. La constructora «tiene que completar» el proyecto «para dar cumplimiento íntegro a la sentencia», expresó Rey.
Hay cuestiones relacionadas con columnas, estructuras, petos y paramentos que no se destruían, recordó el concejal de Urbanismo, y que hay que demoler, «cumpliendo la legalidad».
De ahí las prescripciones de los técnicos del Ayuntamiento, quienes avisan de que si la empresa no obra según la sentencia el Consistorio procederá a la ejecución subsidiaria. Es decir, que en su caso el Ayuntamiento realizaría el derribo íntegro por su cuenta y luego ‘pasaría la factura’ a la constructora. Una advertencia que es «poco habitual, pero no es algo extraordinario», expresó Rey, teniendo en cuenta que existe un requerimiento judicial.
El concejal de Urbanismo recordó que parte de la quinta planta ya desapareció como consecuencia de la acción municipal al no cumplirse los requisitos de la licencia. Lo que resta es la estructura donde la empresa pretendía instalar unas placas solares, algo impedido por la justicia, que exigió el derribo de todo lo edificado sobre el forjado de la cuarta planta.
La empresa abonó a finales del pasado febrero la sanción de 150.000 euros impuesta por el Ayuntamiento por haber sobrepasado la licencia. A mediados de marzo, el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz, confirmó que Domus había presentado el proyecto de demolición y que estaba siendo estudiado por los técnicos municipales. Un proyecto del que ahora se ha sabido que no es completo y que hace falta más para cumplir con la decisión judicial.
Una sentencia de la jurisdicción Contencioso Administrativa instada por el PP en su momento, tras un embrollo que ha durado desde octubre de 2022, cuando el equipo de Gobierno presentó una modificación del PGOU que acabó retirándose del orden del día. Los populares han llegado a pedir la dimisión del concejal de Urbanismo por este asunto.
A grandes rasgos, el origen del problema de la quinta planta se encuentra en la construcción de un nivel de más, sobrepasando la empresa los límites de la licencia y a pesar de los intentos de subsanación. El constructor se adelantó de alguna manera a la permuta que permitía la operación, el canje de un suelo municipal aledaño (y la transferencia de la edificabilidad para alzar una planta más) por la parcela donde se celebra la Noche de las Ánimas. Curiosamente, esta permuta ha sido declarada conforme a la legalidad por la justicia y, en principio, sigue adelante. «Nada le impide a Domus ejecutar allí, en el solar permutado», recordó el concejal de Urbanismo. El caso es que la permuta se tramitó con posterioridad, cuando el quinto nivel ya se encontraba construido. Por ello Domus no había cumplido los términos de la licencia original, que únicamente autorizaba cuatro plantas. El Consistorio inició un procedimiento de restitución de la legalidad, obligando al derribo lo mal actuado. Sin embargo, quedó un resto donde la empresa pretendía instalar paneles solares con el visto bueno del Ayuntamiento. Esta pretensión fue recurrida por el PP y el Tribunal Superior de Justicia le dio la razón. Paralelamente el Consistorio inició un expediente sancionador, que derivó en la multa de 150.000 euros a la constructora, ya abonada.