El TSJ tumba una modificación presupuestaria de Soria de 1,9 millones
La decisión judicial no tendrá efecto para los proveedores que cobraron con ese dinero, mientras la asamblea desestima las alegaciones al ‘tasazo’ de basuras
Un momento del pleno municipal.
El pleno municipal no carece de imaginación y dio muestras de ello declarando que una tasa que venia cobrándose como tasa durante años no era tal tasa. Y que sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que tumba la modificación presupuestaria número 3 de diciembre de 2022 no hay que hacer nada. O al menos que no se sabe qué hacer o que no hay que satisfacer lo que dice. El pleno acordó con los votos favorables del PSOE y el ‘no’ de PP y Vox el cumplimiento de la resolución judicial que deja sin efecto 1,9 millones de la modificación que sirvió para pagar a los proveedores, cumplimiento que, en resumen, supone darse por enterado de la sentencia, sin más consecuencias. La ejecución sería complicada y de efectos absurdos y los informes técnicos vienen a decir que «no se estima pertinente» la revisión de lo actuado.
El origen del pleito, iniciado por los ya desaparecidos Ciudadanos, con Saturnino de Gregorio como entonces referente, era que al tiempo de aprobarse la modificación no estaban ingresados los 1,9 millones, que la sustentaban, por la licencia y el Impuesto sobre Construcciones del Centro de Datos de la Seguridad Social. La liquidación estaba hecha, pero no el cobro. Ya había un antecedente similar en relación a unos aprovechamientos maderables e incluso así el equipo de Gobierno siguió adelante con idéntico resultado judicial.
El caso es que la modificación de 2022 se aprobó, los ingresos llegaron, los proveedores cobraron, la liquidación y las anotaciones contables se hicieron con ella y ahora resulta que es nula. La revisión llevaría a lo contrario de la equidad y buena fe con los proveedores, explicó el portavoz del PSOE, Javier Muñoz, quienes tendrían que devolver el dinero para luego cobrar de nuevo. En medio, daños y perjuicios. A juicio de los técnicos, la sentencia no afecta contablemente a ese ejercicio ni a los siguientes.
Haciéndose eco de un parecer de De Gregorio en la Comisión, la concejala de Vox Sara López abogó por ejecutar la sentencia «en términos distintos a su literalidad», la revisión. El propio De Gregorio, ahora en el PP, opinaba que «de alguna forma habrá que cumplirlas, no sé cómo», mientras se preguntaba «para qué están las sentencias» si con ellas «no pasa nada». Se refería a una precedente sobre el IBI, que no suscitó devolución del exceso a los ciudadanos pese a haberse anulado la subida del tipo. Posiblemente porque en este recurso del PP nadie pidió que se devolviera cantidad alguna.
Con alguna pincelada también creativa la asamblea rechazó las alegaciones en contra del llamado ‘tasazo’ de basuras, la transformación de la tasa en una prestación patrimonial de carácter público no tributario. Los vecinos tienen que asumir en su integridad la recogida, transporte y tratamiento de los residuos, sin que sea posible una aportación municipal, que en el caso de Soria asciende a 460.000 euros que se asumirán en los recibos, en cinco tramos dependiendo de la superficie de la vivienda. A esta novedad obligada por Europa alegaron cinco asociaciones de FOES, cinco particulares, los ecologistas de Asden y Vox. Los informes de contratación, intervención y servicios locales descartan fallos de exposición o que el expediente estuviera incompleto por carecer de informe técnico.
Mientras Vox hablaba de «afán recaudatorio ideológico» para sustentar su voto contrario al rechazo de las alegaciones, el PP oponía una serie de consideraciones, con las que bien podría haber votado en contra, pero se abstuvo. De Gregorio explicó que mientras la tasa no apareja IVA, la prestación patrimonial sí lo hace. Así que era raro que el Ayuntamiento llevara años y años cobrando el impuesto a los vecinos con la que hasta ahora era tasa y en breve pasará a ser prestación. Contando con los cuatro últimos años (que en su caso podrían devolverse, no así todo lo anterior), «600.000 euros de IVA que se ha recaudado irregularmente», cifró sobre el recargo acumulado del 10%.
El Ayuntamiento ha venido cobrando el IVA con la tasa, porque en realidad no era tasa. Antes también era prestación patrimonial etc «aunque se llamara de otra manera» y «ahora también», intentó justificar Muñoz ante una oposición que manifestó sus dudas con algunos ruidos de sorna..